Más tarde de lo previsto inicialmente, Alberto Fernández firmó este martes el decreto con el llamado a sesiones extraordinarias para el mes próximo que incluye el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, el consenso fiscal y otras 16 iniciativas que la Casa Rosada busca discutir en medio de una puja creciente con la oposición.
El temario, que el Gobierno tenía previsto publicar en el Boletín Oficial a la medianoche de este martes, está compuesto además por el proyecto que busca regular la producción, industrialización y comercialización del cannabis y una serie de iniciativas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, como el “Régimen de Fomento del Desarrollo Agroindustrial”, la promoción de inversiones en la industria automotriz y la electromovilidad, entre otras.
La agenda, que según el decreto de convocatoria puede ser discutida entre el 1 y el 28 de febrero, se da en un contexto de pelea política entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio que incluso llevó al oficialismo a retrasar hasta el mes próximo el llamado.
Altas fuentes oficiales habían confirmado semanas atrás que la intención de la Casa Rosada era convocar a sesiones extraordinarias a partir del 20 de enero. Al final, decidieron ajustar el temario para febrero.
En ese sentido, también desde la oposición trataban en estos últimos días de unificar posturas de cara a los dos proyectos más ríspidos del temario oficial: el aumento de los miembros del Consejo de la Magistratura y el consenso fiscal que firmaron las provincias y la Casa Rosada antes de fin de año y que contó, por ejemplo, con la adhesión de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
Apurado por la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, que falló en contra de la modificación del 2006 impulsada por el kirchnerismo, el Gobierno envió a principios de diciembre al Parlamento el proyecto que busca ampliar de 13 a 20 el número de integrantes del consejo, que se encarga de la selección y remoción de los jueces.
Urgida, la Casa Rosada envió la iniciativa -que ingresó por la Cámara alta- frente a la posibilidad de que el máximo tribunal disponga que su presidente, Horacio Rosatti, encabece el Consejo de la Magistratura una vez declarada la inconstitucionalidad de la ley del 2006.
El vínculo del Gobierno con la Corte pasa por su peor momento. Con Rosatti, de hecho, el diálogo es casi nulo. El 1 de febrero, por caso, está prevista una marcha de sectores ligados al kirchnerismo, y avalada por funcionarios que responden a Cristina Kirchner, que piden la renuncia de los cuatro magistrados del máximo tribunal.
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