En los últimos días se convocó a una marcha para el primero de febrero en contra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. La misma está encabezada por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y apoyada por personalidades reconocidas en el área como Eugenio Zaffaroni, quien cuestionó que desde la oposición no quieran reformar la justicia ni la constitución.
Al respecto, el juez advirtió en C5N que «pensar en una restructuración del Poder Judicial y en una futura reforma constitucional le pone los pelos de punta a los gorilas» aunque remarcó que es «necesario» pensar a futuro y planea una «nueva Constitución y una estructura racional del Poder Judicial como las que hay en el mundo», algo que por el momento en Argentina no sucede.
Sumado a esto, el mencionado denunció que «no hay ningún tribunal supremo, n de control de la constitucionalidad, ni de casación que tenga cuatro jueces» y que allí nace el problema de esta encrucijada que tiene al máximo tribunal en el ojo de los cuestionamientos. Además, avisó que esta situación está afectando al «republicanismo», por lo que hay que tratarlo urgente.
Más allá de esto, también criticó el modo de trabajo de los cuatro jueces de la Corte Suprema y aseguró que «no es ninguna novedad» que «no funcione correctamente» ya que «se está centrando todo el comportamiento en cuatro personas» cuando realmente «el problema es mucho más profundo» y debe provenir desde una «reforma total» que haga un cambio radical en el sistema.
Pero, ¿La marcha es para esto?
A pesar de la propuesta de Zaffaroni, la convocatoria para el primer día de febrero es en rechazo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, de quienes piden la renuncia ante la falta de efectividad y velocidad en sus fallos. De esta manera, el reclamo no busca un cambio general tanto en la Constitución como en el Poder Judicial sino un cambio de nombres.
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