Dirigentes opositores cuestionaron que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) aprobó un programa de $1.000 millones para dar conectividad a las cárceles, en un plazo de dos años, para que los presos puedan participar de audiencias con la Justicia, capacitarse y tener “contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales”, según figura en la Resolución 2183, publicada en el Boletín Oficial.
Patricia Bullrich, Silvana Giudici y José Corral dijeron que esto va a favorecer el delito que cometen algunos presos dentro de las cárceles. Mientras que el Gobierno puso el eje en la renovación tecnológica y la necesidad de contar con herramientas que permitan dejar de trasladar presos a tribunales para audiencias que se pueden hacer en forma virtual.
Patricia Bullrich dijo: “Alrededor de 1,5 millones de chicos abandonaron las clases en pandemia por la nula conectividad, pero el gobierno destina 1.000 millones para garantizársela a los presos que delinquen desde la cárcel. Presidente: ¡atienda las prioridades y deje de tomarnos el pelo!”, planteó la presidenta del PRO en su cuenta de Twitter.
La primera cárcel donde se implementará este sistema de conectividad por fibra óptica sería la de Marcos Paz, según fuentes oficiales, donde estuvieron detenidos varios funcionarios kirchneristas por corrupción, como el exministro Julio De Vido, y actualmente están los principales jefes del narcotráfico, Marco Estrada González (de la villa 1-11-14) y Ariel “Guille” Cantero, de la banda Los Monos, que aterroriza a los habitantes de Santa Fe.
El director por la oposición del ENaCom, José Corral, destacó que “en la propia Resolución dice que la conectividad es para que los presos puedan tener un vínculo con familiares y allegados. Por eso, con Silvana Giudici, votamos en contra en el directorio del ENaCom. Pero se impuso la mayoría oficialista”, dijo Corral, exintendente radical de la ciudad de Santa Fe, en diálogo con Clarín.
“Está probado que los Cantero organizaron una balacera desde la cárcel. Yo vengo de una provincia donde se organizan atentados contra funcionarios públicos desde las cárceles, así que es un riesgo si no se evalúa esta iniciativa con precaución”, añadió el director Corral, quien cuestionó la inclusión de la conectividad en las cárceles como una de las prioridades de programas que subsidia el ENaCom.
Clarín accedió al voto negativo de los dos directores por la oposición del ENaCom, que fundamentaron su rechazo al plan oficial de dar conectividad a cárceles y presos.
“En estos últimos tiempos fueron reiterados los crímenes y delitos planeados desde los distintos penales de nuestro país. Estos hechos tuvieron su epicentro en la provincia de Santa Fe y en particular en la ciudad de Rosario donde se efectuaron balaceras contra funcionarios judiciales, familiares de funcionarios judiciales e instituciones públicas ordenadas desde cárceles federales”, plantearon los directores del ENaCom, Silvana Giudici y José Corral, en su voto de rechazo al programa oficial.
Y agregaron: “Todos estos hechos violentos no podrían haber sido orquestados sin el uso de la tecnología, en particular los teléfonos celulares con accesos a internet y aparatos de telefonía fija. Por todo ello, resulta fundamental establecer las previsiones necesarias dentro de los lineamientos del programa implementado a partir de esta iniciativa”.
Por el contrario, fuentes ligadas al Gobierno dijeron que el programa es para conectar a las cárceles, “pero no para dar Internet a los presos, ni darles wifi. Es un programa para dar conectividad a instituciones públicas, como ya les damos a escuelas, universidades, hospitales, comisarías y barrios populares, entre otros”, a través de subsidios del Fondo del Servicio Universal.
Según figura en el Anexo de la Resolución 2183, el Programa tiene dos objetivos: implementar proyectos que permitan dotar de conectividad a establecimientos pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal (SPF); y actualizar el equipamiento de conectividad y los planteles internos dentro de los establecimientos del SPF.
La iniciativa oficial fue impulsada por la interventora del SPF, la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, quien fue fundadora y presidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.
El informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad
En septiembre pasado, el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), elevó un informe en el que sostuvo que la narcocriminalidad no deja de crecer desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Y dio ejemplos de cómo el crimen organizado cuenta con un marcado “despliegue dentro de las instituciones carcelarias”.
Tal como publicó Clarín, en la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior “se llevó a cabo a través de dispositivos de telefonía celular, ya sea de uso individual como también compartido entre diversas personas detenidas”.
Se informó sobre el uso de teléfonos instalados en diversos pabellones de las unidades carcelarias -y habilitados para el uso general de los detenidos- para el desarrollo de las actividades delictivas.
También se advirtieron comunicaciones o instrucciones “impartidas entre personas detenidas en los mismos o diferentes establecimientos penitenciarios, en las que se coordinaron diversas maniobras delictivas”.
Un punto clave para la Procuraduría era la posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario, “tanto para facilitar como para permitir el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciarios”. Al respecto, en uno de los casos analizados se investigó la conformación de una organización integrada por personal penitenciario que habría provisto a los internos de teléfonos celulares.
El informe señaló que, “a partir de la invertención de la Procunar, se detectó la existencia de personas en niveles jerárquicos de organizaciones o bandas narcocriminales de gran complejidad e influencia en sus territorios interviniendo en estas maniobras desde los establecimientos penitenciarios en los que se encontraban detenidas”
En ese documento, de 26 páginas, el titular de la Procunar destacó el incremento de “las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados (lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas)”, que se planifican y realizan desde las cárceles.
Garrigós de Rébori minimizó dicho informe y señaló que el control “debería estar desde afuera, que es más fácil”.
En cambio, el procurador general interino Eduardo Casal tomó el informe de la Procunar y propuso 12 medidas concretas para detener el accionar de los jefes narcos que están detenidos en unidades carcelarias. Ninguna de esas recomendaciones incluía dar conectividad en cárceles ni a los presos.
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