Pacto con Irán: el fiscal ante la Casación desistió de la apelación al sobreseimiento de Cristina


El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, desistió de apelar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y los otros acusados por la firma del Pacto con Irán: “no existe necesidad alguna de realizar el debate oral y público que se reclama”, sostuvo en el dictamen al que accedió Clarín. La apelación había sido presentada por su par ante el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) Marcelo Colombo, quien consideró que el juicio debía realizarse y que sería en esa instancia donde se debía resolver sobre la inocencia o culpabilidad de los imputados.

En oposición a lo resuelto por el TOF 8, integrado por los jueces José Michilini, Gabriela López íñiguez y Daniel Obligado, el fiscal Colombo había apelado el sobreseimiento de Cristina. También apelaron la medida la DAIA y la querella que representa a un grupo de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.

El recurso de apelación de la fiscalía aguardaba una decisión clave: la del fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, para saber si sostenía ese planteo o no, tal como ocurrió. Ahora, sólo quedan por resolver las apelaciones formuladas por las querellas para saber si la Casación ordenará la realización del juicio o avalará lo resuelto por el TOF 8.

“La decisión que se recurre privó arbitrariamente a las partes acusadoras, pero también a la sociedad en su conjunto -dado el tan público como innegable interés que este caso generó desde su comienzo- de que las evidencias que lo sustentaron durante la instrucción y las que posiblemente podrían haberse generado en cualquier sentido posible en el espacio propio de un debate oral, fueran públicamente ponderadas de cara a la sociedad”, había indicado el fiscal Colombo buscando revertir el fallo del Tribunal. 

El caso que investigaba la firma del Pacto con Irán arrancó con la denuncia que en enero de 2015 presentó el fiscal Alberto Nisman, quien días después fue encontrado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero.

Pese a que en agosto de 2020 el TOF 8 había firmado una resolución en la que aceptaba 300 testigos para el debate oral y citaba a una audiencia preparatoria, que es una instancia ordenatoria de cara al juicio, un año después los jueces decidieron que el caso que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio “deja al descubierto que la intención de los funcionarios y las funcionarias públicas de nuestro país involucrados en la presente causa tenían como objetivo lograr que la justicia argentina pueda recibir las declaraciones indagatorias de los prófugos iraníes por el caso AMIA, así como también, que la República Islámica de Irán conteste las rogatorias cursadas por la justicia de nuestro país”.

Para la Fiscalía ante el TOF 8, esa decisión “resulta arbitraria porque clausura el caso sin atravesar la instancia de debate oral y público.”

Pese a los argumentos expuestos, el Ministerio Público Fiscal en representado en esta instancia por Javier De Luca, ya fijó posición: dijo que el juicio contra Cristina Kirchner no debe realizarse.

En su dictamen ante la Casación sostuvo: “No existe necesidad alguna de realizar el debate oral y público que se reclama, porque su realización no podría arrojar ningún otro resultado que la absolución por atipicidad de las conductas, es decir, un resultado equivalente al sobreseimiento aquí recurrido”. “Hacer tal cosa, además, implicaría incumplir otros de nuestros deberes, porque los fiscales tenemos la obligación de no someter a las personas a un proceso penal por hechos que no constituyen delito alguno, y coadyuvar a que su situación ante la ley y la sociedad sea resuelta de una vez y para siempre”.

Al momento de referirse al expediente, De Luca recordó lo ya planteado en 2015 cuando consideró que no había delito alguno por investigar. Sobre ese punto expresó que el Ministerio Público Fiscal “debería haber actuado de manera unificada ‘ante’ el Poder Judicial”.

Ahora la palabra final la tendrá la Cámara de Casación, ya que deberá resolver sobre las apelaciones de la querella y determinar si se realiza o no, el debate oral.

¿Por qué se sobreseyó a Cristina?

Para los jueces del TOF 8, “las críticas o discusiones sobre el acierto o no del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán, fueron zanjadas con la declaración de inconstitucionalidad antes referida”.

Las autoridades imputadas, que para la época de los hechos investigados “revestían la calidad de funcionarios públicos se ajustaron estrictamente al marco normativo y, por ende, cumplieron con su rol. De tal manera, no se advierte, a su respecto, comportamiento con relevancia jurídico-penal, desde la perspectiva analítica de la teoría del delito”.

Otro de los planteos realizados por la vicepresidenta para pedir que el juicio no se hiciera es que la firma del pacto con Irán respondía a una política de Estado. “No corresponde valorar el acierto o desacierto de la política exterior argentina. Sino por el contrario poner enérgico control sobre las cuestiones federales que podrían afectar los intereses de la sociedad dentro del cartabón penal”, indicaron los jueces avalando ese criterio.

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