El gobierno de la provincia de Buenos Aires pidió que la justicia federal de Bahía Blanca unifique la investigación de todos los ataques intimidatorios que vienen sucediendo en la ciudad desde mayo del año pasado. La solicitud fue realizada este lunes por los ministros Julio Alak y Nicolás Kreplak, a autoridades judiciales locales, del ámbito provincial y federal.
La reunión tuvo lugar 48 horas después de la detonación de un artefacto explosivo frente a la casa del director de Región Sanitaria Uno, Maximiliano Núñez Fariña. Tras el ataque del sábado, que provocó daños en el frente del domicilio y un principio de incendio, el gobernador Axel Kicillof se contactó con el intendente Héctor Gay y le anunció la llegada de sus funcionarios.
“Se trata de hechos similares y que tienen un hilo conductor clarísimo que es la violencia y que busca afectar al sistema institucional y democrático” dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense sobre los ataques. Para Alak, “se trata de acciones de terrorismo que debe investigar la justicia federal. Creemos que le va a dar más celeridad” confió.
“En esta secuencia de cuatro hechos, hay un hilo conductor que está claramente tipificado que es daño, amenaza y extorsión, además de tenencia ilegal de explosivos. Hay un hilado perfecto en los cuatro casos, por eso pensamos que deben acumularse e ir a la justicia federal” precisó Alak, sobre los sucesos más graves de una serie de actos intimidatorios aún sin esclarecer.
El funcionario bonaerense comentó que la postura “tuvo una muy buena recepción” por parte de las autoridades judiciales de ese fuero en Bahía Blanca. Asistieron a la reunión, miembros de la Cámara de Apelaciones, del Juzgado Federal 2 y de la fiscalía que investiga varios de esos ataques.
El frente de la casa del funcionario de Bahía Blanca, con los daños que dejó un artefacto explosivo.
Del encuentro tomaron parte también jueces de garantías de la provincia y el fiscal general de la departamental bonaerense. Según comentó Alak en conferencia de prensa, “en los próximos días deberán resolver la situación de la competencia”, aunque admitió que aún hay diferencias de criterios entre ambas administraciones judiciales.
“La justicia federal advierte que hay una unidad de acción en estos cuatro hechos y la justicia provincial cree que algunos podrían ser suyos” respondió Alak ante una consulta de Clarín. Fue después del encuentro que mantuvo este mediodía en el municipio bahiense junto a Kreplak y Gay, con referentes políticos, dirigentes gremiales y del sector médico.
Más medidas
Antes, tras la reunión con los magistrados, Alak y Kreplak mantuvieron comunicación a distancia con los ministros de Seguridad de la provincia Sergio Berni y de la Nación, Aníbal Fernández. Del diálogo, surgió el anuncio de una coordinación especial de ambos organismos, el fortalecimiento de la Unidad Antiterrorista en la ciudad y la creación de una brigada especial de explosivos.
Días antes del último ataque, en el Concejo Deliberante, había fracasado una iniciativa del Frente de Todos para adherir al pase sanitario aplicado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La propuesta fue rechazada por el bloque mayoritario de Juntos y los dos integrantes de la nueva bancada de Avanza Libertad.
“Estoy convencido de que no se trata de un ataque a las medidas sanitarias, sino que se trata de un grupo terrorista que intenta generar temor en la sociedad, utilizando temas de la agenda mediática común” dijo por su parte Kreplak.
Del encuentro en el municipio, participó el secretario general de la Asociación Médica bahiense Carlos Deguer, quien anunció que la entidad presentará una denuncia por instigación a la violencia. A esa entidad gremial, pertenecen varios de los profesionales que son mencionados, con nombre y apellido, número de teléfono y domicilio, en los panfletos que aparecieron tras el ataque a la vivienda de Núñez Fariña, redactados por un supuesto Comando de Restauración Nacional.
A la cabeza de los cuestionamientos, aparecen el titular de Región Sanitaria y su segundo, a los que califican de “directores de muerte”. Más abajo, mencionan a una decena de médicos catalogados de “cómplices” y “falsificadores profesionales de estadísticas de Covid-19”, según se lee en el libelo, que reinvindica a Mohamed Alí Seineldín.
