El torrente que se llevó puestos los gaviones y las “estructuras articuladas para disipar la energía del agua” en el socavón de Alto el Puesto, al sur de la provincia también se llevó las ilusiones de la gente. Y la plata de todos, invertida en una obra anunciada como solución y, tal como se denuncia ahora, mal hecha. ¿Un error de cálculo? ¿Un caso singular? Tal vez… pero en esto de tirar el dinero parece haber hábito en el Estado… si no, hay que echar un vistazo a las 1.000 viviendas vandalizadas en el barrio Manantial Sur, que estando listas para entregar a 1.000 familias, fueron dejadas cerradas, sin que nadie las cuidase en medio de la pandemia. Además de lo que se invirtió para construirlas, de los fondos que se emplearon para completarlas a causa de daños sufridos en demoras de obras poco antes de la llegada del coronavirus, ahora se emplearán $ 450 millones para reconstruirlas y entregarlas. La intención es muy buena, pero a qué costo. La mala praxis de la gestión es evidente.
Realidad líquida
¿Qué le pasa a este Estado habituado a hacer anuncios de buenas ondas y a justificar después lo inexplicable? Es más difícil desentrañar ese intríngulis, porque a veces no se trata sólo de dinero perdido sino de situaciones más graves, que suelen quedar subsumidas en la imprevisibilidad de los desbordes de la naturaleza y en las diluidas responsabilidades de los funcionarios. Cuando todo es tan líquido –al estilo de Zygmunt Bauman- la culpa es de todos y de nadie. Ejemplos extremos hay a lo largo de nuestra historia pequeña: desde el bioquímico Luis Bravo, que cayó con su auto al torrente que se había llevado el puente sobre el arroyo El Sueño en La Cocha en el año 2000, hasta el motociclista David Contreras que cayó al río Lules que había arrasado el puente en marzo de 2015. O la tragedia del joven automovilista Bruno Barbaglia, llevado por la correntada del Canal Sur en el puente de la avenida Roca-ruta 301 en 1999. Tragedias de todos y de nadie. Algunas, probablemente, derivaron en juicios que pagó el Estado como culposa compensación. Pero las condiciones que llevaron a eso se mantienen.
Dice el ex secretario de Obras Públicas Raúl Natella (“Visión y rol de las obras públicas en el Estado”, LA GACETA, 19/11) que el Estado debe “elaborar con profesionales capacitados y especializados ‘planes directores’ objetivos, cualitativos y de largo plazo, que contemplen proyectos que tiendan a solucionar en forma permanente problemas endémicos en todos los ámbitos ya sean: sociales, culturales, productivos, educativos, sanitarios, etc. Todo esto va concatenado con instituciones sólidas y fuertes, con capacidades profesionales, técnicas y operativas que puedan hacer realidad estas proyecciones”. Habla de instituciones capacitadas, ordenadas y coordinadas. No parece ser eso la tendencia de nuestra historia.
La Madrid, caso típico
Cuando fue la emergencia de La Madrid, pueblo situado en la parte más baja de Tucumán y sepultado por las aguas del río Marapa en 2017, la Provincia tuvo la oportunidad de analizar en serio, profundamente, esa extraña conjunción de obras mal hechas o inoportunas o de apuro y emergencias, de plata tirada y gente damnificada. La Madrid era el caso típico de millones de pesos invertidos sin que se produjeran cambios en el destino de emergencia y abandono de esa población. Se habló de deforestación, abandono, falta de control sobre la actividad privada –la extensión de los campos de cultivo sobre los humedales- y del desvío del cauce del entonces riachuelo San Francisco (después convertido en caudaloso río de verano) hacia el Marapa, que en ese 2017 bajó salvaje, directo, hacia la Madrid. Se habló del plan hídrico que se había hecho en el período 91-95 y se concluyó que había que hacerlo otra vez. Dice Eduardo Martel, vicedecano de Ciencias Exactas e integrante de la comisión de emergencia armada a propósito de La Madrid, que superada la emergencia (se generó una buena corriente de auxilio para el poblado damnificado y en los años siguientes ayudó el clima, con la entrada en un ciclo más seco) no fue posible lograr interés político para armar el grupo de estudio para tomar ese plan director y actualizarlo. Sí se ha estudiado la cuenca del San Francisco. Pero falta el dato integral de la provincia entera. Viene la pregunta: ¿se aprovechó para futuro la emergencia de La Madrid?
No se oyen las alarmas
Lo del socavón de Alto el Puesto nos debería hacer sonar todas las alarmas. No hace tres meses los funcionarios de la Dirección del Agua anunciaron las obras de reparación -$39 millones- que iban a estar listas en noviembre, según se publicó el 11/10 (“Avanzan las obras en Alto El Puesto”). Cuando fue el torrente, hace dos semanas, se reveló que sólo se había hecho el 40% del trabajo y que todo se había perdido. “Lo que sucedió era previsible. Las murallas de cemento levantadas y los gaviones se vinieron abajo porque el agua se filtró por los costados. Uno, que es agricultor y que está acostumbrado a lidiar con canales y acequias, sabe que las entradas tienen que tener una especie de orejas laterales que impidan que la masa líquida se filtre, para que no suceda lo que ahora vemos. Y los gaviones tienen que ir echados y no en posición vertical, como se los puso”, dijo el vecino Fidel Fernández. ¿No lo podría haber consultado la Dirección del Agua antes de empezar a gastar los $ 39 millones?
Dice Martel que hay muy buenos profesionales en el Estado, pero que las áreas dedicadas al agua trabajan sin conexión ni coordinación. Son 24 oficinas entre direcciones, secretarías y subsecretarías, que dependen de dos ministerios. En su momento el ingeniero Franklin Adler –quien dio diagnósticos sobre la emergencia en La Madrid- plantea que hay que plantearse la necesidad de un Ministerio del Agua, que aglutine todas las tareas, tanto de canales como de provisión de agua potable.
Como un perro que se muerde la cola
Es decir que por un lado estamos hablando de una forma de trabajo a ciegas que se anula a sí misma, como un perro que se persigue la cola. Desde el puente que se cayó en el arroyo El Sueño hace 21 años hasta las emergencias recientes (sin dejar de mencionar el puente sobre el canal Sur en la avenida Colón, inaugurado en 2015 y colapsado en 2016, sin que hasta ahora se lo haya repuesto) hasta las obras que se hacen sin que se desarrolle la estructura de apoyo o de mantenimiento, como las casas de Manantial Sur.
En todo esto nos falta la empatía de los funcionarios para entender la dimensión humana de estos inconvenientes. Cuando estuvo cortado el puente sobre el río Lules, en 2015, los vecinos de Lules que viajaban cotidianamente a San Pablo (por escuela, por trabajo) tuvieron que hacer un rodeo de 40 km yendo por San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, a lo largo de los tres meses que duró la construcción del nuevo puente. ¿Qué problemas tendrán las familias que esperan el arreglo de las casas vandalizadas de Manantial Sur?
Luego de plantear la necesidad de que los distintos organismos del Estado tengan aceitada coordinación, Natella dice: “si obviamos estas consideraciones previas se nos presentaría un panorama harto difícil de concretar y una acción de gobierno que por su disociación se transformaría en un problema intrínseco a las desacertadas gestiones llevadas a cabo”. Tal cual. Los casos de Alto el Puesto y de Manantial Sur nos muestran la plata tirada a la basura sin que haya responsables ni se pueda evitar que vuelvan a hacer lo mismo. En medio de tanta pobreza.
