En la curva final de la campaña, en medio del impacto por el crimen del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, que desató un reclamo popular por la creciente inseguridad en el Conurbano y reavivó la discusión por la edad de imputabilidad, el Gobierno planteó la necesidad de “modificar” la ley penal juvenil porque “no sirve para resolver los casos actuales”, pero al mismo tiempo admitió que todavía no se está elaborando ningún proyecto para poner en debate en el Congreso y que deberá quedar para un año no electoral.
A través de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, la administración de Alberto Fernández fijó su posición ante el debate por la baja de edad de imputabilidad, hoy en 16 años. “Tenemos una ley penal juvenil viejísima, de la época de la dictadura; y han fracasado distintos intentos por modificarla”, sostuvo este jueves Cerruti, ante la consulta de Clarín, en su habitual conferencia de prensa.
La ex diputada remarcó que la normativa vigente, el decreto ley 22.278, promulgado en 1980 en plena dictadura, “en muchos casos es injusta e inequitativa” por la amplia discrecionalidad que les otorga a los jueces de menores y anticipó que el Gobierno buscará dar el debate. “Tenemos que insistir en modificarla porque esa ley no sólo no sirve para resolver los casos actuales sino que en muchos casos es injusta e inequitativa y hace que no haya un sistema penal que todo el mundo sepa cómo es y cómo hay que manejarse”, marcó la portavoz, que estimó que hay” unos cinco mil jóvenes de entre 16 y 18 años llevando adelante procesos penales”.
La administración de Mauricio Macri fue la última en presentar un proyecto, pero tras dos años de debate en su elaboración llegó al Congreso en 2019, en la previa a la campaña presidencial, lo que tornó imposible una discusión sensata y sin posturas electoralistas.
Ese proyecto, sin embargo, había sido debatido en largamente en el marco de la “Comisión Redactora para un Nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” impulsada por el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, y había acumulado apoyo de distintos sectores, incluido el peronismo no kirchnerista.
Es que fijaba un punto medio respecto a la baja de la edad de imputabilidad entre quienes creen que no hay que modificarla y quienes pretenden bajarla a 14 años: se fijaba en 15 años para los adolescentes que cometieran delitos graves, como homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego, con una pena máxima de prisión de 15 años o más en el Código Penal; y se mantenía en 16 años para el resto. También disponía “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.
Pero lo más interesante de ese texto, y que reconocen funcionarios del actual Gobierno, era un punto que la ley vigente no contempla: promovía obligaciones al Estado en el caso de los menores que por su edad siguieran siendo considerados inimputables, con la inversión en equipos interdisciplinarios -integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales- para acompañar a los jóvenes y evitar que avancen en la carrera delictiva.
Según pudo saber Clarín de altas fuentes del Gobierno, durante 2020 se barajó la posibilidad de confeccionar un proyecto desde el Ministerio de Justicia de la Nación, pero finalmente fue desechada esa posibilidad porque la pandemia iba a postergar el debate y obligar a tratarlo en un año electoral. “Durante una campaña es imposible debatir en serio este tema, pero hay que hacerlo a futuro: con unos ajustes se puede hacer una muy buena ley”, indicó una voz de peso del oficialismo.
El kirchnerismo amagó varias veces con avanzar en un tratamiento de una nueva ley penal juvenil. En 2009 estuvo cerca de ser aprobada: obtuvo media sanción en el Senado pero fue frenada en Diputados. En 2013, el por entonces candidato a diputado y hoy jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde volvió a poner sobre la mesa el debate en plena campaña, pero luego el gobierno de Cristina Kirchner no le dio impulso a pesar de tener mayoría en ambas cámaras.
Ahora Cerruti confirmó que el tema forma parte de la agenda del Gobierno. “Vamos a seguir trabajando para la reforma de la ley penal juvenil para que contemple, entre otras cosas, que los lugares de detención trabajen para la reinserción y revinculación, además del castigo, de los jóvenes que cometen delitos y constituyen tragedias para muchos argentinos”, comprometió. Por lo pronto, por el momento en el Gobierno conceden que no está en carpeta para lo que resta del año. Aunque para 2022 la Casa Rosada también parece tener otras prioridades parlamentarias, en Justicia reconocen que en cuanto Alberto F. y Cristina den el visto bueno, se elaborará el proyecto.
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