Mientras las negociaciones con el FMI entran en zona gris y se suman otros frentes de batalla como los apagones de luz y el recrudecimiento de la pandemia, el Poder Ejecutivo nacional al menos intentará avanzar con pie firme en el Congreso con el llamado a sesiones extraordinarias, que está muy pronto a oficializarse.
La convocatoria oficial se publicará a fines de esta semana o principios de la próxima, según indicaron fuentes del Gobierno a NA y, si bien no hay una fecha definida, la Casa Rosada ya bajó la orden a las tropas oficialistas de Diputados y Senado para que estén listos, en Buenos Aires, a partir del 17 de enero.
El Gobierno necesita aprobar una serie de proyectos que le quedaron pendientes para definitivamente cerrar la página del 2021, y entonces sí abocarse a partir de marzo a llenar la hoja en blanco del 2022. Entre ellos están las leyes de Consenso Fiscal 2022, Hidrocarburos, Agroindustrial, Automotriz, Electromovilidad, y Compre Nacional, además de -posiblemente- la reforma del Consejo de la Magistratura.
También sigue sobrevolando la posibilidad de que se presente el “Plan Plurianual” anunciado a fines del año pasado por el presidente Alberto Fernández, un programa de metas compatible con los criterios y objetivos de desarrollo productivo y economía fiscal comprometidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un mensaje grabado luego de las elecciones legislativas, a mediados de noviembre pasado, Fernández había prometido que “la primera semana de diciembre” enviaría al Congreso dicha iniciativa. En aquel momento, en Balcarce 50 confiaban en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, iba a poder acercar las posiciones, pero luego a esas expresiones de voluntarismo político se las tragó la realidad, con un FMI que pide mayor ajuste de las cuentas fiscales.
“Los rivales juegan”, graficaba el ministro en una respuesta al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien durante la reunión en el Museo del Bicentenario de la semana pasada intentó azuzar al jefe del Palacio de Hacienda para que adopte una estrategia más aguerrida y menos complaciente frente a los intereses del organismo de crédito.
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Ese día, en el que Guzmán habló del “cuadro de relaciones de poder” en el que el Gobierno debía operar, lo que dejó más en evidencia que nunca la debilidad de la posición argentina, la intransigencia del FMI y lo lejos que aún estaba el acuerdo.
“Las naciones avanzadas, fuertes, no acuden al FMI. Es ese el campo en el que toca negociar”, desarrollaba Guzmán en su respuesta a quien ocupó su sillón de ministro durante la última presidencia de Cristina Kirchner.
Antes de llegar a un entendimiento con el FMI, Alberto Fernández busca un gran consenso nacional que incluya a los principales referentes de la oposición sobre la cuestión de la deuda externa y la defensa de los intereses argentinos.
Sin embargo, ese consenso parece lejos luego de que la cúpula de Juntos por el Cambio cuestionara a Gerardo Morales por haber expresado que la deuda de 45.000 millones de dólares la contrajo el macrismo, lo que evidenció que en la oposición no hay todavía un acuerdo sobre el diagnóstico del problema.
“Me temo, Alberto, que están planeando no acompañar cualquier acuerdo. Éramos diputados y pedimos mil veces que vengan a discutir al Parlamento. No vinieron y ahora se quejan de que estamos haciendo más reuniones”, le advirtió Kicillof al presidente.
Otro tema que podría ser incorporado en la agenda para las extraordinarias es la reforma del Consejo de la Magistratura, dado que ya hay un proyecto del Ejecutivo que ingresó por el Senado a fines de 2021.
El tema preocupa a todo el arco político pero de uno y otro lado advierten sobre la dificultad para construir una mayoría en el nuevo Congreso que permita avanzar con ese punto. La Corte Suprema anuló la reforma de Cristina Kirchner del 2006 y emplazó al Parlamento para que en un plazo de cuatro meses contando desde mediados de diciembre se sancione en ambas cámaras una nueva ley, que precisaría una mayoría agravada (un objetivo imposible sin acuerdo previo entre las fuerzas).
Vencido ese plazo, la consecuencia sería la nulidad de todas las decisiones tomadas por el Consejo (que entre otros funciones tiene la de seleccionar los jueces y fiscales federales de todo el país) y la vuelta a la integración original previa a la reforma del 2006.
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