La incapacidad política del Gobierno impide superar la crisis económica y representa una amenaza importante al proceso, seguramente complejo, que vamos a transitar los próximos dos años.
Esa incapacidad demostrada en un sin número de oportunidades y actitudes, como las lamentables participaciones en relaciones exteriores acompañando dictaduras que violan derechos humanos, las idas y vueltas con el FMI, los intentos permanentes de atropellar a la Justicia, los enfrentamientos internos, la inoperante y vergonzosa administración de la pandemia, entre muchos otros temas que podríamos incluir en esta lista, es consecuencia de la falta de compromiso con la promesa de solución de los grandes problemas del país con la que el kirchnerismo llegó al poder.
Los objetivos superiores que debieron inspirar la gestión de gobierno fueron desplazados por intereses secundarios vinculados con la obsesión enfermiza de permanecer en el poder y con la intención aviesa de resolver los problemas judiciales de la actual vicepresidenta, sus funcionarios y amigos.
El poder debe ser siempre un instrumento para transformar la realidad en sentido positivo, nunca un fin en sí mismo; cuando se transforma en eso, se corrompe y se degrada. Para el kirchnerismo es un fin en sí mismo. Por eso no tiene un plan de gobierno. El único plan es permanecer en el poder.
Aunque siempre haya maquillado esa inconfesable intención con un discurso pretendidamente progresista, con el que busca retener su propio electorado y hasta confundir a sectores de la oposición desviando el fondo de la cuestión.
No se puede ser progresista y estar en favor de los intereses de los sectores más postergados de la sociedad si se roba. Cuando se es corrupto, o cuando se tolera la corrupción, se traiciona al conjunto de la sociedad, pero se perjudica principalmente a los que menos tienen.
Cuando se roba al Estado, se le está robando a los más pobres. A los que se dice defender.
No se puede ser progresista si se defiende, y hasta se intenta sostener, a dictaduras corruptas que someten a sus sociedades a sufrimientos que imaginábamos definitivamente superados a partir del gran proceso de recuperación democrática, que vivimos en Latinoamérica en la década del ochenta.
Es imprescindible que el Gobierno, y el kirchnerismo todo, cambie su actitud. Es impostergable por el bien de los argentinos que asuman la responsabilidad que deberían tener. Hasta acá no lo han hecho.
Al contrario, la semana posterior a la derrota de setiembre, pusieron en marcha un proceso de tensiones y enfrentamientos internos que no hacen más que agravar la falta de previsibilidad que termina afectando también a la economía.
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La preocupación respecto de lo que suceda durante los próximos dos años que hoy manifiestan muchos argentinos es absolutamente justificada.
La necesidad de que encontremos posiciones comunes que nos permitan frenar la decadencia y establecer condiciones para empezar a resolver los problemas más importantes es innegable.
Desde la oposición tendremos que asumir actitudes serias y constructivas despojados de intereses mezquinos.
En tanto, el Gobierno tiene que cambiar y asumir, de una vez por todas, que no está para administrar problemas judiciales de nadie, ni para jugar al “progresismo de morondanga” como diría la vicepresidenta; ni como para que un ministro de Economía, que no ha resuelto absolutamente nada, en una actitud irresponsable pretenda acusar de “anti-patria” a quienes con toda razón expresan su oposición.
El 14 de noviembre la sociedad volverá a expresarse. Ese veredicto debe ser respetado y escuchado, de él debemos tomar nota todos los sectores políticos sin ningún tipo de soberbia, sabiendo que es el mensaje de la gente que se esfuerza y padece los problemas que no hemos resuelto desde la política.
El Gobierno tiene la obligación de asumirlo con seriedad, corrigiendo errores y modificando actitudes, y no volver a comportarse como un espacio político inmaduro incapaz de procesar la decisión popular.
(*) – Diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires; secretario general del bloque del radicalismo.
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