Fue un martes de superacción en el Palacio de Tribunales, la sede central de la Corte Suprema y donde los cuatro jueces que la integran tienen sus oficinas. Por la mañana, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti recibieron al ministro de Justicia, Martín Soria, que recién a ocho meses de asumir decidió pedir un encuentro con los magistrados. La reunión fue tensa y Soria los criticó sin vueltas: les dijo que veía una “crisis de funcionamiento que atenta contra la legitimidad” de la Corte y los acusó de la supuesta demora en causas de lesa humanidad.

Pero aún faltaba más para completar una jornada caliente. Dos horas después de terminada la reunión, la Corte sacó un fallo explosivo contra el Gobierno que obliga al Estado a devolverle a la provincia de Santa Fe unos $86.000 millones por la quita de fondos de la Coparticipación. El expediente había tomado velocidad en la última semana tras una presentación de la provincia que gobierna el peronista Omar Perotti, un aliado de Alberto Fernández.

El fallo cae en el peor momento posible para el Gobierno, con el Banco Central en llamas y casi sin reservas, con una crisis cambiaria que tiene al dólar blue como gran protagonista y en medio de la dura negociación con el FMI que le pide al Gobierno reducir el déficit de manera notable.

Además, se le suma a ese cóctel de crisis económica la fiesta preelectoral que desplegó el Gobierno tras la derrota en las PASO y que incluyó el “plan platita” para intentar sumar votos.    

Los $86.000 millones que deberá desembolsar el Estado -aunque es cierto que aún no está claro de qué manera lo hará, si en pagos, cash o bonos- para cumplir con el fallo de la Corte no son una buena señal para los directivos del Fondo y los negociadores de la deuda que necesitan al menos un plan del Gobierno que les explica cómo harán para pagar lo que deben. 

Horacio Rodríguez Larreta también presentó un amparo ante la Corte por el recorte de la Coparticipación.

Horacio Rodríguez Larreta también presentó un amparo ante la Corte por el recorte de la Coparticipación.

El golpe para el oficialismo es múltiple. No solo por los fondos que deberá pagar sino porque la decisión de la Corte parece ser un antecedente de cómo podría fallar en otro expediente millonario que involucra a la Coparticipación. Se trata de la demanda que inició Horacio Rodríguez Larreta el año pasado luego de que Alberto Fernández le quitara 1,18 puntos de la Coparticipación a la Ciudad para enviarlos a la provincia de Buenos Aires y calmar una revuelta policial por reclamos de aumentos de salarios contra el gobernador Axel Kicillof.

El amparo de Larreta está en marcha y aunque fuentes judiciales sostienen que aún falta para que haya una definición, en la gestión porteña se entusiasmaban este martes con el fallo Santa Fe. “Sienta una buena jurisprudencia, pero hay que tener prudencia. Son situaciones parecidas, pero no iguales”, dijeron desde el entorno del jefe de Gobierno a Clarín.

Más tensiones

En la Casa Rosada no salían del asombro por el fallo que sacudió al oficialismo pocas horas después de la visita de Soria. ¿Era una reacción a las críticas del ministro de Justicia contra el máximo tribunal o una muestra más de de la tensión que existe entre el Gobierno y la Corte? En la Justicia negaban cualquier versión conspirativa y hablaban de un fallo a derecho.

Pero lo cierto es que el tiempismo de la Corte no es una novedad. Incluso el caso Santa Fe ya había puesto en aprietos a otro gobierno, el de Mauricio Macri, antes de que tomara el control del Gobierno. En noviembre de 2015, poco después de que ganara Cambiemos las elecciones, la Corte falló a favor del reclamo de tres provincias por descuentos indebidos de coparticipación. Eran unos 8.000 millones de pesos por año que debería ceder (o dejar de retener) a Córdoba, Santa Fe y San Luis.

En esa resolución, el tribunal proponía entablar una mesa de negociación para definir cómo se iba a pagar. Pero ese ámbito de discusión nunca se concretó y por eso ahora la Corte decidió tomar la decisión final a favor de Santa Fe. Así lo explicaron en el fallo: “Habiendo transcurrido seis años y a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente en el Consenso Fiscal de 2017 ese propósito no se ha alcanzado, lo cual coloca nuevamente al Tribunal en la situación de tener que decidir acerca de la cuantía de la condena de restitución de los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente a la Provincia”.

Con un solo párrafo, los jueces del tribunal lograron poner al Gobierno en un verdadero aprieto. 



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