El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba para investigar si el Gobierno pagó en los últimos años 13 indemnizaciones por desaparecidos durante la última dictadura militar que, en realidad, no fueron tales, confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
Lijo pidió al Ministerio de Economía que confirme si efectivamente se abonaron las indemnizaciones planteadas en una denuncia presentada hace dos años por el militar retirado y escritor José D’Angelo.
El juez solicitó a la cartera que dirige Martín Guzman “la lista completa de los beneficiarios y los montos pagados” por las leyes reparatorias de las víctimas de la represión ilegal. Además, ordenó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, que envíe “todos los legajos de las personas mencionadas en la denuncia”, informó La Nación.
El pedido que hizo Lijo es un tema políticamente muy sensible y sería la primera vez que el Gobierno entregue una lista con los nombres de todas las indemnizaciones pasadas.
D’Angelo, autor del libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, entre otros, había enumerado en la presentación judicial 13 casos de personas que aparecen como víctimas de desaparición forzada, ejecución sumaria o asesinato en los legajos elaborados en el área de Derechos Humanos, a pesar de que existirían constancias de que “no murieron en esas circunstancias”. Incluso, algunos de los “desaparecidos”, en realidad, habrían sido ejecutados por las mismas organizaciones guerrilleras.
Los casos enumerados en la presentación judicial suponen pagos de indemnizaciones por un total de $110,6 millones a valores de julio de 2019, cuando se presentó la denuncia, es decir unos US$2,4 millones.
La resolución judicial pide también al Ministerio de Economía que indique en los casos denunciados “los pagos realizados a estudios jurídicos, gestores, abogados particulares o entidades que hayan sido también beneficiarios de los pagos indemnizatorios”.
En la denuncia se menciona, por ejemplo, el caso de Rubén Fernando Haymal, militante de Montoneros, cuya ejecución fue reivindicada por la propia organización en el número 8 de la revista Evita Montonera, como consecuencia de un “juicio revolucionario” por su condición de delator.
Haymal no figuraba entre las víctimas de la represión ilegal en el informe de la Conadep, de 1984, que redactó la comisión encabezada por el escritor Ernesto Sabato durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
En 2006 su nombre fue incorporado al registro de la Secretaría de Derechos Humanos como víctima de “ejecución sumaria” por parte de militares, pero luego no aparece en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), que elaboró en 2015 el gobierno de Cristina Kirchner. En medio de estas discordancias fue pagada una indemnización de $229.759, cuyo valor actualizado en 2019 era de $6,8 millones (US$151.513).
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