Dos líderes espirituales de un templo Umbanda que veneraba a San La Muerte, en la ciudad de Salta, fueron imputados hoy por el delito de trata de personas agravado por ser cometido con fines de explotación sexual y porque la calidad de “ministros de un culto” de los autores.
La imputación se realizó hoy, tras una investigación que inició en febrero y hace una semana se allanó el templo, ubicado en la avenida 16 de septiembre al 300 de la capital salteña. En este lugar, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se encontró con un esqueleto blanco con la túnica roja y la guadaña de lata, a la que los devotos habitualmente le dejan ofrendas y le piden milagros. Allí, los efectivos secuestraron $61.000, 18.600 dólares, un auto, un revólver calibre 22 con cinco municiones en su tambor listo para ser utilizado, siete teléfonos celulares, una computadora portátil y documentación para investigar.
La imputación a la pareja, presentada por el fiscal general José Eduardo Villalba de la Unidad Fiscal Salta, fue formalizada por el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, quien también hizo lugar a otros pedidos de la fiscalía, entre ellos la prisión preventiva de los acusados.
Se dispuso que Jorge Juan Soria Villalba tenga cumplimiento efectivo de la prisión preventiva, por lo que ordenó su inmediata detención, mientras que su pareja, María Ester Arroyo, cumplirá la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario.
EL juez también autorizó el embargo preventivo de una propiedad de los acusados, en donde funciona el Templo a San La Muerte, a escasas cuadras del centro de la ciudad.
Además, se ordenó la devolución de un vehículo que usufructuaban los acusados, el cual pertenecía a una de mujer que había sido captada por los acusados, quienes terminaron quedándose con el dominio del auto, el que fue secuestrado en un allanamiento realizado a instancia de la fiscalía.
“Se trata de un caso muy sensible, pues está de por medio la dignidad de mujeres que, por su condición de vulnerabilidad, se vieron captadas por los acusados, los que lejos de darle una contención espiritual, se valieron de ese dolor y se aprovecharon de ellas”, explicó el fiscal.
Sostuvo, a su vez, que se trata de un caso complejo, con muchas aristas que aún son motivo de investigación, razón por la cual se solicitaron las medidas de coerción del caso.
“No fue algo casual, sino una investigación que la Unidad Fiscal trabaja desde febrero pasado, cuando una persona se acercó y realizó una denuncia. Una vez que se realizó el allanamiento, en tanto, se sumaron otros testimonios que no hacen más que darle mayor firmeza a la acusación”, agregó.
¿Cómo funcionaba la captación de personas en el templo Umbanda?
El fiscal señaló que los acusados, bajo la pantalla de líderes espirituales, se dedicaban a captar personas en estado de vulnerabilidad, siendo su cometido doblegarles la voluntad y así someterlos al ejercicio de la prostitución, en el caso de las mujeres.
Agregó que la conducta delictiva se completaba con el desplazamiento patrimonial a su favor por parte de esas víctimas, las que debían entregarles a los acusados entre el 40% y el 70% de las ganancias obtenidas por una actividad que ellos mismos inducían.
“Esa captación iba dirigida a personas vulnerables, angustiadas, que llegaban a la congregación en busca de protección. Allí, si bien recibía cierta contención espiritual, a la vez se le generaba en ellos una exigencia de contribución, induciéndolas al ejercicio de la prostitución, para luego quedarse con las ganancias, situación que tenemos por probado ya en, al menos, dos casos”, acusó el fiscal.
Incluso señaló que el inmueble en el que residen y donde funciona el templo, según las pruebas reunidas, habría sido obtenido gracias al aporte dado por víctimas que fueron captadas e inducidas a prostituirse y realizar pago de cuotas mensuales, para lo cual los acusados no sólo se encargaban de facilitar los lugares para el ejercicio de la prostitución en esta ciudad, sino también en Bolivia.
Al respecto, la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, aportó una serie de pruebas que permiten a la fiscalía sostener esta hipótesis, entre ellas registros migratorios de los acusados y una de las víctimas, casualmente hacia el vecino país.
También se refirió a otros elementos probatorios que fueron obtenidos a raíz del allanamiento realizado en el templo, donde se secuestró un vehículo VW Gold Trend, una suma de 18.600 dólares, 61 mil pesos, un arma de fuego y numerosa documentación que ahora es motivo de pericias.
En este punto, el fiscal aclaró que, en vista del secuestro del arma, por la cual los acusados no tenían la documentación respectiva para su tenencia, se solicitó al juez la declaración de incompetencia y se derive el caso a la justicia ordinaria, planteo que fue aceptado por el juez.
“El objetivo de los acusados como líderes espirituales no tenía nada que ver con el culto. No tenemos dudas de ello, aquí están en juego los derechos humanos, pues a partir del dolor de la gente, un dolor funcional a los imputados, se llevó a las víctimas a una vida incompatible con la dignidad humana”, afirmó Villalba.
Otras noticias
