Procesaron a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, procesó Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, y también por abuso de autoridad. Le trabó un embargo de $ 100 millones y le prohibió salir del país. Es el primer procesamiento para el ex presidente desde que dejó el poder en diciembre de 2019. 

En este expediente que lleva adelante el juez Bava ya fueron procesados los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros ex funcionarios.

Para el juez instructor del caso, se dio por corroborada “la participación de los imputados en la realización de las tareas antes mencionadas, las cuales consistieron en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.

Entre esas tareas de “espionaje prohibidas por ley, se les imputó haber dirigido numerosas de ellas a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel”, señala la resolución judicial.

En la resolución de 171 páginas a la que accedió Clarín, el magistrado dispuso “dictar el procesamiento sin prisión preventiva de Mauricio Macri, por encontrarlo penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”.

El accionar del ex presidente, para Bava, “generó las condiciones para que se lleve a cabo, almacene y utilicen datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas”.

En base a ese desglose, le atribuyó también el delito de “abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor”.

En este caso puntual, el juez explicó que las acciones por las que terminó acusando a los ex funcionarios macristas “buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dichas embarcaciones y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”.

Al sustentar su decisión, el magistrado expresó que Mauricio Macri como presidente “era el máximo responsable de establecer los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional” y como tal “habilitó, posibilitó, generó las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, al menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018”.

En función de tales argumentos, el juez de Dolores entendió que Macri “en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia posibilitó, generó las condiciones, acumuló información, hizo uso y no dispuso el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”:

Todas las tareas de inteligencia ilegal -consideró Bava-, “no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno”.

En lo que refiere a Macri, y en base a las pruebas que puso bajo análisis, Bava dijo que las acciones “ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri”.

Después de la fallida audiencia del 28 de octubre, que no pudo celebrarse porque el juez Bava no había pedido el relevamiento de inteligencia para que Macri pueda declarar, el 3 de noviembre -a días de las elecciones legislativas, ya con el Decreto firmado por Alberto Fernández- el ex mandatario fue indagado. Allí, sin responder preguntas, presentó un escrito negando los seis hechos que se le imputaron.