En una audiencia realizada este viernes 17 de diciembre, quedó formalizado un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado, Roberto Esteban Comolli, que fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de estafas cometidas en Concepción entre 2016 y 2017, en las cuales mediante engaños y a cambio de dinero, ofreció a varias personas la adjudicación de casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
El caso fue investigado por la Unidad de Decisión Temprana del Centro Judicial de Concepción, a cargo del fiscal Miguel Varela, luego de una serie de denuncias efectuadas por un grupo de personas que se fueron acumulando con las presentaciones de nuevos damnificados. En total fueron 18 las personas estafadas por el hombre de 39 años que se había fugado de la provincia y que en octubre de 2020 fue atrapado a la salida de un banco en Santiago del Estero. La calificación legal fue por el delito de Estafas reiteradas por la comisión de 18 hechos consecutivos en concurso real.
La auxiliar fiscal Maria Emilia López Delgado fue la encargada de oralizar el convenio suscrito entre las partes. En este sentido, relató los hechos intimados y ofreció como pruebas las declaraciones testimoniales de todas las víctimas, así como también los informes periciales que dan cuenta de capturas de pantallas y audios de Whatsapp que intercambiaba el acusado con los damnificados. Luego Comolli admitió su culpabilidad ante la pregunta de la jueza interviniente que resolvió declarar admisible y procedente el procedimiento abreviado y la condena de tres años de prisión.
El caso
Según las diferentes denuncias efectuadas por las víctimas, los hechos ocurrieron entre los meses de marzo de 2016 y julio de 2017. Comolli se comunicaba telefónicamente con sus víctimas a las que les manifestaba tener contactos e influencias en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en San Miguel de Tucumán y les ofrecía la entrega de casas. A cambio, les solicitaba sumas de dinero que iban desde 80.000 a 130.000 pesos para el inicio de las gestiones que les aseguraría posteriormente la entrega de dichas viviendas.
De acuerdo a testimonios de los damnificados, para afianzar la confianza generada, el falso gestor del IPV les enviaba mensajes de textos, los llamaba telefónicamente de manera frecuente e incluso trasladaba a algunas víctimas a los barrios Dos y Tres Concepción, a fin de que las mismas conozcan las viviendas que les serían entregadas. Finalmente, cuando llegaba la fecha pactada, la entrega prometida no se concretaba debido a que el imputado las dilataba mediante excusas y pretextos de falta de finalización del trámite. Ante los reiterados reclamos de las víctimas, el sujeto cortó todo tipo de comunicación con ellas, para posteriormente abandonar la provincia.
