El juez federal Sebastián Casanello resolvió que la denuncia formulada por Norma Calismonte, ex esposa de Lázaro Báez, no quede radicada en Comodoro Py, sino que vuelva al fuero de instrucción.
La acusación principal de Calismonte recae sobre Elisabeth Gasaro, abogada y apoderada del empresario K, a quien se la señaló por haber “administrado de manera infiel” el cuantioso patrimonio conyugal y porque “se habría enriquecido ilícitamente a partir de ello”.
La Cámara del fuero de instrucción había resuelto que la denuncia de Norma Calismonte guardaba relación con una causa por lavado que se encuentra en Comodoro Py. La ex esposa de Báez quiere que se determine si hubo perjuicio en el acuerdo de división de bienes que incluyó 85 propiedades por 1.600 millones de pesos y la participación en 21 empresas.
La causa ingresó a Comodoro Py a comienzos de noviembre y tiene como denunciante a Calismonte, y entre los denunciados figuran Lázaro Báez, su abogada Elisabeth Gasaro y el hermano de ella, Sergio. Los delitos por los que se radicó la denuncia son: defraudación por administración fraudulenta, defraudación por desbaratamiento y asociación ilícita.
La Cámara de instrucción entendió que la denuncia debía vincularse con la causa conocida como M&P donde el empresario K junto a sus hijos mayores, Luciana y Martín, fueron enviados a juicio oral por lavado de activos.
En esa investigación se reconstruyó otra ruta del dinero: una estructura financiera con empresas que cumplirían la función de “cuevas”. Receptoras de dinero que provendría de negocios con Austral Construcciones donde después realizaban depósitos en una cuenta de M&P, propiedad de los dos hijos mayores de Báez, evadiendo cualquier control fiscal.
El empresario Lázaro Báez ante el Tribunal Oral Federal 4 de Buenos Aires. Foto EFE
La hipótesis del caso expone que a dos personas particulares se las habría perjudicado en su patrimonio conyugal y que, producto de ello, se habrían enriquecido ilícitamente. “Entonces, a partir de la lectura de los hechos denunciados, en principio, no surge que se haya afectado ningún interés del Estado Nacional”, explicó el juez Casanello en la resolución a la que accedió Clarín
Por otro lado, señaló que “sin una investigación que la preceda, al declinar la competencia, se ha modificado la hipótesis criminal y se ha arribado a otra conclusión sin que ella se encuentre respaldada por ningún elemento de prueba”, ya que se planteó el presunto lavado de activos.
En razón de este criterio, el juez le dio la razón al fiscal Guillermo Marijuan quien sostuvo que la decisión de enviar la denuncia de la ex esposa de Báez a Comodoro Py “ha sido prematura, ya que no se ha realizado ninguna medida tendiente a corroborar siquiera algún extremo de la denuncia, o incluso la propia hipótesis de lavado que se introduce”.
Bajo esos criterios, el magistrado devolvió el caso que pone bajo sospecha una millonaria división de bienes, al fuero de instrucción.
La pelea por el patrimonio
Bajo el patrocinio del abogado Sebastián Nanini, Calismonte sostuvo que era una “damnificada directa” del accionar de Gasaro, al que calificó de “irregular”. La presentación judicial sostiene que no actuó en soledad, sino como parte de una estructura que tenía como finalidad “delinquir”.
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Cuando tuvo que especificar a qué respondía ese “accionar delictivo” sostuvo que la finalidad era “desapoderarme de mi patrimonio”.
La mujer reclama una porción de los 1.412 bienes muebles e inmuebles que la justicia le encontró a Lázaro Báez, distribuidos en ocho provincias y valuados a 2016, en 205 millones de dólares.
En este punto, se consignó que el patrimonio “directamente afectado se encuentra conformado por el acervo conyugal del matrimonio que mantuve con el señor Lázaro Báez”.
Cuando se radicó la denuncia, Lázaro Báez y Norma Calismonte habían firmado un acuerdo de división de bienes que dio a conocer Clarín. El mismo se encuentra en el juzgado de Familia N° 1 de Río Gallegos, a cargo de Antonio Andrade. Allí se detalló el reparto de 85 propiedades, por un valor (según la valuación de 2016) de 1.609.986.400 pesos. También acordaron dividir la participación accionaria en 21 empresas.
En su cláusula quinta se detalló que esos inmuebles, la totalidad registrados a nombre de Báez y que pertenecen a la sociedad conyugal, se van a distribuir: un 50% para Norma Calismonte y el restante porcentaje para el empresario K. Pero no serán los dueños.
Una vez que la división se efectúe, acordaron que de forma conjunta van a consolidar en ese momento una oferta de donación en partes iguales para sus cuatro hijos. El usufructo, en partes iguales, lo van a conservar Norma Calismonte y Lázaro Báez.
Cuando sólo restaba homologar ese acuerdo, Calismonte consideró que podría verse perjudicada y las sospechas apuntaron contra la abogada de Báez.
