La política exterior de Argentina en temas de derechos humanos ha sido “errática y totalmente inconsistente”, sobre todo en temas vinculados con los regímenes de Venezuela y Nicaragua, dijo la organización Human Rights Watch, y uno de los ejemplos de esa inconsistencia se vio estos días en Managua, con la participación del embajador argentino en una ceremonia con uno de los acusados iraníes del atentado a la AMIA.
La organización con sede en Washington presentó su informe mundial 2022, que cubre más de 100 países y que tiene un análisis particular de la situación de los derechos humanos en cada nación.
En el marco de la presentación, Clarín dialogó con Tamara Taraciuk Boner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch, quien sobre el caso argentino advirtió sobre la política “errática y totalmente inconsistente” del gobierno de Alberto Fernández en el caso de Nicaragua y Venezuela.
Remarcó que nuestro país se abstuvo de votar resoluciones en la OEA que condenaban los abusos de régimen de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, pero por otra parte las apoyaba en la ONU en Ginebra.
Además, remarcó, Argentina “criticó acertadamente” los abusos de las fuerzas de seguridad colombianas durante protestas, pero no ha dicho nada similar ante las graves violaciones a los derechos humanos en las marchas en Cuba. “Uno no puede ser selectivo cuando elige qué tema de derechos humanos criticar a nivel global”, dijo.
Señaló que “esa inconsistencia quedó en evidencia con el escándalo que hubo esta semana en Nicaragua”, con la participación del representante del gobierno argentino en el mismo lugar donde estaba un iraní implicado en el peor atentado terrorista en la Argentina”, el de la AMIA, que causó 85 muertos.
El embajador Daniel Capitanich estuvo en la ceremonia de asunción de Ortega a la que también asistió el funcionario iraní Mohsen Rezai, que tiene pedido de captura de Interpol por el atentado.
“El hecho deja en evidencia sin ninguna duda esta política exterior errática en materia de derechos humanos que por error, por omisión o por tontería dejó al gobierno argentino en la foto donde Ortega está rodeado de dictadores. Los amigos de Ortega en la asunción son Díaz-Canel, Nicolás Maduro y un iraní implicado en un atentado terrorista. ¿El gobierno argentino quiere estar en esa foto?”, se preguntó Taraciuk.
Y advirtió: “Argentina tiene la posibilidad de jugar otro papel y no lo ha jugado. Para ser un líder regional o global hay que ser consistente en las posiciones que un gobierno toma y la Argentina no las ha estado tomando”.
“Claramente estamos ante una situación que es un problema. A partir de esta semana Argentina preside el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y ojalá sirva como puntapié para tener una voz más clara en temas de derechos humanos”.
El sistema judicial
El informe resalta otra preocupación sobre Argentina: “Algunas de las reformas que ha propuesto el Gobierno al sistema judicial y al Ministerio Público suponen un riesgo para la independencia de estas instituciones. Asimismo, las demoras en la designación de jueces permanentes socavan el sistema judicial”, señala.
Taraciuk apunta que en ese sentido en la región se ven “graves retrocesos” sin una justicia independiente como en las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela y otros países con “tendencias autoritarias” como El Salvador, Brasil o México.
En Argentina no se llega a esos casos pero, señala, “hubo esfuerzos para debilitar la independencia judicial y esto es muy complicado” porque amenaza los contrapesos necesarios en cualquier democracia.
El informe menciona concretamente las propuestas de reformas al Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal. También la falta de designación de un Defensor del Pueblo. “Es una vergüenza que el puesto permanezca vacante porque es una institución que tiene la facultad para proteger derechos”, señala Taraciuk.
Ataques a la prensa
El reporte señala que “autoridades de alto nivel, incluyendo el presidente Alberto Fernández, han empleado una retórica hostil contra la prensa independiente, acusándola de propagar “noticias falsas” al informar sobre temas de interés público, incluyendo las irregularidades en la distribución de vacunas contra el Covid-19”.
Taraciuk destaca que “cuando el Presidente habla de “fake news” o cuando la vicepresidenta dice que los argentinos se merecen mejores medios de comunicación, no contribuyen al funcionamiento democrático. La prensa juega un papel importante haciendo preguntas difíciles, exponiendo el abuso y la democracia requiere tolerancia a ese trabajo”.
La organización remarca también que en Argentina existen problemas de derechos humanos históricos, como el abuso policial, condiciones deficientes de detención y la violencia endémica contra las mujeres.
Resalta que el Congreso aprobó en una votación histórica la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, y puso fin a un modelo de causales de casi un siglo que ponía en riesgo la salud y la vida de las mujeres. “Sin embargo, la implementación de la ley continúa siendo un desafío”, apuntó.
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