Con duras críticas al fiscal Picardi, el Colegio de Abogados repudió el informe que recopiló opiniones de Mauricio Macri sobre jueces


El Colegio de Abogados de la Ciudad repudió el polémico informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema de Justicia (DAJuDeCO) –que depende de la Corte- sobre las expresiones públicas del ex presidente Mauricio Macri y funcionarios de su Gobierno contra jueces.

El informe fue entregado en la causa en que se investiga la existencia de una presunta “mesa judicial” del gobierno de Macri creada, según el kirchnerismo, para “perseguir y hostigar jueces y fiscales” .

Fue elaborado a solicitud del fiscal federal Franco Picardi, quien pidió a la DAJuDeCO un relevamiento de “manifestaciones directas de carácter público de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019”.

El fiscal solicitó también que se especifique qué “contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales”.

Informe DAJUDECO.

En una carta titulada “inaceptable ataque a la libertad de expresión”, el Colegio de Abogados porteño repudió la investigación y criticó duramente al fiscal Picardi.

“La inaceptable medida dispuesta por el Fiscal, al pretender perseguir la opinión crítica vertida por quienes piensan diferente, constituye un ataque claro a la libertad de expresión y al derecho de la población a recibir esa expresión crítica”, señalaron.

Y agregaron: “Dicho comportamiento, además, evidencia que las enseñanzas impartidas en la Facultad que le otorgó el título no han servido de contención a sus preferencias personales, favoritismos que le han impedido ajustar su conducta a lo establecido en la ley y en la Constitución Nacional que juró hacer cumplir”.

Este miércoles el bloque diputados de la Coalición Cívica ARI, que responde a Elisa Carrió, pidió a la Corte Suprema que anule el informe.

En la misma línea se expresó el Colegio de Abogados. “El CACBA reclama la inmediata suspensión de esta bochornosa pesquisa persecutoria de la opinión ajena y solicita a la Procuración General de la Nación y a la Corte Suprema que con carácter urgente tomen la intervención que les corresponde”, remarcaron.

La carta completa

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su más enérgico repudio a la investigación seguida por el Fiscal federal Franco Picardi como consecuencia de la cual solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la elaboración de un trabajo de análisis e investigación cuyo objeto es en sí mismo lesivo de la libertad de expresión, de opinión y de peticionar a las autoridades, asegurados a todos los habitantes del suelo argentino por la Constitución Nacional. Además, dicha pesquisa, así dirigida, afecta la independencia del Ministerio Público y la inmunidad de opinión de Diputados de la Nación.

En efecto, la medida se dispuso en una causa abierta por denuncia del diputado Tailhade y del Ministro Soria, quienes denunciaron la existencia de lo que denominan como “mesa judicial”, en épocas del ex Presidente Macri.

En dicha causa el Fiscal Picardi solicitó a aquella dependencia de la Corte Suprema que elaborara un informe “técnico” de “…todas aquellas manifestaciones directas de carácter público –bien sea por entrevistas, conferencias u otros eventos, redes sociales, etc.- de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes en términos profesionales y/o personales…”.

Asimismo, el fiscal proporciona palabras clave que servirán para efectuar la pesquisa, menciona qué magistrados judiciales o funcionarios habrían sido aludidos de manera “crítica, negativa, peyorativa y/o descalificante” por un grupo de ex funcionarios del gobierno anterior al actual o por personas que no se desempeñaron dentro de la órbita de aquél Poder Ejecutivo, a los que nombra. Entre estos últimos la investigación se dirige a las opiniones vertidas en diarios, revistas, programas radiales o televisivos, o redes sociales por el ex Presidente de este Colegio, Guillermo Lipera. Pero también abarca los dichos de los legisladores Elisa Carrió, Pablo Tonelli y Federico Pinedo.

La inaceptable medida dispuesta por el Fiscal, al pretender perseguir la opinión crítica vertida por quienes piensan diferente, constituye un ataque claro a la libertad de expresión y al derecho de la población a recibir esa expresión crítica. Constituye también una amenaza a todo aquél que se atreva a expresar sus diferencias respecto de funcionarios políticos o magistrados judiciales y nos retrotrae al triste comportamiento de algunos funcionarios y magistrados que se desempeñaron en las dictaduras más oscuras habidas en el pasado de la Argentina.

Dicho comportamiento, además, evidencia que las enseñanzas impartidas en la Facultad que le otorgó el título no han servido de contención a sus preferencias personales, favoritismos que le han impedido ajustar su conducta a lo establecido en la ley y en la Constitución Nacional que juró hacer cumplir. Todo ello ensombrece su digno ministerio, que debió ejercer con absoluta imparcialidad y demuestra que el Fiscal no reúne las condiciones necesarias para desempeñarse en el cargo que actualmente ocupa.

Consecuentemente, el CACBA reclama la inmediata suspensión de esta bochornosa pesquisa persecutoria de la opinión ajena y solicita a la Procuración General de la Nación y a la Corte Suprema que con carácter urgente tomen la intervención que les corresponde.

LM​



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