Argentina le reclamó este martes al régimen de Nicolás Maduro que enjuicie a los violadores de los derechos humanos en Venezuela.
Fue en el marco de una sesión del Consejo de Derechos de Humanos de las Naciones Unidas, espacio en los que el Gobierno nacional suele ser crítico frente a los abusos del chavismo y del sandinismo en Nicaragua.
Distinta es la postura del Gobierno en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde la Argentina se abstiene de condenar a Nicaragua y Venezuela, y rechaza incluir a Cuba como tema de discusión por estar excluida de la OEA.
La sesión de este martes en Ginebra contempló la particular situación de que Argentina presidirá el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante todo este año, por lo tanto, el representante argentino Federico Villegas Beltrán se ausentó para comandar el plenario de países.
En ese contexto ocurrió una particular situación cuando el diplomático del régimen venezolano se mostró indignado por la intervención de Estados Unidos. Cuba se plegó a los reclamos y pidió suspender la presentación de la embajadora estadounidense. Pero Villegas Beltrán se mantuvo en su rol diplomático y permitió que continuara la exposición estadounidense tras las interrupciones.
Este martes se examinaron las recomendaciones sobre la situación de derechos humanos de doce países: Togo, Siria, Islandia, Venezuela, Zimbabue, Lituania, Uganda, Timor Oriental, Moldova, Sudán del Sur, Haití y Sudán.
La lectura de la posición argentina estuvo a cargo de Cristian Machuca, responsable de Derechos Humanos en la Misión Argentina, y quien se encuentra en Ginebra desde que el ex vicecanciller Carlos Foradori estuvo a cargo de la embajada y ejercía la vicepresidencia del Consejo.
En representación del Estado argentino, Machuca destacó cuatro puntos en los que hizo reclamos al al régimen venezolano. Entre otros ítems pidió:
– Cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, incluyendo los procedimiento especiales relevantes, e implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada (Michelle Bachelet) en sus informes”.
– Concretar el llamado de la Alta Comisionada a que se conduzcan a investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones de DDHH, se lleve a los perpetradores a la justicia y se garantice reparación adecuada a las víctimas.
– Reforzar la cooperación existente con la oficina de la Alta Comisionada estableciendo una oficina permanente en el país, dotada de los recursos humanos y materiales que les permitan desarrollar sus tareas.
– Ratificar convención internacional contra desapariciones forzadas.
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