TUCUMÁN

Los ofló el dotor: la solidaridad llega solo a los municipios del mismo signo politico, los demas no existen

Juan Manzur en los últimos meses cambió solidaridad por ajuste, cancelo la cláusula gatillo a los trabajadores estatales, no mitigó el tema de la inseguridad y ahora solo brinda fondos a los municipios amigos, esos que les aseguran los votos cada cuatro años.

Un gran vendedor de humo, por que no solucionara nada. La gente de La Madrid se inundara, los residentes de Trancas seguirán con los basurales a cielo abierto. Los amigos de Famaillá continúan laborando entre la mugre y los residuos patológicos podridos.

Podríamos enumerar los casos de inseguridad dia a dia, el regalo de la pauta oficial y un abanico de situaciones más que abordaremos con el paso de los días.

Sin embargo, el mandatario preferido pero después olvidado de Alberto Fernandez, gestiona 370 millones de pesos a sus 15 intendentes, los del peronismo. Mas de lo mismo, historia conocida.

Silvia Elias de Perez por un lado quizo tomar ese protagonismo que muestra mucho y hace poco. Le mandó una carta al presidente a fin de denunciar lo que paso con los municipios opositores. Quedara todo en la nada como siempre.

El gobierno aun no emitió ni una palabra, se espera la explicación acerca del reparto de estos fondos.

Los soldados de Germán Alfaro se quejaron

Desde el municipio se hicieron escuchar los reclamos, se queja del criterio de reparto de los fondos a las intendencias.

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“Priorizar a algunos por sobre otros habla de una parcialidad manifiesta que no le hace ningún bien a la comunidad. Ser gobernados por un intendente de distinto signo político no debería implicar para los habitantes soportar una mayor parte de la carga de la crisis”, protestó Rodolfo Ocaranza.

El reclamo no busca que los municipios reintegren el dinero sino que hay un reparto sin beneficios para los oficialistas.  “Yo no creo que haya que sacarles el dinero a los demás, porque lo necesitan. Pero sí creo que lo necesitamos todos y que no debería haber tucumanos A, tucumanos B y tucumanos C” indico.

Las Talitas, el mayor beneficiado

En los decretos del gobernador, como tucumanos de clase A aparecen los vecinos de Las Talitas, cuyo municipio recibirá el monto más alto: $ 60 millones. Su intendente, Carlos Najar, conjeturó que el criterio de distribución está relacionado con la adhesión, o no, de los municipios al Pacto Social. “Yo no entiendo esto como algo político-partidario porque hay municipios opositores que están dentro del pacto y reciben un monto mensual del Gobierno provincial. En cambio, Las Talitas no forma parte del pacto y gestionó con la Provincia estos recursos para buscar previsibilidad, porque el año pasado la quita del impuesto a las ganancias y la suspensión del IVA (impuesto al valor agregado) impactó directamente en las cuentas municipales”, argumentó.

A través del Pacto Social, el Ejecutivo provincial se comprometió a pagar los sueldos y costear servicios y pequeñas obras en las ciudades adheridas. A cambio, ellas cedieron los recursos coparticipables que les llegan desde la Nación. Son 12 los municipios que integran el convenio, incluidos los opositores Yerba Buena, Concepción y Bella Vista; mientras que siete permanecen al margen. La lista de estos últimos la integran los oficialistas Burruyacu, La Cocha, Las Talitas, Simoca, Graneros y Trancas, que ahora recibieron ayuda provincial, y el opositor San Miguel de Tucumán, que no figura en los decretos.

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“Una nueva inequidad”

Entretanto, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Yerba Buena, Manuel Courel, denunció que Manzur discrimina a los habitantes de los municipios opositores: “el Gobierno provincial causa una nueva inequidad. No con nosotros, no con Mariano Campero ni con un intendente radical, sino con los vecinos de Yerba Buena. Está privilegiando, por ejemplo, a los vecinos de Trancas con $ 20 millones. ¿Por qué? ¿Porque el vicegobernador (Osvaldo Jaldo) es de Trancas? No vemos las razones y el ministro del Interior no explica cuáles son”.

En la misma línea, el legislador José María Canelada exigió que el Gobierno haga públicas las causas de esta decisión y anticipó que su coalición presentará un reclamo. “No sólo hemos pedido un informe, sino que estamos haciendo una presentación para que los municipios de Juntos por el Cambio, donde también viven tucumanos, reciban asistencia financiera como la han recibido los demás”, detalló.

Otro de los parlamentarios radicales que reaccionó ante el decreto del gobernador fue José Ricardo Ascárate, que le anticipó a LA GACETA que judicializará el sistema de coparticipación de la provincia.

Preguntas sin respuestas

Además, Ascárate presentó una interpelación al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura, Juan Enrique Orellana, para pedirle que intermedie entre él y el ministro Acevedo. Ascárate pide, entre otras cosas, que el Gobierno aclare cuál es el origen de los desequilibrios financieros de los municipios auxiliados. Es una de las preguntas que plantea la oposición y Acevedo aún no contesta.

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Libre disponibilidad

Interior triplicó el dinero que reciben sus coordinadores

Mediante un decreto, el gobernador Juan Manzur aumentó de $ 40.000 a $ 120.000 la suma mensual con libre disponibilidad que reciben los coordinadores del Ministerio de Interior que actúan en los municipios y las comunas de la provincia. LA GACETA no consiguió comunicarse ayer con el titular de esa cartera, Miguel Acevedo, para consultarle las razones del incremento.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Rodolfo Ocaranza, criticó el decreto: “la Provincia, por un lado, está con dificultades financieras claras, como lo manifiestan los conflictos sindicales que están empezando a verse y los inconvenientes presupuestarios para el pago de la cláusula gatillo, pero por otro lado eroga $ 370 millones de manera arbitraria para los municipios oficialistas. Y también, mientras por un lado ajusta en varios rubros de la administración, por el otro toma medidas poco comprensibles como este aumento de un dinero de libre disponibilidad”.

El Gobierno provincial atravesó el primer mes del año con una nueva política económica: la austeridad. El paquete de ajuste que decretó el gobernador el 6 de enero congeló los sueldos de los funcionarios por 180 días, restringió los fondos para viáticos, revisó las horas extras estatales y puso bajo la lupa las últimas designaciones.

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