La ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos no puede ser modificada sin el aval de todas las jurisdicciones participantes (la Nación y las provincias) por tratarse de una “ley convenio”, pero la situación de la Ciudad de Buenos Aires es diferente a la del resto de los distritos, como resultado de los sucesivos “parches” que se fueron aplicando sobre el texto original.

La ley original fue sancionada en enero de 1988 en un ordenamiento territorial jurídicamente diferente al actual, ya que ni CABA ni Tierra de Fuego eran por entonces distritos autónomos y, en consecuencia, no participaron de las discusiones y no fueron incluidas en el reparto de recursos de la denominada “distribución secundaria” establecidos en el artículo 3.

A modo de compensación, en el artículo 8 se estableció que “la Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (tal como se denominaba por entonces la ciudad autónoma) y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987”.

En los 32 años y ocho meses que transcurrieron desde la sanción de la ley ocurrieron varios hechos que obligaron a modificar los criterios de distribución de la ley de Coparticipación, pero uno de ellos es crucial en el actual contexto político: los recursos que se le giran a CABA no están fijados por una ley sino por sucesivos decretos y, en consecuencia, sujetos a modificaciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Estas son las principales modificaciones que se fueron dan a la ley de Coparticipación original en lo que atañe a la discusión sobre los recursos destinados a la Ciudad de Buenos Aires:

  • El reparto original: la ley 23.548 establece una “distribución primaria” automática y diaria, a través del Banco de la Nación Argentina, que asignaba un 42,34% de la masa coparticipable para la Nación y 54,66% más dos puntos porcentuales de recupero a las 22 provincias existentes en 1988.
  • Los recursos entre las provincias se asignaron en la denominada “distribución secundaria”, que fija en el artículo 3 los porcentajes para cada una de las 22.
  • En 1991 Tierra del Fuego obtiene su autonomía y pasa a ser la vigésimo tercera provincia. Se le asigna el 0,70% de la distribución secundaria.
  • A raíz de la transferencia de servicios de Educación y de Salud a las provincias en la década de 1990, comienzan los reclamos por más fondos, que se giran a través de otras partidas específicas. Asimismo, se crean nuevos impuestos y se establecen en algunos casos criterios de reparto de la recaudación diferentes a los de la ley de Coparticipación.
  • La Constitución de 1994 incluye una cláusula transitoria que obliga a sancionar una nueva ley de Coparticipación antes del 31 de diciembre de 1996, un plazo que está a punto de cumplir 24 años de vencido sin que se haya cumplido con ese mandato constitucional.
  • En 1996, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Bueno Aires alcanza su autonomía y comienzan los reclamos entre las autoridades del distrito, las nacionales y las de resto de las provincias sobre los recursos que habría que asignarle al nuevo participante del reparto. Las discusiones no estuvieron exentas de las diferencias políticas que en los últimos 24 años hubo entre Nación y CABA.
  • En ese lapso, los porcentajes asignados a CABA fueron variando, en función de la transferencia de responsabilidades al distrito autónomo, como por ejemplo las fuerzas de seguridad y a las diferentes interpretaciones sobre cuáles son los “términos constantes” de 1987 que citaba la ley 23.548. En un principio, se le otorgó en 1,40%, posteriormente se le dio un 3,75% y desde hace dos años se fijó un 3,50%.
  • A diferencia de los otros 23 distritos, el porcentaje concedido a CABA no forma parte del lote de la distribución secundaria sino que es una partida diferente, tal como indica el actual criterio de distribución detallado por la Comisión Federal de Impuestos.
  • Desde diciembre de 2019, con la asunción presidencial de Alberto Fernández, hubo gestiones entre la Nación y CABA para reducir ese 3,50%, sin que se haya llegado a un acuerdo, hasta la publicación del decreto 735/20 en el que se fija un 2,32% para el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.
  • La disputa en torno a qué recursos le corresponden a CABA puede continuar, en tanto subsista la “falla de origen” señalada: a diferencia de las provincias que acordaron la ley original, la Ciudad no tiene los recursos establecidos por ley sino por decreto.
  • El debate podría saldarse con el cumplimiento del mandato constitucional de 1994, con la sanción de una nueva ley de Coparticipación que establezca por ley los recursos de cada uno de los 24 distritos.

Fuente Noticias Argentina