alberto fernandez y kristalina


Luego del triunfo contundente de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las PASO del 11 de agosto de 2019, Jorge Arguello, con una importante experiencia en relaciones internacionales y que luego sería designado embajador en Estados Unidos, definía con sensatez cómo debería ser la política exterior del próximo gobierno. “Antes que nada, es imprescindible que sean fruto de un consenso amplio entre las distintas fuerzas políticas. Sin una agenda exterior sostenida a largo plazo como política de Estado, seguiremos actuando de manera errática y, en este mundo tan globalizado como agitado, ello determina un pésimo y directo correlato en nuestra vida cotidiana”. Lo que ha llevado adelante el Gobierno es todo lo contrario.

Como en la política local, el oficialismo ensayó un relato. El del multilateralismo de su política exterior –estar bien con todos-, aunque el factor ideológico marcado desde el Instituto Patria siempre fue determinante. Así, desde la Cancillería conducida por Felipe Solá, sin experiencia alguna, se puso en marcha esa confusa estrategia. La llegada de Santiago Cafiero intenta darle coherencia pero la heterogeneidad del Frente de Todos excede a la Cancillería.

El primer error fue manejar la relación con los Estados Unidos partiendo de la base que la grieta existente aquí, entre kirchneristas y antikirchneristas, se reproduce también en tierra norteamericana entre republicanos y demócratas; y que criticando con dureza a Donald Trump, el Gobierno iba a posicionarse mejor con Joe Biden. Allá la interna entre los dos principales partidos puede ser descarnada, pero se resuelve puertas adentro; hacia el mundo, EE.UU es una política de Estado en sí mismo y los intereses son comunes y trascienden las fuerzas políticas. En la Argentina es al revés.

Que el republicano Trump haya gestionado en favor de Macri un stand by histórico del FMI de US$ 54 mil millones por razones geopolíticas, no significa que ahora el demócrata Biden vaya a hacer todo lo posible para solidarizarse con el gobierno de Alberto Fernández y aliviar la deuda. Tardó dos años el kirchnerismo en comprender que el FMI es Estados Unidos por más gira europea que realice el Presidente pidiendo el apoyo mediático de los líderes europeos como Angela Merkel, Emmanuel Macron o el español Pedro Sánchez.

El segundo error en el vínculo con Washington es creer que, como aquí, se puede construir una relación haciendo y diciendo todo lo contrario. Las sucesivas manifestaciones de apoyo al régimen de Nicolás Maduro ante las condenas de la ONU por violaciones a los derechos humanos y al orden democrático; la misma actitud hacia Nicaragua pese al autoritarismo de Daniel Ortega reflejado en el encarcelamiento de candidatos de la oposición para conseguir su reelección; o la vista gorda ante la represión del gobierno de Cuba frente a protestas que en cualquier parte del mundo serían parte del juego democrático, forman parte de una serie de episodios cuyo corolario ocurrió esta semana, con la asunción de Alberto Fernández de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Un foro anti norteamericano, que avala a los gobiernos de Maduro, Ortega, y de Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué razón todas estas actitudes debería pasar desapercibidas a los ojos de la Casa Blanca?

Un sector del oficialismo admite que el principal problema de Guzmán en relación a la demora de un acuerdo con el FMI es que cerró el 2021 con tres puntos de déficit, lo que lo obliga a “un 2022 apretado y un 2023, electoral, muy apretado”.

“Me parece que el Gobierno va a tener que utilizar sus mejores actores para sensibilizar la política de Estados Unidos, asegura un dirigente oficialista, que recomienda dejar de lado el ombligocentrismo porque para Washington la Argentina es irrelevante, aunque sí le interesa Nicaragua, porque puede convertirse en el foco del desembarco chino en Centroamérica.

Un dirigente peronista relevante en el Frente de Todos asegura que «el embajador Arguello sabe cuáles son los tres o cuatro gestos que hay que hacer hacia Estados Unidos, pero lo principal es que el Gobierno defina si es pragmático para avanzar, o se queda en lo ideológico”.

Ante la compleja perspectiva de un entendimiento con el Fondo, la preocupación no es sólo del oficialismo. En Juntos por el Cambio comienzan a observar que si no hay un acuerdo, las consecuencias podrían ser irremediables porque agravarían la situación de un país con un 50% de inflación anual que significa un ajuste permanente en los bolsillos de los argentinos, una pobreza de más del 40% y una informalidad de otros 40 puntos.

“Con este Presidente y esta vicepresidenta es muy difícil recrear expectativas. Creo que aún con el acuerdo con el Fondo es muy difícil que el Gobierno reconstruya confianza. Si no hay confianza no invierte desde un bar hasta una empresa grande”, suele reflexionar Horacio Rodríguez Larreta en las reuniones privadas con sus colaboradores.

El propio senador Martín Lousteau dijo a La Nación que “vamos camino a una nueva crisis”, que parte de una pésima situación por los problemas acumulados.

La inquietud opositora reside en que visualizan como escenario más probable que el Gobierno alcance algún tipo de acuerdo corto hasta 2023 –aunque no saben si el FMI lo aceptará- para salir del paso, pero advierten que los próximos dos años serían de un deterioro sustentable, que no terminaría en una hiperinflación ni en la crisis de 2001, pero sí en un cuadro marcado de decadencia.

Pese a las disputas internas que mostraron en las últimas semanas, la mirada de la oposición frente a las negociaciones por la deuda no desentonó. Patricia Bullrich aseguró que la puesta en escena del miércoles en la Casa Rosada, reunión a la que no asistieron ni los tres gobernadores radicales ni Larreta, fue “un verdadero papelón”. “La pregunta es qué va a pasar en marzo, ¿Nos vamos a default? El Gobierno amaga con querer hacer algo que no quiere hacer. Está en un amague. ¿Nosotros vamos a ir detrás de ese amague? No”.

Con el objetivo de tener una mayor coordinación, se ha consolidado la coordinación entre los cuatro “gobernadores”, Larreta, Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez. El resultado, más allá de las negociaciones de Morales con Alberto Fernández, fue la ausencia en el acto que encabezaron el Presidente y el ministro Martín Guzmán. “Hubiera sido un papelón estar allí, mientras le pegaban al gobierno de Macri y al Fondo por no aceptar su propuesta”, lanzó un radical.

Las coincidencias también afloran en la pelea por la jefatura del interbloque. Mario Negri es rechazado por un sector pero apoyado por Elisa Carrió; Cristian Ritondo es avalado por el PRO pero rechazado por Carrió. Por eso, tanto desde el larretismo como del sector de Bullrich y del radicalismo, coinciden en que tal vez no sea necesario nombrar a nadie, y que las decisiones y coordinación en Diputados pasen por el triunvirato Negri, Ritondo y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

“Desde el bipartidismo que había con el PJ y la UCR en los ’80 y parte de los ’90 que la oposición no estaba tan unida. Porque más allá que nos fue bien con el Presupuesto y mal con bienes personales, que fue un error de cálculo, lo cierto es que votamos todos juntos y por eso ganamos la elección y frenamos varios proyectos del kirchnerismo”, asegura uno de los miembros de la Mesa nacional.

Eso sí, en Juntos por el Cambio saben que no habrá un claro liderazgo –y ese también es un problema- hasta que no se defina en 2023 la candidatura presidencial. “Cuando vos tenés el poder, alineas desde el Gobierno; pero cuando no lo tenés, peleas por tu identidad”, argumentan.

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