A siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman y mientras la investigación continúa trabada entre los peritajes y los testimonios, la DAIA pidió volvió a pedir justicia con un emotivo video.
“7 años exigiendo el esclarecimiento de su asesinato. 7 años exigiendo justicia”, se puede leer al inicio de la filmación que tiene menos de dos minutos de duración.
Mientras van pasando fotos del fiscal, quien toma la palabra es el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits. “Estuve con Alberto Nisman tres días antes de su muerte. Alberto Nisman no era un suicida. Alberto Nisman era un investigador entusiasta. Alberto Nisman no se suicidó”, aseguró el presidente de la entidad judía.
Y agregó: “Una hoja más en blanco, como blanco está hace 30 años la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, como el blanco está hace casi 28 años el atentado contra el edificio comunitario de la Ciudad de Buenos aires y como hace 7 años en blanco está la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman”.
“Ay de las generaciones que deben juzgar a sus jueces”, afirmó.
El 18 de enero de 2015, el fiscal a cargo de la la UFI-AMIA apareció muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza. Eso ocurrió cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a un grupo de colaboradores por el encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.
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La Cámara Federal porteña aseguró que Nisman fue asesinado en el marco de sus funciones. Estaba en vísperas de ir al Congreso a presentar las pruebas de una denuncia que hoy quedó al borde de la nada: en octubre, el tribunal que debía llevar adelante el juicio oral a la hoy vicepresidenta dijo que el Pacto con Irán no fue un delito.
“Es una decepción lo ocurrido, sin dudas. La verdad que esto no es un modo razonable de terminar un proceso tan importante en la causa que es tan triste para la memoria y el agravio de la Justicia en la República Argentina”, analizó en ese momento Knoblovits. Y se preguntó: “Si no hay juicio ¿cómo sabés que no hay delito?”
El fallo sobreseyó a todos los acusados, aunque las querellas buscan revertir esa decisión en Casación. Mientras tanto, el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 voló la mutual judía y mató a 85 personas sigue impune.
La causa que busca esclarecer la muerte de Nisman tiene a cinco procesados. El principal es Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue acusado de haber sido partícipe necesario en el crimen porque su arma se usó para dar muerte a Nisman; el resto son los cuatro custodios que debían proteger ese fin de semana al fiscal de la causa AMIA, implicados en encubrimiento de homicidio e incumplimiento de los deberes de funcionario.
“Alberto investigó la causa más contaminada de la Argentina. La causa AMIA estuvo atravesada por servicios de inteligencia y políticos. Alberto fue quien pudo enderezar esa causa. Todos sabemos que cuando las certezas se alejan de lo jurídico, lo que opera es el desorden y el caos. Cuando se firmó un pacto con el acusado del atentado a la AMIA se quitaron la certezas. Cuando se dice que en la causa hay que revisar pericias y se violan las pruebas también están violando las certezas. Cuando se violan las certeza desaparece el delito”, había afirmado el presidente de la DAIA al cumplirse 26 años de la muerte del fiscal.
Hoy, la investigación se desliza sobre cuatro ejes: la profundización sobre las comunicaciones telefónicas que tuvieron lugar ese fin de semana, la convocatoria a más agentes de inteligencia -puntualmente a los que ocuparon altos cargos al momento de los hechos-, el análisis de los equipos informáticos secuestrados a los imputados -que se había demorado por un recurso de Lagomarsino que escaló hasta la Corte Suprema y fue rechazado hace unos meses- y el seguimiento de la pista sobre el incendio que ocurrió en la Casa Rosada en la tarde del 17 de enero, un día clave para la causa Nisman.
Precisamente, el análisis de los registros de ingresos y egresos a Balcarce 50 que se destruyeron ese día con el fuego era una de las pruebas a las que apuntaba Nisman para acreditar su denuncia. La fiscalía ya solicitó el informe forense y ordenó el interrogatorio de personal de la Casa Militar para saber cómo eran los protocolos de seguridad en esos registros de 2015.
Durante este año, de la lista de 89 testigos que se había ordenado, declararon una treintena de ex agentes, en medio de las limitaciones que impone el COVID-19. la necesidad de hacerlo en un lugar ajeno a la fiscalía y el operativo que impone la declaración bajo reserva de esas testimoniales.
Fuente: Infobae
