Expropiación de YPF: el juicio por el 51% de las acciones podría costarle al país hasta US$5200 millones

YPF, Foto: NA

El juicio contra la Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la compañía que se lleva adelante en Nueva York podría costarle al país entre US$3500 millones y US$5200 millones.

 

Así lo informó la empresa con control estatal a través de un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Si bien los abogados de YPF indicaron que la petrolera no debería “hacerse cargo de reparar ningún daño”, hizo público cuánto creen que deberán pagar según el informe de daños que hicieron Petersen y Eton Park, los “demandantes”.

 

En ese marco y aunque en el expediente figure Petersen como demandante, el litigio lo lleva adelante el fondo inglés Burford Capital, que adquirió al fisco de España el derecho de demandar al país y a la petrolera a cambio de 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio.

 

Las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraron en ese país, donde fueron constituidas por la familia Eskenazi, tras alegar que no pudieron hacer frente a los créditos que habían obtenido por parte de un grupo de bancos europeos. Habían sido utilizados en su momento para comprar el 25% de participación de YPF y se iban a devolver con las utilidades de esas acciones. La familia Eskenazi dice que el Grupo Petersen, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.

 

En ese contexto, YPF informó a la CNV que la semana pasada la empresa respondió al informe de daños que presentaron los demandantes. Allí se cita a un experto que refuta los daños y perjuicios presentados por Petersen y Eton Park y dice que “se concluye que no existe ningún daño a los Demandantes, aun cuando el tribunal finalmente declarase responsable a los Demandados (sic)”, según el hecho relevante de YPF.

 

Este experto, a quien la compañía no nombra, hizo supuestos sobre lo que ocurriría “si el tribunal declarare responsable a los Demandados”. Calcula que el costo para la Argentina e YPF sería de entre “5,2 mil millones de dólares o 3,5 mil millones de dólares (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias).

 

La posición de YPF, en cambio, es que “las estimaciones de daños y perjuicios resultantes serían de 14,4 mil millones de pesos (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias) o 14 mil millones de pesos (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias)”, según explica también la empresa a la CNV. Si se convierte al tipo de cambio del 24 de septiembre, cuando se intercambiaron los informes, el monto sería de entre US$146 millones o US$142 millones.

 

Asimismo se explicó que el rango de “US$3500 y US$5200 millones es solo para el caso de que el tribunal, entre otras cosas, (i) declare responsable a los demandados, (ii) decida otorgar daños en favor de los demandantes y (iii) rechace varias de las correcciones a la metodología de daños que hace el experto de los demandados, y acepte fechas de notificación de la oferta pública del 7 de mayo y 16 de abril de 2012″.

 

En la actualidad, la empresa tiene una valuación de mercado de US$1585 millones, según su cotización en la bolsa de Nueva York. Cada acción cuesta US$4,030, de las cuales el 51% está en manos del Estado argentino, tras ser expropiadas en 2012, cuando el ministro de Economía era el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En 2014, la Argentina le pagó a la petrolera española Repsol US$5000 millones por el 51% de las acciones.

 

En ese marco, fuentes allegadas a la vicepresidenta Cristina Kirchner señalaron a La Nación que este resultado “es consecuencia de una mala decisión de estrategia judicial del gobierno anterior”.

 

La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y está a cargo de la jueza Loretta Preska.

 

Burford y Eton (el otro fondo que inició una demanda similar y Preska decidió unificar ambos reclamos) piden un resarcimiento económico porque, al momento de llevarse a cabo la expropiación, el entonces gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, en vez de hacerlo solo sobre el 51%. Así, dicen los demandantes, lo establecían “los estatutos de YPF” y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.

 

Al producirse la expropiación, las empresas Petersen entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo mayorista accionario, el Estado argentino, había prohibido el reparto de utilidades. Con información de La Nación.


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Así lo informó la empresa con control estatal a través de un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Si bien los abogados de YPF indicaron que la petrolera no debería “hacerse cargo de reparar ningún daño”, hizo público cuánto creen que deberán pagar según el informe de daños que hicieron Petersen y Eton Park, los “demandantes”.

 

En ese marco y aunque en el expediente figure Petersen como demandante, el litigio lo lleva adelante el fondo inglés Burford Capital, que adquirió al fisco de España el derecho de demandar al país y a la petrolera a cambio de 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio.

