La fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri se pronunció a favor de la suspensión provisoria de la exploración petrolera off shore frente a las costas de esa ciudad balnearia autorizadas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La fiscal condicionó las tareas previstas “hasta tanto se realice una evaluación ambiental estratégica y se dé cumplimiento estricto de todas las previsiones normativas en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional”.
La causa está a cargo del juez federal de Mar del Plata Santiago Martín, quien deberá pronunciarse en los próximos días, atento a la naturaleza urgente que reclama el pedido de una medida cautelar por parte de un vecino y una organización ambientalista.
En las últimas horas se sumaron al menos otras dos acciones contra la exploración petrolera en aguas profundas: la del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y la de la organización ecologista Greenpeace.
Para la fiscal Mazzaferri, están configurados “los presupuestos legales para habilitar la instancia federal”, debido a la invocada “potencial peligrosidad que produciría la prospección sísmica y la eventual explotación petrolífera frente a las costas de Mar del Plata”.
La fiscal entendió que “la resolución recurrida, que ha autorizado las prospecciones sísmicas, se habría dictado sin la intervención de un organismo que, conforme la Ley de Parques y Monumentos Históricos, debía ser consultado de manera obligatoria, teniendo en cuenta el carácter de monumento natural de la ballena franca-austral”.
A ello “se suma la alegada falta de debido acceso de todos los ciudadanos a los informes de impacto ambiental utilizados, así como la realización de todos los estudios adecuados requeridos, por lo que solicitó que se hiciese lugar”, añadió.
El dictamen hace hincapié, además, en eventual “contaminación sonora de la actividad de exploración sísmica y a la falta de un estudio de impacto ambiental imparcial en relación con la exploración y eventual explotación, que contemple además todos los ribetes potencialmente dañosos de la actividad denunciada”. La acción de fondo de los amparos presentados apunta a declarar la nulidad de la autorización dispuesta por el gobierno nacional.
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