Eran las 2 de la tarde de un sábado de octubre de 2001. La Plaza de Mayo estaba desierta. Convencido de que el país se deslizaba al abismo, el diplomático español Carmelo Angulo -por entonces representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- había iniciado discretos contactos con dirigentes del quehacer nacional con el fin de ayudar desde el intercambio franco a prevenir una debacle.
Gracias a los buenos oficios de su asesor de prensa, el ex vocero de Raúl Alfonsín, José Ignacio López, ahora estaba por ser recibido por el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio. Grande fue su sorpresa cuando se percató de que quien estaba abriendo el portón de la curia metropolitana para que ingresara con su auto era el propio Bergoglio. Inmediatamente, se bajó e intentó disculparse por la molestia que le estaba ocasionado. Pero este le respondió en el acto: “Si los cardenales no estamos para abrir puertas, ¿para qué estamos?”.
La afirmación de Bergoglio resultó profética. Desde que el embajador Angulo llegó al país, en abril, y se reunió con el entonces presidente Fernando De la Rúa, su prédica en favor de una concertación se fue intensificando.
No tardó en darse cuenta de que hacía juego con los insistentes llamados de los obispos al diálogo a partir de un convencimiento compartido de que la raíz del problema en el país es moral. ¿Y por qué no hacer algo desde las Naciones Unidas y la Iglesia?
Diciembre llegada y la situación política, económica y social se agravaba. El gobierno de la Alianza había entrado en crisis el año anterior con al renuncia de su vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez, que se profundizó en octubre de 2001 con la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas. El escepticismo de la gente se expresó en un 24 % de votos en blanco o anulados y casi 25 % de abstención (niveles récord desde la vuelta a la democracia). De la Rúa estaba lejos de controlar la situación.
La idea de una mesa de diálogo empezaba a tomar forma. El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, se animó a darle luz verde, acaso más movido por el espanto que por el convencimiento de su efectividad. De hecho, le vaticinó a Angulo que, tal como iban las cosas, “nos ponemos el país de sombrero”. Claro que había algunas limitaciones de parte de sus promotores. El aporte de Naciones Unidas debía ser meticuloso para evitar la acusación de entrometerse en los asuntos internos del país.
A su vez, la Iglesia consideraba que no le correspondía convocar a un diálogo, sino que quien debía hacerlo era el gobierno. El representante del PNUD viajó a Paraná y Rosario para entrevistarse con sus respectivos arzobispos en sus condiciones de presidente y vice de la Conferencia Episcopal, monseñores Estanislao Karlic y Eduardo Mirás, para redondear la idea y confirmar su beneplácito. El tiempo apremiaba. El país era un tembladeral.
En ese marco, surgió la idea de convocar a una reunión multisectorial en la sede de Cáritas, a dos cuadras de la Casa Rosada, para el 19 de diciembre. Formalmente, se anunciaba que en la ocasión el PNUD iba a presentar un estudio sobre la situación del país. Pero evidentemente quería ser un espacio para el encuentro de prácticamente todos los principales dirigentes del país -o sus delegados- con el fin de empezar a buscar coincidentes que eviten un colapso.
Allí estuvieron, entre muchos otros, los políticos Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín, y Eduardo Bauzá (en representación de Carlos Menem); empresarios como José Ignacio de Mendiguren (UIA); sindicalistas como Hugo Moyano y Rodolfo Daer (CGT). La cita comenzó con una exposición del presidente de Cáritas, el obispo Jorge Casaretto, en la que exhortó a que “todos asumamos nuestra parte de responsabilidad en la crisis que vive el país”.
Colombo había anticipado que iría el presidente. Y así fue. Ingresó cuando promediaba el encuentro. En un momento tomó la palabra, pero -según coinciden varios testigos- transmitió la sensación de que estaba ausente, abstraído. En la calle, un clima cada vez más caldeado hacía presumir incidentes. De hecho, cuando De la Rúa se retiró, una piedra se estrelló en la luneta trasera de su auto.
Adentro, Angulo advertiría a los presentes: “Si yo fuera ustedes, no me levantaría hasta que logren acuerdos mínimos”. Pero no se lograron. En el país estallaban los saqueos y las protestas, éstas últimas potenciadas por un corralito que limitaba el retiro de dinero de los los bancos a 250 pesos semanales: A la noche, el presidente anunciaba el establecimiento del estado de sitio. Al día siguiente, tras una dura represión con un saldo de 27 muertos, renunciaba.
Luego vendrían a ocupar la presidencia en poco más de una semana Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y, finalmente, asumiría Eduardo Duhalde, quien decidió retomar la idea de una mesa de diálogo con la asistencia del PNUD y la Iglesia. Y lo anunció en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el primero de enero de 2002.
El 14 de enero, Duhalde lanzó la iniciativa en el colonial monasterio de Santa Catalina, en el microcentro porteño, rodeado de monseñor Karlic y de Angulo. A pocos metros estaban los obispos Casaretto, Juan Carlos Maccarone y Artemio Staffolani, los coordinadores por la Iglesia. Por el gobierno se contarían el senador Antonio Cafiero, el diputado José María Díaz Bancalari y el secretario de Gabinete, Juan Pablo Cafiero. A pedido del PNUD se sumaría el embajador argentino Carlos Sersale.
Inmediatamente, los coordinadores comenzaron a recibir durante dos semanas a los representantes de los distintos sectores. “Si bien se pensó en reuniones conjuntas, no era posible por la desconfianza que había entre los dirigentes, no solo de las diversos partidos y entidades, sino dentro de las mismas fracciones políticas y las instituciones”, recuerda José Ignacio López. Y completa: “Por eso, lo primero que se quería lograr era la recuperación de la confianza”.
El siguiente escollo era que la mayoría de los dirigentes planteaban reclamos en vez de hacer aportes. Luego se crearon mesas sectoriales relacionadas con la política, la justicia, la salud, la educación y el trabajo con vistas a elaborar propuestas que, en muchos casos, debían ser traducidas en anteproyectos de ley para ser elevados a consideración del Congreso.
No obstante, la situación social apremiaba. Entonces surgió un subsidio que fue el embrión del Plan Jefes y Jefas de Hogar, que terminó siendo clave para descomprimir la tensión. También comenzó a implementarse con éxito un programa de acceso a los medicamentos. Pero todo lo demás -entre ellos una propuesta de una profunda reforma política- fueron quedando en la nada.
Es que la paulatina recuperación de la calma social junto a un incipiente encauzamiento de la economía llevaron a los dirigentes a ir perdiendo el interés en la mesa de diálogo y a preanunciar su fin. “Después de que se les pasó el miedo, muchos de los que tenían cara de desesperación en la reunión de Cáritas dejaron de estar dispuestos a avanzar en los consensos, pese a que los problemas de fondo seguían”, lamenta López.
Para López “toda la dirigencia, no solo la política, debe reconocer que estaba y está en crisis y que tiene su cuota de responsabilidad en la situación del país o, de lo contrario, marchamos hacia la disgregación”. Cristina Calvo, que fue perito por parte de la Iglesia en aquel espacio, considera que debería retomarse la búsqueda de los consensos comenzando por el cuidado de las palabras que usan los políticos para criticarse y precisa que es al gobierno al que le corresponde hacer la nueva convocatoria.
En su libro de memorias que presentó en 2016, el obispo Casaretto dice que “una conclusión muy clara (que arrojó la mesa de diálogo) fue que la solución de un país pasa por la política. Lo cual significa – redondea- que mientras no se den los cambios en la dirigencia política no vamos a encontrar los principales remedios a nuestros males”. ¿Falta mucho para eso?
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