Los números de las prisiones preventivas desde 2016 se impusieron como un récord en la justicia federal encargada de investigar casos de corrupción. Se dictaminaron 74 detenciones sobre ex funcionarios, empresarios y dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo.
Desde el triunfo de Alberto Fernández en las PASO de 2019 ya son 20 los detenidos K dejaron que la cárcel, algunos al haber obtenido la excarcelación y otros bajo la figura de prisión domiciliaria.
El último en obtener la libertad condicional fue José López, ex secretario de Obras Públicas condenado por enriquecimiento ilícito luego de ser detenido mientras intentaba ocultar bolsos con US$ 9 millones.
Así, sólo quedan tres tras las rejas: el ex asesor y cuñado de De Vido, Claudio “El Mono” Minnicelli, y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Este martes, Schiavi -preso desde octubre de 2018 en el marco de la causa por la Tragedia de Once- quedó a un paso de sumarse a la lista de liberados.
El fiscal de ejecución penal, Nicolás Czizik, le concedió la libertad condicional al entender que cumplió los dos tercios de la sentencia y que cumple con los requisitos como por ejemplo “se le atribuyó conducta ejemplar” en el último informe carcelario.
La decisión está en manos ahora del juez de ejecución penal, Jorge Gorini, quien tiene la última palabra aunque la opinión del fiscal es clave.
Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte K, quedó a un paso de ser liberado. Foto AFP
El “preso K” número 20 fue José López. En junio cumplió cinco años detenido, desde que la policía lo encontró en el convento de General Rodríguez la madrugada de junio de 2016, buscando esconder los bolsos repletos de dólares.
Había solicitado acceder a las salidas transitorias en la causa donde se lo condenó por enriquecimiento ilícito, pero el Tribunal Oral Federal 1 rechazó su pedido. Entonces formuló otro pedido: que lo excarcelaran por haber cumplido dos tercios de su condena, pese a que la misma no fue confirmada aún. Este viernes finalmente se concedió su libertad.
El anteúltimo en sumarse a la lista fue Martín Báez, el mayor de los hijos varones de Lázaro Báez. Con una condena a nueve años de prisión por lavado de dinero, en septiembre obtuvo la autorización por parte del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) para regresar a Río Gallegos y cumplir allí el arresto domiciliario. Permanecerá en su propiedad de dos plantas, tasada en más de 7,5 millones de pesos en 2016.
Vecinos del country de Pilar no dejaron ingresar a Lázaro Báez para cumplir con la prisión domiciliaria. Foto Rafael Mario Quinteros
En septiembre de 2020 fue Lázaro Báez quien recibió la prisión domiciliaria. Pese a ser dueño de 1.412 propiedades, le prestaron una casa en el GBA después que los vecinos de Ayres de Pilar rechazaran su ingreso para cumplir allí la morigeración de su detención.
Las estadísticas judiciales están atravesadas por los vaivenes de la política. Después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2019 fueron excarceladas siete personas y, tras la asunción del presidente Alberto Fernández y un duro discurso contra el Poder Judicial, se puso fin a varias detenciones, a la luz de las restricciones impuestas en el nuevo Código Procesal Penal.
La situación tiene un antecedente más: las cinco prisiones preventivas que tenía dictadas Cristina Kirchner, quedaron todas sin efecto.
Cristóbal López fue liberado en octubre de 2019. Foto Juano Tesone
Cristóbal López y Fabián De Sousa acusados por defraudación al Estado, al no pagar al fisco más de $ 8.000 millones, fueron excarcelados. El cese de la prisión preventiva alcanzó al empresario de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, que cumplía arresto domiciliario, el único empresario procesado en la causa de los Cuadernos de las Coimas que no se acogió a la ley del imputado colaborador.
En el marco de ese mismo expediente, dejaron la cárcel Oscar Thomas, ex director de Yacyretá y Carlos Cortés señalado como testaferro de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Fue en octubre de 2019 cuando el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, también logró la excarcelación. Previo a ello, la lista había incorporado al ex Jefe del Ejército César Milani absuelto y liberado en La Rioja, en una causa de lesa humanidad.
El marco de estas medidas, atravesadas por el escenario político, una la resolución de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal ordenó la entrada en vigencia los artículos que limitan la aplicación de prisiones preventivas por parte de los jueces.
Julio De Vido dejó el penal de Ezeiza en diciembre de 2019. Foto EFE
Aunque cada magistrado analizará sus expedientes, sólo podrán detener a sus acusados cuando se hayan agotado otras nueve medidas previas. Se convirtió en la base de un conjunto de resoluciones con las que se ordenaron las excarcelaciones de varios ex funcionarios y empresarios K.
Algunos jueces realizaron otra interpretación sobre la denominada “doctrina Irurzun”, en referencia al presidente de la Cámara Federal porteña, que en noviembre de 2017 ordenó la detención de De Vido en la causa de la mina de YCRT.
Allí habló de “lazos funcionales” tejidos al “amparo del acuerdo criminal” que podían usarse para complicar la causa y “el poder residual” de los ex funcionarios.
A cuentagotas se revirtieron varias detenciones en base a la nueva doctrina del gobierno de Alberto Fernández. En diciembre de 2019 Julio De Vido dejó el Penal de Ezeiza al igual Roberto Baratta, su ex mano derecha en el Ministerio de Planificación Federal.
Fueron liberados después de que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que los juzgará junto a Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos, se basó en aquellas limitaciones aplicadas a las prisiones preventivas.
Amado Boudou fue beneficiado con el arresto domiciliario en abril de 2020. Foto Maxi Failla
La lectura política, de todos modos, para algunos magistrados, no es ajena: el Presidente se refirió a “prisiones arbitrarias” y a una justicia “de persecución política” y meses después anunció una reforma judicial que apunta a Comodoro Py, responsable de investigar la corrupción. Mientras que el cristinismo habló de “presos políticos”
La lista sumó, a finales de 2019 al ex intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, acusado en la misma causa que De Vido por el desvío de fondos a la mina de carbón.
Hubo más: salieron el Rey de la Salada Jorge Castillo (prisión domiciliaria) y el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.
Durante la pandemia por el Covid19, mientras la Secretaría de Derechos Humanos pedía la libertad de Ricardo Jaime, la justicia le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou, condenado en la causa Ciccone, y en agosto a su consorte de causa José María Núñez Carmona.
Sosteniendo que era un riesgo que permanezca en prisión durante la pandemia, la justicia le dio el mismo beneficio a Luis D’Elía, aunque la Corte confirmó una condena en su contra por la toma de la comisaría de La Boca.
LM