Son dos los objetivos con los que Argentina llegó a la cumbre del cambio climático que tuvo lugar en Glasgow. Uno de ellos es que en 2030 nuestras emisiones contaminantes estén en el orden de 350 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes (CO2eq ); el otro es lograr la carbono neutralidad en 2050.

En el marco de la Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, el gobierno nacional presentó uno de los aspectos centrales en el tránsito hacia las metas de descarbonización comprometidas por nuestro país ante organismos internacionales. Un aspecto central es el lugar que terminen ocupando las bioenergías.

Durante la presentación, acompañado de otros funcionarios de alta jerarquía y referentes de la industria automotriz (el acto tuvo lugar en la terminal de Toyota), el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, luego de explicar que el proyecto apunta a trabajar “las tres sostenibilidades” -la ambiental, la macroeconómica y la social-, expresó la vocación del gobierno en favor de un diálogo entre todos los actores involucrados: “El proyecto, con una perspectiva de mediano y largo plazo, busca generar los consensos con la sociedad y con un debate parlamentario que promueva el entendimiento en todas las fuerzas políticas; es un plan a 20 años y requiere consensos necesarios”.

Sobre este tema opinó Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino.

Feijóo analizó la iniciativa. para el sitio especializado “Avance Agroindustrial” y dijo que es un proyecto que debe perfeccionarse.

“El Centro Azucarero Argentino está comprometido con las medidas tendientes a la lucha contra el cambio climático y la necesidad de reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI), desafío que está en el primer lugar de la agenda global, y lo viene haciendo a través de la participación de la industria sucroalcoholera en el abastecimiento de bioetanol para su mezcla con naftas, un camino claro y concreto en esa lucha. Por eso, es valioso que las autoridades nacionales convoquen y aporten a un debate nacional que necesita ser abierto, participativo y suficientemente anticipatorio en cuanto al horizonte de la transición energética”, dijo Feijóo.

El ingeniero destacó que el Proyecto de ley de Movilidad Sustentable destaca inversiones por u$s 8300 millones en 10 años para desarrollar “vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales” que reemplazarán a los “vehículos con motor de combustión interna nuevos”, cuya comercialización estará prohibida a partir de 2041.

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Sin embargo, Feijóo observa que el proyecto no menciona a las bioenergías en general y a los biocombustibles en particular, lo que debería ser revisado al momento de su tratamiento parlamentario, una cuestión de especial interés para el país, la región NOA y el sector sucroalcoholero. “Los biocombustibles ofrecen opciones más convenientes que la electromovilidad a batería que propicia el proyecto”, acotó.

Por otra parte, Feijóo selaó que en nuestro país, la electromovilidad a batería exigiría incrementar significativamente la generación de energía eléctrica y cuantiosas inversiones en sus redes de transporte troncal y de distribución y, muy probablemente, resignaría miles de empleos en estaciones de servicio.

A favor, está que Argentina cuenta con importantes yacimientos de litio necesario para las baterías (Jujuy, Salta, Catamarca), lo que constituye una valiosa oportunidad exportadora para atender la demanda de quienes desarrollan tecnologías necesarias en los mercados que recurren a la electromovilidad a batería.

“Los biocombustibles reducen las emisiones de GEI frente a los fósiles entre un 74 y 80%, y la huella de carbono de su ciclo es mucho más conveniente que la de la electromovilidad a batería; por eso, dependiendo de las condiciones agroecológicas de cada país, en todos los continentes se trazan estrategias para incrementar la participación de los biocombustibles en la matriz energética y en la movilidad”, destacó. 

También el ingeniero Santiago Paz Brühl dio su opinión a este sitio especializado.

“El gobierno argentino pareciera querer evitar la competencia entre el uso energético y el alimentario de las fuentes de origen agrícola, riesgo que en nuestro país estaríamos lejos de correr, especialmente en el caso de la caña de azúcar. La seguridad alimentaria es por supuesto una prioridad, pero Argentina es un país que tiene una capacidad de producción agropecuaria para alimentar diez veces su población. Ese incremento productivo es viable si no se pisan los precios, se evitan las políticas restrictivas y se establecen los mecanismos que lo incentiven. Ninguna de estas condiciones se están dando. Pero aún así podemos alimentar a nuestra población, jugamos un rol importante en el mercado internacional y estamos en condiciones de cumplir nuestros compromisos ambientales generando energías renovables de origen agrícola”, dijo.

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