En su primer documento de este año, el Club Político Argentino (CPA) criticó duramente a la dirigencia política por aquellos que “se toman vacaciones mientras deberían estar cumpliendo con sus obligaciones legislativas” y por modificar la ley que impedía la re-reelección de los intendentes bonaerenses en 2023.
“En las últimas semanas, hemos asistido a un evidente divorcio entre las preocupaciones de la sociedad y las prioridades de la dirigencia política, mucho más enfocada en sus luchas intestinas y en perpetuarse en el poder, que en la búsqueda de soluciones para la angustiosa realidad que viven millones de compatriotas”, arranca el documento de la organización que conduce Graciela Fernández Meijide.
“El Club Político Argentino manifiesta su gran preocupación por esta distorsión en la representatividad democrática y por las potenciales consecuencias institucionales no deseadas de la obstinación de la política en actuar de espaldas a los ciudadanos”, continúa el texto.
“El largo y frustrante estancamiento argentino y la innegable crisis de confianza en el futuro del país demandan con especial urgencia una dirigencia política mucho más enfocada en generar soluciones de mediano y largo plazo que en maximizar sus nimios intereses de corto plazo”, añade el grupo creado en 2008.
“Indigna que legisladores nacionales y provinciales se tomen vacaciones mientras deberían estar cumpliendo con sus obligaciones legislativas y que quienes incurren en dichas conductas no sean públicamente apercibidos por las fuerzas políticas a las que pertenecen“, destacan los intelectuales.
Graciela Fernández Meijide, titular honoraria del Club Político Argentino. Foto Germán García Adrasti
En otro párrafo, se refieren a las reelecciones de los intendentes bonaerenses, que generó una polémica dentro de Juntos por el Cambio.
“Indigna que, en vertiginosas sesiones, la Legislatura bonaerense violente el espíritu de la ley que impedía a los intendentes ser reelegidos luego de dos mandatos consecutivos, mientras que proyectos vitales para la población demoran años en ser tratados. Indigna que el uso de la AFI para espiar y presionar a adversarios políticos –más propio de un estado policial que de uno democrático- se repita en todos los gobiernos”, remarcan.
Y piden por la boleta única de papel: “Indigna que altos funcionarios, sus amigos o sus familiares, accedan privilegiadamente a vacunas, jubilaciones millonarias y vuelos oficiales para viajes particulares. Indigna, en resumen, que se prioricen los intereses de la dirigencia política por sobre la salud, la educación o la seguridad de los ciudadanos, y por sobre iniciativas de indiscutible beneficio para la calidad democrática como la boleta única de papel o la ‘ficha limpia'”.
“El Club Político Argentino enfatiza que es imperioso recuperar el sentido republicano de servicio público, responsabilidad, austeridad y transitoriedad que conlleva ocupar cargos públicos. Es inaceptable que esos cargos sean buscados como fuente de poder, privilegios y enriquecimiento personal”, señala el grupo de intelectuales.
Y concluye: “Hoy más que nunca la Argentina necesita que las fuerzas políticas mayoritarias piensen primero en la votantes, en sus graves problemas y en discutir democráticamente cómo brindarles soluciones. El buen dirigente es quien escucha e interpreta las demandas de sus representados, y quien tiene la integridad para postergar legítimas ambiciones personales en beneficio del conjunto de la ciudadanía”.
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¿Qué es el Club Político Argentino?
El CPA está formado por representantes de la cultura, la política y las ciencias.
Su Comisión Directiva es presidida por Graciela Fernández Meijide, secundada por Victoria Itzcovitz.
Patricia Bullrich junto a Sabrina Ajmechet, quien renunció como vicepresidenta del Club Político Argentino para asumir como diputada nacional.
En julio del año pasado, el Club Político Argentino (CPA) expresó su “enérgica condena a las violaciones de los derechos humanos” en Cuba y le reclamó al Gobierno de Alberto Fernández que “inste a los organismos internacionales a que cese la represión” por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel.
Antes, en mayo de 2021 manifestó su rechazo al proyecto del kirchnerismo para cambiar la procuración considerarlo “gravemente perjudicial para los equilibrios institucionales consagrados en nuestra Constitución”.
“El Procurador General de la Nación y los fiscales deben ser autónomos de las mayorías coyunturales”, señaló el CPA.
Según la entidad, que agrupa a intelectuales y ex funcionarios de distintos gobiernos, “la esencia del proyecto es facilitar al oficialismo la designación y remoción del Procurador, permitiendo que la actual mayoría senatorial (y las futuras también) controlen un órgano que la reforma constitucional de 1994 definió como ‘independiente’, y ”con autonomía funcional y autarquía financiera'”.