Los diputados radicales Lidia Ascárate y Ricardo Buryaile presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 755 del Código Aduanero y poner límite de esta manera a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) fije los derechos de exportación o retenciones sin autorización del Congreso.
“El Poder Ejecutivo no puede tomar como propia la facultad de establecer derechos de importación y exportación, es una facultad del Poder Legislativo porque así lo establece la Constitución”, dijeron los parlamentarios nacionales.
En el proyecto también se dispone que el Gobierno deberá enviar junto con el Presupuesto nacional la totalidad de las posiciones arancelarias que pretenda imponer en el ejercicio, para que el Congreso tome conocimiento y de acuerdo a sus atribuciones resuelva la procedencia o no de cada una, sancionando en definitiva la ley que corresponda.
“En el caso que se aprobara el proyecto, se le facilitaría al productor el diseño de la campaña agrícola al saber con varios meses de anticipación cuál será el nivel de retenciones que se le descontarán al momento de vender su mercadería, ya que se interpreta que las alícuotas no podrían modificarse en el ejercicio presupuestario siguiente, a mitad del ciclo agrícola” sostuvieron los diputados.
Según expresaron los autores del proyecto “el Código Aduanero que se dictó en 1981 durante el gobierno de facto, es anterior a la sanción de la Constitución de la reforma del 94. Por ello, advertimos que los artículos 664 y 756 del Código Aduanero deberían ser derogados, ya que la Carta Magna ha impuesto al Congreso la facultad de legislar sobre materia aduanera y así establecer los derechos de importación y exportación”.
Derogación
“En el proyecto se propone derogar el artículo 644 del Código Aduanero, por ser lo dispuesto allí una atribución del Congreso, y también modificar el artículo 26 de la ley 24.156 con “una nueva redacción en concordancia con el texto propuesto para el artículo 755 del Código Aduanero”.
Y en relación al último artículo mencionado, sostuvieron que la propuesta es de modificación y adecuación a lo ordenado por la Constitución, “creando así un mecanismo procedimental que ordena el trabajo de cada Poder del Estado, respetando por cierto el mandato constitucional”, aseguraron.
“La misma Constitución prevé que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en determinadas materias de administración o emergencia pública, con el correspondiente aval del Poder Legislativo quién establece las bases y plazos de la delegación” finalizaron.
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