En medio de la expectativa por la posible convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, el radicalismo presentó este miércoles 12 un proyecto de ley para encarar una reforma al Consejo de la Magistratura, con varias diferencias respecto al que ya envió el oficialismo durante diciembre.
El 16 de diciembre pasado, la Corte Suprema dictó la inconstitucionalidad de la actual composición del organismo que selecciona y remueve jueces y emplazó al Congreso a dictar una nueva ley en los sucesivos 120 días, plazo que se cumplirá durante abril.
Es por eso que desde los distintos sectores comenzaron a surgir alternativas para realizar los cambios y evitar el freno del funcionamiento del organismo, lo que sucedería en el caso de que no se apruebe la ley para ese entonces.
El texto fue presentado por el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, quien en primer lugar propuso llevar a 20 integrantes la composición del Consejo, que desde hace 15 años viene funcionando con 13 miembros. El proyecto del Frente de Todos, en cambio, propone una integración de 17 referentes de distintos ámbitos.
Los 20 miembros se integrarían con el presidente de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo, cuatro senadores: dos por el bloque con más integrantes, uno para la segunda bancada y uno para la tercera, cuatro diputados: dos por el bloque con más integrantes, uno para el segundo y uno para el tercero, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal elegidos directamente por los profesionales, dos por la Capital Federal y dos por el interior, cuatro jueces y dos representantes de las facultades de derecho.
En todos los casos se subraya que se deberá mantener la equidad de género por cada una de las categorías a elegir.
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“En primer lugar, al volver a los 20 miembros, terminamos con el vicio que acarreó la ley de 2006 que estableció un predominio de los estamentos políticos sobre los no políticos. Ahora ninguno de los dos sectores tendrá quórum propio, que queda en 12”, explicó Negri.
Si bien se mantiene el procedimiento de selección de magistrados, se encaran modificaciones que buscan mayor “transparencia y celeridad”, según se explica, acortando los plazos, estableciendo mecanismos para una más eficiente integración de jurados, garantizando legalmente el anonimato en las pruebas de oposición, estableciendo porcentajes en la ley para los antecedentes (40%) y para la oposición (60%).
En ese aspecto, se señala que en las ternas se debe garantizar la integración igualitaria de género, estableciendo un procedimiento para ello y asimismo se le otorga un claro sentido a la audiencia pública del postulante ante el pleno, lo que actualmente carecía de mayor sentido, indica el texto.
Otro de los ejes del proyecto de Negri es buscar mayor celeridad en los procedimientos, para “no incurrir en dilaciones injustificadas de estos procedimientos de selección que constituyen uno de los elementos críticos en relación a las vacantes que afectan al Poder Judicial de la Nación”. Es por eso que se propone reducir de trres años a un año la posibilidad de mantener abierto y sin resolución un expediente disciplinario o de acusación de magistrados.
También se establece un plazo límite de un año para tramitar una causa disciplinaria o de acusación, al tiempo que se consagra expresamente el derecho al debido proceso y defensa en juicio del denunciado.
El escenario parlamentario
En pleno receso estival, el Congreso aguarda ahora un posible llamado a sesiones extraordinarias por parte del presidente Alberto Fernández, con una lista de temas en la que tendría preponderancia la reactivación aunque con otros focos como el judicial.
Precisamente, este es un apartado que no ha tenido particular éxito durante los últimos dos años de trabajo parlamentario y tanto la reforma judicial como el proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal quedaron sin aprobación, por falta de número en la Cámara de Diputados, situación que no se ha revertido pese a la renovación electoral.
En ese sentido, en el Congreso se espera una discusión intensa con numerosas reuniones, ya que se entiende que van a ser convocados al debate las distintas asociaciones que nuclean a jueces, abogados, fiscales y otros estamentos ligados al servicio de Justicia, además de los intercambios que ya se están dando entre el oficialismo y la oposición.
El diputado del PRO Pablo Tonelli fue otro de los que presentó un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura por lo que ya existen varias propuestas para intentar llegar a un texto con el mayor nivel de consenso unificado, o al menos un dictamen del oficialismo que no genere un completo rechazo en el resto de las fuerzas y que pueda alcanzar la mayoría simple para su aprobación en ambas cámaras.
Fuente: perfil
