El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) absolvió a los dueños del Grupo Indalo y condenó al ex titular de la AFIP en la causa donde se los había acusado de haber defraudado al Estado a través de la firma Oil Combustibles. La decisión se tomó pese al pedido de condena del fiscal Juan García Elorrio, quien había sostenido en su alegato que existió una maniobra de corrupción que permitió que la petrolera no pague al fisco 5.900 millones de pesos pudiendo hacer frente a sus obligaciones fiscales.
Después de dos años desde que inició el debate oral y de escuchar a más de cincuenta testigos, el juicio por la presunta defraudación al Estado concluyó con un resultado favorable para los empresarios Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, pero condenó a 4 años y 8 meses de prisión a Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP: los tres habían sido procesados y enviados a juicio por defraudación al Estado.
Después de las 19 de manera virtual, como se desarrolló el último año y medio el juicio, el presidente del TOF 3 leyó la sentencia que puso punto final al caso. El juez Fernando Machado Pelloni detalló que el debate demandó 81 audiencias, más de 48 testigos citados a declarar, ocho peritos que explicaron los informes realizados. Acto seguido, dio lectura al veredicto.
Por unanimidad los jueces Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos, decidieron condenar a Ricardo Echegaray “por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública“. Además lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos.
El voto de los magistrados se dividió cuando se determinó absolver a los dueños del Grupo Indalo, al entender que no cometieron ningún perjuicio contra el Estado. El juez Andrés Basso fue quien votó por condenar a los tres imputados, al comprender que la connivencia en la maniobra estaba corroborada. El 17 de marzo se conocerán los fundamentos del voto del Tribunal.
Horas antes de la lectura del veredicto, el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) escuchó las palabras finales, fue el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray quien pidió ser absuelto y sostuvo que “no hay ni una sola prueba para sustentar la acusación”.
Durante su exposición, el ex funcionario agregó: “Ha llegado el tiempo procesal para que el Tribunal me absuelva de la acusación injusta que vengo sufriendo hace seis años, el fiscal pidió mi condena sin ninguna prueba”. Sus argumentos no alcanzaron y terminó condenado por corrupción.
Durante la instrucción se señaló que existió “una maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el entonces titular del organismo Echegaray, defraudaron a través del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos”.
En el juicio se investigó una maniobra a través de la cual la petrolera Oil cobraba el valor del ITC -incluido en el precio del litro que pagan los consumidores- a sus clientes que iban a las estaciones de servicio a cargar combustibles, pero luego retenía ese dinero y no lo giraba a la AFIP, tal como era su obligación. También se investigó si el grupo empresario que conducen López y De Sousa usaron esas millonarias sumas de dinero retenido para financiar la compra de medios de comunicación y otras empresas.
Las acusaciones a los empresarios, sin embargo, fueron desestimadas por el TOF 3, que tuvo a su cargo el juicio. El único condenado fue Echegaray.
Cuando el fiscal del juicio solicitó la condena para todos los acusados, distinguió el rol cometido por cada uno de ellos. Al explicar la maniobra, García Elorrio había explicado: “El rol de Oil Combustibles dentro del Grupo Indalo era el de una caja, una fuente de recursos a través del ITC que no se pagaba en tiempo y forma”.
Es decir que, mientras Oil no le pagaba al fisco la deuda que sistemáticamente incluía en planes de facilidades de pago, financiaba otras empresas del holding. “No hay duda alguna respecto de la simetría, la correspondencia de la omisión de lo que se debía por ITC y los préstamos inter company. Esto es claro, sustentado en los balances y en distintos testimonios a lo largo del juicio”, dijo García Elorrio previo a pedir la condena.
Nada de esto se podría haber materializado, entendió el fiscal, sin la participación de la AFIP. En este punto apunto contra Ricardo Echegaray el único condenado en el caso. “Todo fue posible en el otorgamiento de los planes de pago de manera ilegítima y las omisiones del organismo recaudador”. En ese sentido indicó que “se llevaba un control superficial por parte de la AFIP”. El organismo recaudador no verificó si esa deuda iba a poder cobrarse, ya que desde 2011 a 2016 pasó de 167 millones de pesos a más de 5.900 millones de pesos.
La acusación de la fiscalía que apuntaba al rol del ex funcionario K, sostuvo que existió “una maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública”.
Por eso el pedido de condena de la fiscalía, explicó que la maniobra se concretó a través de un otorgamiento “sistemático e ilegal” de planes de facilidad de pagos que la AFIP concedía a Oil. En ese mismo sentido, señaló que cuando los obtenía, la empresa de López y De Sousa realizaba préstamos a sus otras sociedades relacionadas por más de 91 millones de pesos, mientras evolucionaba la deuda de Oil con el fisco. “Hay una correlación de los aumentos del pasivo y los préstamos otorgados a las empresas”.
El rol de la AFIP
En este expediente, la única acusación que hubo fue la de la fiscalía a cargo de García Elorrio, para quien “existió una maniobra en perjuicio a las arcas del Estado” y reiteró que había una deuda por parte de la petrolera Oil Combustibles que superaba los 5.900 millones de pesos. Todo, entendió en su alegato, fue realizado bajo el conocimiento de Echegaray: “su conducta debe ser analizada desde la perspectiva de un acto de corrupción”.
La querella estaba a cargo de la AFIP, pero luego del cambio de gobierno, su actual titular Mercedes Marcó del Pont desistió de acusar a los empresarios K y a Echegaray. Durante la gestión anterior, el organismo recaudador fue el denunciante en este caso, y también había impulsado una acción civil para que el Estado sea resarcido en más de 10.000 millones de pesos. La medida quedó sin efecto cuando el Gobierno de Alberto Fernández se retiró del juicio.
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