Si se despeja la pelusa del siempre contradictorio discurso del Gobierno sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional, queda bastante claro que el Frente de Todos no quiere evitar la firma de un acuerdo: lo que quiere es incumplir ese acuerdo una vez firmado. 

Con el proyecto de Presupuesto pasa algo parecido. El Gobierno quiere que se hable de que la economía está creciendo, pero primero se niega a poner esas proyecciones en la ley y luego se resiste a admitir que la inflación será más alta de lo que dice, entre otras cuestiones para poder disponer más adelante en forma discrecional de un aumento de la recaudación impositiva no previsto.

En otras palabras, el Gobierno quiere disfrutar de los beneficios de sus decisiones sin pagar los costos

de tomarlas. Hay que reconocer que esa actitud no es muy original para cualquier espectador que haya seguido la política en los últimos siglos, pero hay una novedad que los jefes del Frente de Todos están pasando por alto: el mes pasado se produjeron unas elecciones que cambiaron mucho el panorama del Congreso.

El Frente de Todos comprobó varias veces en las últimas semanas que le resulta imposible hacer funcionar la Cámara de Diputados sin negociar con alguna parte de la oposición. Con la llegada de los nuevos legisladores, esa debilidad se agravó. Sin embargo, los negociadores del Frente de Todos se dedicó en estos días a agregar artículos para responder a los pedidos de los propios gobernadores oficialistas. ¿Eso quiere decir que el Gobierno tampoco tenía asegurados los votos propios?

A su vez, según le dijo un ministro a Clarín, Alberto Fernández decidió dejar en manos de los diputados -en rigor, de Massa y del jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner- la tarea de conseguir los votos. “El Presidente no está dedicado ahora a conseguir apoyos. Es un consenso que se da en la Cámara”, aseguró el funcionario del Ejecutivo cuando ya había suficientes indicios desparramados sobre lo delicado de la situación. Desde hace días, los funcionarios y legisladores oficialistas no hacen más que preparar las lecturas para la derrota.

En las últimas horas quedó en evidencia que a los 117 votos del Frente de Todos (Sergio Massa puede votar sólo si hay empate), se pueden sumar 5 del bloque Provincias Unidas y 2 de legisladores riojanos. En total son 124 votos a favor del proyecto de Presupuesto, siempre y cuando tengan asistencia perfecta. Enfrente, el Gobierno tiene 132 manos: 116 de Juntos por el Cambio, 8 del Interbloque Federal, 4 de la Izquierda y 4 liberales. Si esas cuentas son correctas, el Gobierno necesita que al menos 8 diputados de ese grupo se abstengan de votar o no concurran a la sesión.

Para conseguir eso, el Gobierno tiene que caminar en un terreno minado por cuestiones que incluso exceden la derrota en las elecciones. Uno de los problemas nuevos es que Gerardo Morales, uno de los radicales que tendió algunas manos a Alberto Fernández en el pasado, está a punto de asumir la presidencia de su partido. Es difícil que quiera llegar a la presidencia de la UCR pocas horas después de correrse de la estrategia general de Juntos por el Cambio. Por si acaso, sus opositores internos en el radicalismo -el bloque Evolución- se apuraron a presentar un dictamen de minoría en la Comisión de Presupuesto, para mostrar que votarán en contra de lo que quiere el Gobierno.

Parte de la oposición adelantó que está dispuesta a dar quórum para que el oficialismo pueda debatir el proyecto. Es una cortesía que suele ofrecerse a los gobiernos que tienen bancadas escasas en el Congreso. El problema es que, hasta ahora, el oficialismo ni siquiera consiguió la fuerza necesaria para sacar provecho de esa mano que le está tendiendo Juntos por el Cambio. Para hacerlo, necesita seguir negociando, y, esta vez, con concesiones a pedidos de legisladores que no tienen puesta la camiseta del Gobierno. Es el sabor de la nueva normalidad.

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