Cristina Kirchner busca frenar una demanda millonaria en su contra


La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una decisión clave para Cristina Kirchner: el futuro de una demanda multimillonaria que el gobierno de Mauricio Macri inició en su contra por $ 22.500 millones. La vicepresidenta insiste en que la demanda realizada por daños y perjuicios, por el 50% de los contratos irregulares que le dieron a Lázaro Báez y que nunca terminó, debe tramitar en Comodoro Py donde se realiza el juicio en su contra por presunta corrupción en la obra pública.

En su maniobra para frenar la demanda tiene un aliado incondicional. Carlos Zannini podría salvar a la ex presidenta si le ordena a los actuales abogados de Vialidad Nacional que desistan del reclamo. Como Procurador del Tesoro Zannini es el jefe de todos los abogados del Estado. 

Todo comenzó en agosto de 2019 cuando en el fuero contencioso administrativo la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) a cargo de Javier Iguacel radicó una demanda por daños y perjuicios de $ 22.5000 millones, contra la vicepresidenta, Lázaro Báez, Julio De Vido, y otros imputados en la presunta corrupción en la obra pública vial, con la que se benefició al Grupo Austral que dirigía Báez. Como el 50% de los contratos adjudicados, no se terminaron, pero se pagaron con sobreprecios, la gestión macrista consideró que deben resarcir dicho daño económico.

El reclamo se desprende del expediente por el que es juzgada la vicepresidenta como jefa de una asociación ilícita, que -según la acusación-, defraudó al Estado al direccionar contratos viales a favor de Lázaro Báez. Le dieron al socio y amigo K $ 46.000 millones sin control para realizar 51 licitaciones. 

La anterior gestión de Vialidad Nacional concluyó que esas maniobras ocasionaron “perjuicios financieros” al Estado y por eso el organismo realizó una demanda civil, reclamando a los acusados el resarcimiento de 22.500 millones de pesos.

Las obras irregulares para Lázaro Báez iniciaron la demanda millonaria contra Cristina Kirchner. Foto Federico López Claro.

La cifra no es azarosa. El gobierno macrista la fijó después de un informe técnico de Vialidad. Según dijeron a Clarín, esa suma se explica por el dinero volcado a favor del Grupo Austral (46.000 millones), menos las obras no concluidas (24 en total), los años que se presupuestaron, los daños ocasionados por los retrasos y los costos administrativos, entre otros aspectos.

Como el Tribunal que juzga a la vicepresidenta decidió que durante el juicio no debía incluirse la demanda, Vialidad -bajo la gestión macrista- radicó el planteo en el fuero contencioso administrativo porque la Justicia federal no la aceptó. Hubo apelaciones cruzadas entre Vialidad y la defensa de Cristina Kirchner.

El reclamo que sostiene la vicepresidenta es que esa demanda debe incluirse en el juicio en curso. Así evitaría pagar la demanda y sería el Estado en todo caso quien se responsabilizaría de los costos. Si eso no ocurre, solicitó que la causa se vaya del fuero Civil.

La Dirección de Vialidad -bajo las anteriores autoridades-, considera que es el fuero contencioso administrativo donde se debe juzgar a los involucrados “en el daño ocasionado al Estado”, sostiene el reclamo.

Todo fue complicando aún más. El juzgado civil y comercial federal n° 11, cuando le llegó el planteo se declaró incompetente y remitió la causa al fuero contencioso administrativo federal. El argumento fue que es dicha instancia la que debe interpretar normas de derecho público. Cristina Kichner apeló esa decisión, insistiendo en que la demanda debe irse a Comodoro Py.

Para agilizar los plazos procesales, el organismo vial desistió del reclamo en el fuero penal y fue directo al contencioso administrativo donde se dirimen las cuestiones que involucran al Estado. La demanda quedó radicada en la Fiscalía Nacional 6, a cargo de Miguel Ángel Guilligan. Pero para la defensa de la vicepresidenta ese fuero no debía intervenir y reclamó por ese procedimiento.

Sucedió que la Cámara civil y comercial federal revocó la decisión porque consideró que la jueza no podía declarar que el reclamo por los $ 22.500 millones se vaya a otro fuero, es decir, el contencioso administrativo, ya que sólo puede tomar esa decisión la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se ordenó que todo vuelva al Tribunal que lleva adelante el juicio para que trabe la competencia, es decir, para que pida que el Máximo Tribunal lo resuelva.

Así fue como la vicepresidenta llevó el reclamo hasta la Corte Suprema que ahora tiene en sus manos el futuro de este reclamo multimillonario.

Sin embargo, Cristina Kirchner tiene otra carta a su favor. En el presente un organismo del Estado tiene una demanda multimillonaria contra la vicepresidenta. El otro dato a considerar, es que el jefe de los abogados de Vialidad Nacional es el Procurador del Tesoro, es decir, Carlos Zannini, y como tal puede ordenar que se abandone ese reclamo, ayudando así a su jefa política.

Como Procurador del Tesoro, tiene al menos tres vías para hacer caer la demanda. Mediante una resolución de la actual gestión de Vialidad, solicitando que se desestime el reclamo contra la vicepresidenta, que el “actor” es decir quien denunció, sin desistir de la acción no la impulse y puedan dictarle caducidad de instancia, o directamente que Zannini se presente y lo requiera directamente.

Lázaro Báez y Cristina Kirchner en el mausoleo del e presidente en Río Gallegos hace unos años.

En caso de que todo quede en el fuero contencioso administrativo, las presentaciones cuentan con dos partes, el actor que es quien denuncia y los demandados. Si bien es el juez quien habilita la instancia al fiscal para avanzar, el “actor” es quien quien debe impulsar el movimiento del expediente. Los asesores letrados de Vialidad que deben reclamar que la vicepresidenta afronte un resarcimiento por $ 22.500 millones, tienen un jefe: Carlos Zannini.

Más reclamos en la Corte

La vicepresidenta presentó al menos 17 recursos ante el máximo tribunal, que todavía están pendientes, en la búsqueda de alivianar su situación judicial.

En el juicio por la presunta corrupción en el reparto de la obra pública hasta 2015 -hoy en etapa de declaraciones testimoniales-, Cristina Kirchner busca que la Corte anule el debate oral del proceso que comparte con Lázaro Báez.

En ese caso, a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Cristina sostuvo que el expediente carecía de sustento jurídico para acusarla, se refirió al lawfare y esgrimió que todo el proceso responde a una persecución política para desprestigiarla como dirigente. Acusó a la Justicia de ser instrumento y brazo ejecutor de ese mecanismo.

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, desde hace más de un año y medio hay en el máximo tribunal quince quejas vinculadas a esta causa, y seis de ellas fueron presentadas por Carlos Beraldi, abogado de Cristina.



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