La democracia, concebida como el gobierno de todos para todos, ha devenido en los últimos tiempos en una forma de oligarquía, que es el rasgo que caracteriza la conducta de nuestros representantes en la actualidad, que buscan perpetuar un sistema que, al tiempo que reniega de los principios de la democracia, busca usufructuar in eternum los privilegios que obtienen precisamente en nombre de la democracia. El reciente fallo de la Corte Suprema de Tucumán en el caso que Iriarte, no es sino una expresión más de actos que no se inspiran en una ética democrática. Juzgar que la identificación de las personas que trabajan para la Legislatura provincial y los legisladores constituye un “tema sensible” que puede afectar el prestigio y la dignidad de los empleados involucrados implica la ruptura de uno de los fundamentos del sistema republicano, relativo a la transparencia de los actos de gobierno, y la negación del derecho de todo ciudadano -reconocido dentro del complejo de los derechos humanos- de conocer lo que hacen los gobernantes con los recursos que provienen de los impuestos que pagan. La naturaleza pública del “empleo público” excluye la idea de tratarse de una cuestión sensible en los términos de la ley, desde el momento que los involucrados asintieron a ocupar dichos cargos. La publicidad de los nombramientos a nadie puede afectar, si como antecedente tenemos que los propios beneficiarios han consentido y aceptado al ingresar, la condición de empleados públicos del Estado. Nos preguntamos entonces si estos empleados de la Legislatura desempeñan sus tareas de modo secreto para que nadie los pueda ver. En ese caso, preguntamos cuáles son las razones. O también, si los nombramientos han sido hechos al solo fin de percibir una remuneración del Estado sin contraprestación alguna, lo que lleva a otro ámbito de conjeturas. El fallo de la CSJ no hace otra cosa que refrendar -como una escribanía de gobierno- la vigencia y validez de tales nombramientos, significando esto un obstáculo para conocer quiénes son, qué actividades desempeñan y sueldos que perciben en cada uno de los casos. El fallo del Tribunal Supremo de Justicia -titular de uno de los poderes independientes del Estado- ha faltado al compromiso de aportar con su sentencia lo necesario para construir un poco más de institucionalidad en la Provincia.
Jose Luis Díaz Robin
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Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas por e-mail a: [email protected], consignando domicilio real y N° de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA se reserva el derecho de publicación.
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Jose Luis Díaz Robin
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Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas por e-mail a: [email protected], consignando domicilio real y N° de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA se reserva el derecho de publicación.
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La democracia, concebida como el gobierno de todos para todos, ha devenido en los últimos tiempos en una forma de oligarquía, que es el rasgo que caracteriza la conducta de nuestros representantes en la actualidad, que buscan perpetuar un sistema que, al tiempo que reniega de los principios de la democracia, busca usufructuar in eternum los privilegios que obtienen precisamente en nombre de la democracia. El reciente fallo de la Corte Suprema de Tucumán en el caso que Iriarte, no es sino una expresión más de actos que no se inspiran en una ética democrática. Juzgar que la identificación de las personas que trabajan para la Legislatura provincial y los legisladores constituye un “tema sensible” que puede afectar el prestigio y la dignidad de los empleados involucrados implica la ruptura de uno de los fundamentos del sistema republicano, relativo a la transparencia de los actos de gobierno, y la negación del derecho de todo ciudadano -reconocido dentro del complejo de los derechos humanos- de conocer lo que hacen los gobernantes con los recursos que provienen de los impuestos que pagan. La naturaleza pública del “empleo público” excluye la idea de tratarse de una cuestión sensible en los términos de la ley, desde el momento que los involucrados asintieron a ocupar dichos cargos. La publicidad de los nombramientos a nadie puede afectar, si como antecedente tenemos que los propios beneficiarios han consentido y aceptado al ingresar, la condición de empleados públicos del Estado. Nos preguntamos entonces si estos empleados de la Legislatura desempeñan sus tareas de modo secreto para que nadie los pueda ver. En ese caso, preguntamos cuáles son las razones. O también, si los nombramientos han sido hechos al solo fin de percibir una remuneración del Estado sin contraprestación alguna, lo que lleva a otro ámbito de conjeturas. El fallo de la CSJ no hace otra cosa que refrendar -como una escribanía de gobierno- la vigencia y validez de tales nombramientos, significando esto un obstáculo para conocer quiénes son, qué actividades desempeñan y sueldos que perciben en cada uno de los casos. El fallo del Tribunal Supremo de Justicia -titular de uno de los poderes independientes del Estado- ha faltado al compromiso de aportar con su sentencia lo necesario para construir un poco más de institucionalidad en la Provincia.
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