Bajo el aire temperado por el acondicionador, el martes por la tarde los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia se reunieron personalmente para ultimar detalles sobre uno de los fallos más importantes del año: el que declararía inconstitucional la actual integración del Consejo de la Magistratura, un organismo clave creado por la Constitución de 1994, pero que desde 2006 está controlado por el oficialismo de turno luego de una reforma impulsada por Cristina Kirchner en el Senado.

El máximo tribunal tiene bajo estudio el recurso extraordinario del Poder Ejecutivo presentado por Cristina en los últimos días de su gobierno, cuando la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo declaró que aquella reforma del Consejo -que redujo sus integrantes de 20 a 13 y trastocó el equilibrio entre los estamentos representados en el organismo

– era inconstitucional.

Corría noviembre de 2015, Mauricio Macri acababa de ser electo presidente y en el Poder Judicial se respiraba el perfume de un cambio de época.

Pero ese recurso presentado por el gobierno kirchnerista en el final de su mandato no fue tratado por la Corte en estos seis años, durante los cuales el desequilibrio en el Consejo -que permite al oficialismo “controlarlo” gracias al poder de veto en su plenario- se mantuvo como el primer día.

Lejos de la mirada pública, la Magistratura es sin embargo un organismo importantísimo: además de manejar el presupuesto de todo el Poder Judicial excepto el de la Corte, es el órgano encargado de organizar los concursos y las entrevistas para seleccionar a los candidatos a ocupar juzgados y tribunales federales y nacionales en todo el país, y también para analizar el desempeño de los magistrados, a quienes eventualmente puede juzgar y separar de sus cargos por mal desempeño.

El manejo de esa llave por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de Macri y ahora de Alberto Fernández, les permitió a todos evitar que llegaran a las ternas de postulantes personas que considerasen inconvenientes, y también evitar juicios políticos a magistrados amigables.

A horas de la resolución de la Corte Suprema sobre la Magistratura, Alberto Fernández planteó “discutir el diseño, el número de integrantes y las tareas” del máximo tribunal. Otro desafío a la Justicia.

Por ejemplo, en los últimos años, fracasaron allí denuncias contra Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y, en tiempos del macrismo, contra Claudio Bonadio, bestia negra para el kirchnerismo.

La Corte vino esquivando las consultas -y también presiones- para pronunciarse sobre este tema institucional clave, pero ese misterio también funcionó de hecho como una cobertura para mantener un status quo que causó demasiados problemas, tanto jurídicos como políticos.

El diseño actual del Consejo, en el cual hay tres jueces (23,08% de los votos), dos abogados (15,38%), cuatro legisladores por la mayoría (30,76%), dos legisladores por la minoría (15,38%), un académico (7,69%) y un representante del Poder Ejecutivo (7,69%), trabó decenas de nombramientos, dejó vacantes casi el 30% de los puestos en juzgados y tribunales, y dejó a la Justicia en manos de los provisorios jueces subrogantes, suplentes sin estabilidad en sus cargos.

Días pasados, ante la versión consistente de que la Corte daría su veredicto sobre el tema, el Gobierno desató una andanada en su contra, encabezada por el ministro de Justicia Martín Soria, que apuró a los cortesanos y dijo que no se animarían a poner sus firmas en una sentencia que, muy posiblemente con un plazo para hacerlo, dejará al oficialismo sin un arma poderosa para manipular y amedrentar a lo jueces.

En Tribunales todavía sonríen ante aquella bravuconada, que no mostraría otra señal que impotencia.



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