“Lo que aparece ahí es un rejunte de cosas, absolutamente desvinculadas, la mayor parte no solo falaces sino anacrónicas. Parecieron comentarios realizados por nostálgicos de la dictadura, que utilizan algunos de los conceptos que están circulando en los medios” comentó Kreplak sobre el contenido de los volantes.
Antecedentes del caso
La ola de intimidaciones comenzó el 17 de mayo del año pasado cuando un joven realizó pintadas en el frente de una escuela de la comunidad israelita, en el macrocentro de la ciudad. La cámara de seguridad del establecimiento captó el momento en el que, con el rostro cubierto, escribía “ratas judías” y “los vamos a matar” con aerosol negro.
Una semana después, en la madrugada del Día de la Patria, un artefacto explosivo detonó sobre uno de los laterales del Ateneo Néstor Kirchner, en la esquina céntrica de Donado y Beruti. La deflagración provocó serios destrozos en el local que utiliza La Cámpora y dañó un par de vidrieras comerciales ubicadas sobre la vereda de enfrente.
“Hay varias razones para iniciar una purga. Ahora, a cuidarse traidores, ya sabemos dónde viven” advertían volantes anónimos hallados en las cercanías, junto a los escombros del edificio. Apuntaban contra miembros del Frente de Todos y eran similares a otros vistos días antes en Tandil.
La investigación, a cargo del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez logró imágenes de cámaras de seguridad particulares que mostraban a un hombre abordar un auto, en las cercanías del local. Luego derivó la mira hacia Tandil, donde hubo un allanamiento y secuestro de documentación.
En plena campaña para las PASO, Eduardo De Pedro y Santiago Cafiero, visitaron la sede atacada y el ministro del interior se mostró confiado en el esclarecimiento del hecho. “Estamos cerca”, dijo. Sin embargo, la causa no avanzó y hacia fin de año se habilitó una recompensa de hasta $ 1 millón, para quien aporte “datos útiles”.
En la madrugada del 14 de noviembre, una bomba tipo molotov estalló en el acceso a la vivienda de Olga Curipan, referente de la comunidad mapuche en la ciudad y la provincia. El principio de incendio fue sofocado por vecinos de la dirigente que se encontraba durmiendo con su familia, la noche previa a las elecciones legislativas.
Dos semanas después, en cercanías de una casa comunitaria mapuche, aparecieron volantes de un supuesto Comando de Restauración Nacional con la figura de Seineldín. “¡Muerte a los mapuches” “Fuera de Bahía Blanca” y “Fuera de Argentina” se leía allí, junto al dibujo de un arma de fuego que apunta a imagen de Curipan, con un punto en la frente.
Con un “vos y tu comunidad están sentenciados a muerte”, el texto exigía a miembros de la comunidad mapuche que se retiren de la ciudad “por las buenas”. También demandaba que desde el gobierno municipal y el Concejo Deliberante “cesen todo tipo de ayuda a estos terroristas subversivos”.
“La incertidumbre de sabernos violentados por nuestra condición identitaria es muy fuerte y dolorosa. Es una situación que no sabemos cómo manejar, frente a la constante violencia que estamos sufriendo como pueblo mapuche» dijo Curipán a Clarín. El caso fue elevado a organismos internacionales.
El 30 de noviembre, personal de Explosivos de Bomberos detonó un artefacto sospechoso, hallado de madrugada, dentro del nicho de gas de un local del Frente de Todos en Lavalle 367. Meses atrás, el frente de la sede había sido grafitteado con la frase “Zurdos traidores”.
Según la pericia de bomberos, el aparato se trataba de una pequeña garrafa, con un indicador lumínico que simulaba un detonador. A su lado, había un montaje fotográfico que mostraba a Victoria Tolosa Paz y Diego Santilli, en sus recientes visitas a la ciudad como candidatos.
Bajo la consigna “Nunca más es nunca más”, unas trescientas personas marcharon por el centro de Bahía Blanca el 6 de diciembre para repudiar la serie de atentados. “No a los discursos de odio. No a la impunidad. Exigimos investigación y esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables” demandó un comunicado consensuado por las organizaciones.