Al iniciar el debate en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun repasó el proceso de debate de la reforma con cinco audiencias y más de medio centenar de expositores, y luego enumeró las modificaciones introducidas al proyecto, que pese a los cambios fue rechazado por la oposición.

El más notorio en el dictamen del oficialismo es que se deja de lado la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, sino que se crea un tribunal de resolución de conflictos de competencia.

Otro cambio importante en pos de la “transparencia”, es que los sorteos de causas serán “grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad”.

En tanto, se mantendrá el examen escrito para los concursos de selección, conservando el anonimato.

En cuanto a la aplicación del sistema acusatorio, Sacnun aclaró que será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal “la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código”.

“Esta es una enorme tarea. Era una tarea pendiente que tenemos con la sociedad argentina. No creemos que solo con esta ley vamos a resolver las grandes dificultades que todavía tiene la Justicia argentina en nuestro país”, afirmó Sacnun.

Y afirmó que “se trata de invertir en Justicia para alcanzar ese objetivo fundamental que es la división de poderes y un Poder Judicial que no solamente no sea cooptado o reciba presión por parte del poder político sino tampoco del poder fáctico, del poder económico o lo intereses privados”.

Tras mencionar los cambios al dictamen, la senadora oficialista informó que recibió de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un informe que calcula que el costo de la reforma, en base a los nuevos cargos a crear, será de 1.939 millones de pesos.

Al hacerse eco de este dato, el senador macrista Esteban Bullrich volvió a quejarse por el hecho de que la iniciativa no haya tenido giro a la comisión de Presupuesto y Hacienda.

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, ponderó los cambios implementados, y destacó especialmente las mejoras introducidas en los sorteos de las causas dado que “hay jueces a los que siempre les tocan las causas de las mismas personas”.

Respecto de la no unificación de de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, consideró que se trata de una “muy buena decisión” y que responde al hecho de haber sido “muy receptivos” a los planteos de los expositores que advertían sobre gastos innecesarios en burocracia.

La senadora del PRO Laura Rodríguez Machado ratificó el rechazo de Juntos por el Cambio el dictamen oficial y, por ende, no propuso modificaciones al proyecto oficial.

En sintonía, la radical Silvia de Pérez explicó que JxC no puede “hacer sugerencias o aportes porque el proyecto mismo va a contramano de lo que necesita la Argentina”, y catalogó la iniciativa oficial como una “intervención de la Justicia”.

Al explicar la posición política de la coalición opositora, la tucumana evaluó que el proyecto forma parte de un “combo” del que también forman parte los intentos por apartar al procurador general Eduardo Casal y la revisión de traslados de jueces.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), sostuvo que “lo que desvela a los argentinos pasa por una crisis sanitaria, una situación económica realmente acuciante”.

“El sentido de la oportunidad y el esfuerzo del Estado tiene que estar direccionado a estos . Cuando se discuten recursos en situaciones terminales, siempre la prioridad tiene que orientarse a dar respuesta a estas demandas insatisfechas”, señaló.

Por otra parte, señaló que las críticas al proyecto del Gobierno no solamente surgen de abogados y constitucionalistas que “no cumulgan desde lo político del oficialismo” sino que también plantearon objeciones expositores de Justicia Légítima, es decir, “voces críticas del propio palo”.

Fuente Noticias Argentina