Aunque se supo que no tenía poder de daño, el artefacto hallado el martes en una sede partidaria del Frente de Todos en Bahía Blanca, generó una ola de repudios. A las declaraciones de rechazo de dirigentes locales de varias agrupaciones, oficialistas y opositoras, se sumó el ministro de Justicia de la Nación.

Para Martín Soria, hay conexión entre la pequeña garrafa iluminada encontrada en un nicho de gas de Lavalle 367 y luego detonada y el ataque a una sede de La Cámpora, ocurrido el 25 de mayo último. “Es parte de lo mismo que pasó haces seis meses. Es un capítulo más de la violencia política e ideológica que se advierte en la ciudad” dijo el funcionario.

Junto a su par de Educación Jaime Perczyk, Soria llegó a Bahía Blanca para participar del cierre del plenario de decanos de las facultades de Derecho que desde el martes deliberan aquí. En un encuentro con la prensa, el titular de Justicia adelantó que se reuniría con autoridades judiciales locales para hablar del tema.

“Esperemos que actúen, porque son los jueces y los fiscales los que deben dar respuestas”, remarcó Soria, un día después de que dirigentes políticos del Frente de Todos en Bahía Blanca cuestionaran a la justicia federal bahiense por no avanzar en el esclarecimiento de la explosión del último Día de la Patria.

Destacaron que, seis meses después del hecho, desde la fiscalía que encabeza Santiago Ulpiano Martínez, se limitaron apenas a ofrecer públicamente un correo electrónico, donde recibir información que se pudiera aportar para esclarecer el hecho.  La deflagración, ocurrida de madrugada, causó serios daños en el edificio y destruyó vidrieras de locales ubicados en la vereda de enfrente.

Hasta el momento, Martínez, el mismo que instruyó inicialmente el caso Facundo Astudillo Castro hasta su inhibición a comienzos de año, recogió imágenes de personas que suben a un automóvil en las cercanías del local de La Cámpora. También llegó hasta Tandil, donde secuestró volantes similares a los que aparecieron en Bahía Blanca, tras la explosión.

“Nos preocupa a todos los argentinos que estamos mirando lo que sucede en Bahia Blanca” destacó Soria.  Agregó que si bien su cartera y la de Seguridad pueden colaborar en el caso, es la Justicia la que debe investigar y tomar medidas.

Por disposición de la jueza federal María Gabriela Marrón, intervienen en la instrucción del expediente, la Brigada de Explosivos de la Policia Federal Argentina (PFA) y la Unidad Antiterrorista de la misma fuerza. Asimismo, colabora la División Comunicaciones de la PFA con sede en Mar del Plata. Sin embargo, hasta el momento, no surgen pistas firmes sobre el autor de la intimidación.

Al mismo tiempo, la justicia provincial investiga el ataque con una bomba molotov a la casa de una reconocida dirigente de la comunidad mapuche de Bahía Blanca. Ocurrió en la madrugada del pasado domingo 14 de noviembre y provocó daños en el portón de acceso a la vivienda de Olga Curipán.

Aunque ningún grupo se adjudicó el hecho, la semana pasada, en cercanías de la casa comunitaria Ruka Kimen, en el barrio de San Cayetano, aparecieron volantes con contenido agraviante y amenazas para la propia Curipán y su etnia. “Muerte a los mapuches, fuera de Bahía Blanca, fuera de Argentina” se lee en los panfletos atribuidos al Comando de Restauración Nacional.

En un comunicado rescatado en el mismo sector, el grupo, que reivindica la figura del ex teniente del Ejército Mohamed Ali Seineldín, ataca también al Frente de Todos por su política hacia las comunidades aborígenes. “Exigimos que se retiren de nuestra ciudad por ‘las buenas´ y que el gobierno municipal y el HCD cesen todo tipo de ayuda a estos terroristas subversivos”, cierra el escrito.



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