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El PRO y la UCR se expresaron en contra de la liberación “masiva” de presos

El PRO y la UCR expresaron hoy, por separado, su oposición a la liberación “masiva” de presos “que generen riesgos a la sociedad y a sus víctimas”.

Los bloques consideraron que “tienen que cumplir sus condenas” y opinaron que “los que tengan preventiva deben seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados”.

El comunicado del PRO, lleva las firmas de Patricia Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi y Jorge Macri. En el mismo, se señaló que ya hubo que lamentar casos en los que “liberaron a delincuentes”, que “cometieron nuevos y aberrantes delitos” y advirtieron que eso “va a seguir pasando si los siguen liberando”.

En el texto, reafirman la defensa a la “independencia de la Justicia” y que “cada juez debe decidir con total independencia, pilar indiscutible de la Constitución Nacional y de la República”.

Por ese motivo, agregó la declaración: “no son admisibles las presiones a los jueces para que liberen masivamente detenidos y tampoco son admisibles las recomendaciones, ya que expresan un paternalismo jurídico que banaliza el principio de independencia y, por ende, ofende a la Constitución Nacional”.

Por su parte, la UCR, en una nota firmada por su presidente, Alfredo Cornejo, y por los presidentes de los bloques del Senado, Luis Naidenoff, y de Diputados, Mario Negri, rechazó “la liberación de presos porque vulnera los derechos de las víctimas de delitos y pone en riesgo la seguridad de los argentinos”.

“La UCR expresa su total rechazo a la concesión de prisiones domiciliarias masivas avaladas tanto por el Poder Ejecutivo Nacional como por el Poder Ejecutivo bonaerense”, agregó el texto, tal como publica Télam.

Para los radicales, “el marco de la pandemia le ha servido al oficialismo como excusa ideal para avanzar contra la división de poderes. Ahora, en lugar de tomar medidas preventivas en los centros de detención, se pretende la liberación de delincuentes, vulnerando los derechos de las víctimas de los crímenes que dichos condenados cometieron”.

“La estrategia debería ser llevar adelante los testeos correspondientes y la atención médica necesaria para controlar la salud en los centros de detención pero, de ninguna manera, otorgarles beneficios especiales a los delincuentes“, remarca el comunicado.

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