El acusado se llama Miguel Ángel Holotte y había sido condenado a la pena de 6 años de prisión. Su delito: “Abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades”, junto al de promover la “corrupción de menores de dieciocho años” y “facilitación y divulgación de representaciones de partes genitales de menores de dieciocho años de edad con fines predominantemente sexuales”.

La Justicia decidió otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria a un condenado por violación. En su resolución, los jueces reconocieron que es probable que el presidiario intente fugarse o incluso cometer nuevos delitos, pero aún sí coincidieron en que es prioritario garantizarle el derecho a la salud.

Ante esta decisión, un tribunal describió cómo podría ser el contagio si el COVID-19 entra a los establecimientos del sistema penitenciario en un escenario de “superpoblación”. “Resulta previsible que si la enfermedad logra colarse en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza existe un alto riesgo de que se produzca un masivo y simultáneo contagio de los internos allí alojados, poniendo en especial peligro a aquellos que ostenten un grado mayor de vulnerabilidad a sus efectos”.

En su análisis, la jueza, que llevó la voz principal en la resolución reconoció: “Es verdad que existe una posibilidad cierta de que en caso de serle concedida la prisión domiciliaria a Holotte, éste intente fugarse, máximo cuando el tiempo que le resta por cumplir de pena es considerable”; “el incremento del riesgo de fuga que emana ya no de una mera expectativa de prisión en abstracto”, suscribió.

Fuente: Infobae