 

Las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraron en ese país, donde fueron constituidas por la familia Eskenazi, tras alegar que no pudieron hacer frente a los créditos que habían obtenido por parte de un grupo de bancos europeos. Habían sido utilizados en su momento para comprar el 25% de participación de YPF y se iban a devolver con las utilidades de esas acciones. La familia Eskenazi dice que el Grupo Petersen, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.

 

En ese contexto, YPF informó a la CNV que la semana pasada la empresa respondió al informe de daños que presentaron los demandantes. Allí se cita a un experto que refuta los daños y perjuicios presentados por Petersen y Eton Park y dice que “se concluye que no existe ningún daño a los Demandantes, aun cuando el tribunal finalmente declarase responsable a los Demandados (sic)”, según el hecho relevante de YPF.

 

Este experto, a quien la compañía no nombra, hizo supuestos sobre lo que ocurriría “si el tribunal declarare responsable a los Demandados”. Calcula que el costo para la Argentina e YPF sería de entre “5,2 mil millones de dólares o 3,5 mil millones de dólares (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias).

 

La posición de YPF, en cambio, es que “las estimaciones de daños y perjuicios resultantes serían de 14,4 mil millones de pesos (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias) o 14 mil millones de pesos (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias)”, según explica también la empresa a la CNV. Si se convierte al tipo de cambio del 24 de septiembre, cuando se intercambiaron los informes, el monto sería de entre US$146 millones o US$142 millones.

 

Asimismo se explicó que el rango de “US$3500 y US$5200 millones es solo para el caso de que el tribunal, entre otras cosas, (i) declare responsable a los demandados, (ii) decida otorgar daños en favor de los demandantes y (iii) rechace varias de las correcciones a la metodología de daños que hace el experto de los demandados, y acepte fechas de notificación de la oferta pública del 7 de mayo y 16 de abril de 2012″.

 

En la actualidad, la empresa tiene una valuación de mercado de US$1585 millones, según su cotización en la bolsa de Nueva York. Cada acción cuesta US$4,030, de las cuales el 51% está en manos del Estado argentino, tras ser expropiadas en 2012, cuando el ministro de Economía era el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En 2014, la Argentina le pagó a la petrolera española Repsol US$5000 millones por el 51% de las acciones.

 

En ese marco, fuentes allegadas a la vicepresidenta Cristina Kirchner señalaron a La Nación que este resultado “es consecuencia de una mala decisión de estrategia judicial del gobierno anterior”.

 

La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y está a cargo de la jueza Loretta Preska.

 

Burford y Eton (el otro fondo que inició una demanda similar y Preska decidió unificar ambos reclamos) piden un resarcimiento económico porque, al momento de llevarse a cabo la expropiación, el entonces gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, en vez de hacerlo solo sobre el 51%. Así, dicen los demandantes, lo establecían “los estatutos de YPF” y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.

 

Al producirse la expropiación, las empresas Petersen entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo mayorista accionario, el Estado argentino, había prohibido el reparto de utilidades. Con información de La Nación.


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En ese marco y aunque en el expediente figure Petersen como demandante, el litigio lo lleva adelante el fondo inglés Burford Capital, que adquirió al fisco de España el derecho de demandar al país y a la petrolera a cambio de 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio.

 

Las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraron en ese país, donde fueron constituidas por la familia Eskenazi, tras alegar que no pudieron hacer frente a los créditos que habían obtenido por parte de un grupo de bancos europeos. Habían sido utilizados en su momento para comprar el 25% de participación de YPF y se iban a devolver con las utilidades de esas acciones. La familia Eskenazi dice que el Grupo Petersen, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.

 

En ese contexto, YPF informó a la CNV que la semana pasada la empresa respondió al informe de daños que presentaron los demandantes. Allí se cita a un experto que refuta los daños y perjuicios presentados por Petersen y Eton Park y dice que “se concluye que no existe ningún daño a los Demandantes, aun cuando el tribunal finalmente declarase responsable a los Demandados (sic)”, según el hecho relevante de YPF.

 

Este experto, a quien la compañía no nombra, hizo supuestos sobre lo que ocurriría “si el tribunal declarare responsable a los Demandados”. Calcula que el costo para la Argentina e YPF sería de entre “5,2 mil millones de dólares o 3,5 mil millones de dólares (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias).

 

La posición de YPF, en cambio, es que “las estimaciones de daños y perjuicios resultantes serían de 14,4 mil millones de pesos (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias) o 14 mil millones de pesos (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias)”, según explica también la empresa a la CNV. Si se convierte al tipo de cambio del 24 de septiembre, cuando se intercambiaron los informes, el monto sería de entre US$146 millones o US$142 millones.

