El concepto docente es motivo de conflicto. Es una “nota” de calificación profesional anual realizada por un inmediato superior jerárquico al finalizar el año escolar. Incluye varios ítems: cultura general y profesional, aptitudes docentes y directivas, laboriosidad, espíritu de colaboración como asistencia y puntualidad. Los docentes, que en su derecho adhirieron a los paros del 1 y 2 de marzo, fueron informados, en las respectivas planillas de asistencias, como injustificados, afectando el concepto. Correspondía, con independencia del descuento o no, un “adherido al paro”. Otro tema sin solución son las titularizaciones. Involucran a toda la docencia secundaria. Afectan la continuidad de la carrera docente. Hubo dos leyes. La primera, la 9177, a pesar de estar reglamentada, no fue puesta en práctica. Se arguye diferencias entre lo informado, en sus declaraciones juradas, por docentes y lo que figura en el SIME (números de “plaza”). El trámite debería ser simple (aplicación): nombre del agente, antigüedad (más de 3 años) y cursos realizados. La segunda ley involucra a 4.000 docentes. Fue votada en julio del 2019 por la Legislatura. Se habían omitido, en relación a la primera, una cantidad de cargos considerables. No fue reglamentada, hasta el día hoy, por el PE (número de ley), a pesar de los compromisos del señor gobernador Osvaldo Jaldo. “Además garantizo que luego hay una segunda ley que incluye a otros sectores de la docencia pero todavía falta reglamentarla y en eso no vamos a poner en los próximos días cuando termina la primera etapa” (LA GACETA). Entre ellas, complicando la situación de decenas de docentes, hay resoluciones ministeriales que “chocan” contradictoriamente con la primera ley. El tercer tema es la situación de los 2.000 docentes de jornada Completa (zonas rurales de los valles). Su aspiración es una tercera ley de titularización. El proyecto fue presentado en la Legislatura. Sus cargos, a diferencia de lo ocurrido en el resto del nivel primario, se mantuvieron congelados durante años. No fueron concursados. La situación genera una gran inquietud en docentes con más de 20 años de antigüedad. El último punto es el salario. El Gobierno concedió un bono salarial, en tres partes, de 40.000 pesos, dejando pendiente el aumento del sueldo. Un cargo, hoy, se encuentra por debajo del nivel de pobreza. Es pertinente un salario que cubra la actual canasta familiar. Todos estos temas, como el mantenimiento de edificios escolares- no se pueden dejar para febrero.
Pedro Pablo Verasaluse
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