Este jueves, después de las 19 y tras haber afrontado 81 audiencias, concluyó el juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por la presunta defraudación al Estado a través de Oil Combustibles SA.
El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) con los votos de Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, decidieron absolver a los empresarios, en tanto que coincidieron con Andrés Basso a la hora de condenar al ex titular de la AFIP. Ahora, será la Sala I de la Cámara de Casación la que revise la sentencia, los mismos jueces que deben decidir si Cristina Kirchner afrontará dos juicios claves o no.
El voto fue unánime al momento de condenar a cuatro años y ocho meses de prisión a Ricardo Echegaray por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública”. La acusación le valió, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los integrantes del Tribunal no coincidieron a la hora de evaluar la conducta y responsabilidad penal de los dueños de Oil Combustibles. Mientras que para Machado Pelloni y Javier Ríos, no había elementos suficientes para dar por corroborado el vínculo con Echegaray y la connivencia en la maniobra investigada, el juez Andrés Basso entendió que no había ninguna duda sobre esa relación.
El fiscal ante el TOF 3, Juan García Elorrio, y el juez Basso coincidieron en la acusación de los tres involucrados en la investigación. Todos fueron partícipes de la maniobra investigada. Ya lo había dicho durante su alegato y fueron en parte los argumentos en los que encontró asidero el magistrado cuyo voto por la condena de López y De Sousa quedó en minoría.
La acusación sostiene que Cristóbal López y Fabián De Sousa, en su carácter de principales beneficiarios y accionistas de la compañía Oil Combustibles, accedieron irregularmente a dos planes generales y dos particulares para el pago del impuesto ITC (el impuesto a los combustibles), utilizando ese dinero para otorgar créditos a otras empresas del grupo económico, lo que les permitió expandirse en desmedro de los intereses del fisco.
Esa maquinaria no se podría haber puesto en marcha, consideró en su acusación el fiscal, si no actuaban de manera sincronizada con el ex administrador general de la AFIP, Ricardo Echegaray, “quien les otorgó –irregularmente- planes de pago generales y especiales, sin que esos contribuyentes acreditaran el único requisito legal establecido por la normativa aplicable (encontrarse en una situación financiera que les impida cumplir con sus obligaciones tributarias)”.
Ese cuadro probatorio quedó en minoría y sólo terminó acusado Echegaray en el caso.
La apelación, en tres meses
El 17 de marzo se conocerán los fundamentos de los tres jueces en base a los cuales tomaron las decisiones anunciadas este jueves. Cuando las partes tengan conocimiento de los argumentos, estarán en condiciones de apelar -o no- la medida. Los abogados de Ricardo Echegaray rechazarán la sentencia acusatoria.
Será entonces cuando la sentencia sea elevada a la Cámara de Casación Penal para su revisión. En el máximo tribunal penal será la Sala I la responsable de analizar la condena contra Echegaray y la absolución contra los dueños del Grupo Indalo.
Esa misma Sala integrada por los magistrados Daniel Petrone, Gustavo Barrotaveña y Ana María Figueroa, es la responsable de pronunciarse sobre otros dos casos, uno de ellos involucra a Cristóbal López y a Fabián De Sousa.
La Sala I de la Cámara de Casación tiene que resolver si Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner -como los demás acusados-, enfrentarán el juicio por lavado de dinero, en los casos Hotesur y Los Sauces. Son dos expedientes que se investigaron por separado pero al ser elevados a la instancia final del debate quedaron unificadas en el TOF 5.
Dos de los integrantes de ese Tribunal, Daniel Obligado y Adrián Grunberg fueron quienes firmaron el sobreseimiento de la vicepresidenta y los demás acusados en estos casos. En la investigación centrada en los negocios inmobiliarios (Los Sauces) se encuentran procesados los dueños del Grupo Indalo: representaron el 65% de la facturación de la empresa que la justicia calificó como “una pantalla para simular alquileres”.
La decisión sobre si se hará lugar a ese sobreseimiento o si se ordenará realizar el juicio oral, corresponde a la Sala I. Los integrantes de la misma tienen otra resolución clave entre sus manos: deben analizar el sobreseimiento dictado a favor de Cristina Kircher y los demás imputados, en la causa por la firma del Pacto con Irán, el expediente que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Junto con esas medidas que definirán en parte el futuro judicial de la vicepresidenta, la Sala I tendrá el deber de revisar la sentencia dictada por el TOF 3 que en el caso por defraudación al Estado en más de $ 5.900 millones por el impuesto a los combustibles que no tributó Oil Combustibles, decidió condenar a Echegaray y con un voto mayoritario, absolvió a López y a De Sousa.
NE
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