La polémica diplomática generada por la visita a Nicaragua de un iraní acusado por el atentado a la AMIA es una más de una serie de episodios en los que funcionarios persas lograron viajar a distintos países pese a que sobre ellos pesan alertas rojas de Interpol.
La presencia del vicepresidente para Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, Mohsen Rezai, en la ceremonia de asunción del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el pasado 10 de enero en Managua provocó un escándalo internacional que puso en la lupa la verdadera efectividad de las circulares de Interpol, principalmente porque otros acusados de la atentado terrorista contra la mutual judía ya habían burlado el pedido de captura librado por la Justicia argentina.
El antecedente más inmediato corresponde a julio de 2018, cuando el ex canciller iraní Ali Akbar Velayati viajó a Moscú para reunirse con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.
El persa, que al momento del atentado a la AMIA estaba al frente de la cartera diplomática de su país, se había trasladado hasta la Residencia Presidencial de Novo-Ogaryovo en su calidad de asesor en Asuntos Internacionales del líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatollah Ali Khamenei.
En aquella ocasión, el entonces canciller argentino, Jorge Faurie, había cursado el exhorto judicial que llevaba la firma del ahora ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral para la detención del iraní, en vistas del tratado de extradición bilateral vigente con Rusia.
Sin embargo, la burocracia -y la geopolítica- frustraron el pedido de captura y Velayati concretó su agenda en Moscú y luego se trasladó hacia la vecina China, en donde se repitió la historia: el entonces embajador argentino en Beijing, Diego Guelar, presentó a la Cancillería del gigante asiático el requerimiento judicial para detener al iraní, que finalmente no se concretó.
Anteriormente, en mayo de 2011, el entonces ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, estuvo en Bolivia: el dirigente persa, sobre quien también pesaba una alerta roja de Interpol, visitó en esa ocasión la ciudad de Santa Cruz, en donde asistió a la inauguración de la Escuela de Defensa y Seguridad de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). La sorpresa mayor estuvo en que el acto fue encabezado por Evo Morales, que en ese momento ejercía la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
La queja diplomática estuvo en manos de Héctor Timerman, que se encontraba al frente del Palacio San Martín: pese a que el entonces fiscal de la Unidad Especial AMIA, Alberto Nisman, había advertido a Interpol de la visita de Vahidi al vecino país, la detención no se produjo y el Gobierno boliviano expulsó al iraní.
Otro antecedente de los viajes por el mundo de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía ocurrió en 2003 el Reino Unido, en donde efectivamente fue detenido el ex embajador de la nación persa en Buenos Aires Hadi Soleimanpour.
El diplomático fue capturado el 22 de agosto de ese año en la ciudad inglesa de Durham por la Policía local, que había actuado bajo órdenes de Scotland Yard tras un pedido internacional de arresto librado desde Comodoro Py por el entonces juez federal Juan José Galeano.
Soleimanpour residía en la pequeña ciudad inglesa desde febrero de 2002, con una visa de estudiante para cursar un posgrado en la Durham University: en septiembre de 2003 quedó libre tras pagar una fianza de un millón de euros.
Pese a la captura, el Gobierno británico, en ese momento conducido por el primer ministro Tony Blair, rechazó en noviembre de 2003 la extradición del ex embajador de Irán en Buenos Aires por considerar que la prueba enviada por Galeano era insuficiente.
La causa AMIA no encuentra un cierre con justicia y los acusados iraníes continúan burlando las circulares rojas de Interpol que pesan sobre ellos.
Otras noticias