 

Asimismo se explicó que el rango de “US$3500 y US$5200 millones es solo para el caso de que el tribunal, entre otras cosas, (i) declare responsable a los demandados, (ii) decida otorgar daños en favor de los demandantes y (iii) rechace varias de las correcciones a la metodología de daños que hace el experto de los demandados, y acepte fechas de notificación de la oferta pública del 7 de mayo y 16 de abril de 2012″.

 

En la actualidad, la empresa tiene una valuación de mercado de US$1585 millones, según su cotización en la bolsa de Nueva York. Cada acción cuesta US$4,030, de las cuales el 51% está en manos del Estado argentino, tras ser expropiadas en 2012, cuando el ministro de Economía era el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En 2014, la Argentina le pagó a la petrolera española Repsol US$5000 millones por el 51% de las acciones.

 

En ese marco, fuentes allegadas a la vicepresidenta Cristina Kirchner señalaron a La Nación que este resultado “es consecuencia de una mala decisión de estrategia judicial del gobierno anterior”.

 

La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y está a cargo de la jueza Loretta Preska.

 

Burford y Eton (el otro fondo que inició una demanda similar y Preska decidió unificar ambos reclamos) piden un resarcimiento económico porque, al momento de llevarse a cabo la expropiación, el entonces gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, en vez de hacerlo solo sobre el 51%. Así, dicen los demandantes, lo establecían “los estatutos de YPF” y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.

 

Al producirse la expropiación, las empresas Petersen entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo mayorista accionario, el Estado argentino, había prohibido el reparto de utilidades. Con información de La Nación.


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Así lo informó la empresa con control estatal a través de un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Si bien los abogados de YPF indicaron que la petrolera no debería “hacerse cargo de reparar ningún daño”, hizo público cuánto creen que deberán pagar según el informe de daños que hicieron Petersen y Eton Park, los “demandantes”.

 

En ese marco y aunque en el expediente figure Petersen como demandante, el litigio lo lleva adelante el fondo inglés Burford Capital, que adquirió al fisco de España el derecho de demandar al país y a la petrolera a cambio de 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio.

 

Las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraron en ese país, donde fueron constituidas por la familia Eskenazi, tras alegar que no pudieron hacer frente a los créditos que habían obtenido por parte de un grupo de bancos europeos. Habían sido utilizados en su momento para comprar el 25% de participación de YPF y se iban a devolver con las utilidades de esas acciones. La familia Eskenazi dice que el Grupo Petersen, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.

 

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Este experto, a quien la compañía no nombra, hizo supuestos sobre lo que ocurriría “si el tribunal declarare responsable a los Demandados”. Calcula que el costo para la Argentina e YPF sería de entre “5,2 mil millones de dólares o 3,5 mil millones de dólares (excluyendo intereses y algunas pretensiones accesorias).

 

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Asimismo se explicó que el rango de “US$3500 y US$5200 millones es solo para el caso de que el tribunal, entre otras cosas, (i) declare responsable a los demandados, (ii) decida otorgar daños en favor de los demandantes y (iii) rechace varias de las correcciones a la metodología de daños que hace el experto de los demandados, y acepte fechas de notificación de la oferta pública del 7 de mayo y 16 de abril de 2012″.

 

En la actualidad, la empresa tiene una valuación de mercado de US$1585 millones, según su cotización en la bolsa de Nueva York. Cada acción cuesta US$4,030, de las cuales el 51% está en manos del Estado argentino, tras ser expropiadas en 2012, cuando el ministro de Economía era el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En 2014, la Argentina le pagó a la petrolera española Repsol US$5000 millones por el 51% de las acciones.

 

En ese marco, fuentes allegadas a la vicepresidenta Cristina Kirchner señalaron a La Nación que este resultado “es consecuencia de una mala decisión de estrategia judicial del gobierno anterior”.

 

La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y está a cargo de la jueza Loretta Preska.

 

Burford y Eton (el otro fondo que inició una demanda similar y Preska decidió unificar ambos reclamos) piden un resarcimiento económico porque, al momento de llevarse a cabo la expropiación, el entonces gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, en vez de hacerlo solo sobre el 51%. Así, dicen los demandantes, lo establecían “los estatutos de YPF” y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.

 

Al producirse la expropiación, las empresas Petersen entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo mayorista accionario, el Estado argentino, había prohibido el reparto de utilidades. Con información de La Nación.


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