La presencia de un iraní acusado por el atentado contra la AMIA en la asunción del presidente nicaragüense Daniel Ortega, en un acto al que asistió el embajador argentino, acumula ya tres denuncias penales, una de las cuales involucra incluso al mandatario centroamericano. La última denuncia fue presentada por el partido político Republicanos Unidos, con la firma del funcionario del gobierno porteño Yamil Santoro y los abogados José Magioncalda, José Patiño y Paulo Vitaver.
Previamente, el diputado opositor Waldo Wolff y el abogado Santiago Dupuy de Lome también habían formulado sendas denuncias, apuntando especialmente al canciller, Santiago Cafiero, y al embajador Daniel Capitanich. La denuncia de Republicanos Unidos sostiene que “en delitos cometidos en otro país que tienen efectos en Argentina corresponde que intervenga nuestra Justicia”.
“Consideramos que el dictador Ortega encubrió a un acusado con pedido de captura. No solo no lo detuvieron, aunque sea provisoriamente, sino que lo recibieron con honores”, sostiene la presentación judicial. “Venimos a denunciar al dictador nicaragüense Daniel Ortega y/o a demás funcionarios del régimen que gobierna la República de Nicaragua, por el delito tipificado en el artículo 277 del Código Penal”, indica el texto.
Ese artículo tipifica en la ley argentina el delito de “encubrimiento”. Además, imputó a los funcionarios argentinos los delitos de “omisión de denuncia y de incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Las denuncias apuntan a la presencia del funcionario iraní Mohsen Rezai, sobre quien pesa un alerta roja de Interpol (pese a lo cual no fue detenido) en el acto de asunción de Ortega. La denuncia inicial recayó en el juzgado federal a cargo del magistrado Sebastián Casanello, por lo que todo indica que las demás se acumularán en ese expediente por “conexidad”.
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