El diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman denunció que la interventora de la AFI Cristina Caamaño “viola la ley de inteligencia” cuando como presidenta de Justicia Legítima apoya la marcha K contra la Corte.
Milman, ex director de Inteligencia del ministerio de Seguridad, explicó a Clarín que el estatuto del personal de la AFI prohíbe “desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
También prohíbe “participar o profesar o vincularse en organizaciones, sectas, movimientos, logias o agrupaciones que sustenten o propugnen principios contrarios a los establecidos en la Constitución Nacional”. El estatuto fue redactado en base a la ley de Inteligencia 27.726.
Milman sostiene que hacer una “marcha para echar, como dijeron sus convocantes, a la Corte va contra la Constitución que creó un sistema para remoción de jueces a través del juicio político en el Congreso”.
El diputado, que es miembro de la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, dijo que estudia si hace una denuncia penal para el caso de que algún juez o fiscal no actúe de oficio.
Consultada por Clarín, Caamaño en un escrito no quiso contestar si está violando la ley con su apoyo a la convocatoria.
La ex fiscal dijo que “no voy a entrar en polémica con el diputado Milman” sobre si puede como jefa de los espías convocar a una marcha contra la Corte, según leyes, decretos y estatutos.
Pero “creo necesario aclarar que de ninguna manera la adhesión de Justicia Legítima a la convocatoria del 1° de febrero tiene que ver con echar a los integrantes de la Corte Suprema”.
“El reclamo de Justicia Legítima por la democratización del servicio público de administración de justicia no es una novedad de estos días”, sostuvo.
“Muy por el contrario, junto a empleados y empleadas, funcionarios y funcionarias, jueces y juezas, defensores y defensoras, fiscales y fiscalías, intelectuales y referentes de distintos sectores, venimos planteando la necesidad de modificar de raíz el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, para que abandone las prácticas que los alejan del pueblo”, agregó.
Caamaño destacó que ““La justicia” no puede seguir funcionando a espaldas de la población, con plazos eternos que en lugar de resolver los problemas por los que los ciudadanos y las ciudadanas llegan a los tribunales, los profundizan”.
Recordó que “nuestra asociación civil nació en 2013, a partir de una mirada crítica en medio de un debate y reformas que, en algunos casos, no llegaron a los resultados que se buscaban”.
“Para aclarar la posición de Justicia Legítima respecto a la composición del máximo tribunal, nosotros entendemos que debe ampliarse el número de integrantes, con paridad de género y una mirada democrática sobre cómo debe funcionar”, añadió Caamaño.
En concreto, “creemos que este momento es una oportunidad para organizar a la Corte Suprema en salas, para atender de manera profesional y eficiente los planteos que lleguen luego de las resoluciones de las instancias inferiores”.
En cambio, Milman insistió que hacer una “marcha para echar a la Corte, va contra la Constitución que creó un sistema para remoción de jueces a través del juicio político en el Congreso”.
Además, el legislador sostuvo que “cambiaron el estatuto para el Personal de la AFI (ex SIDE)” que era más estricto” con respecto a las prohibiciones para que los agentes no actúen en política.
Dijo que la versión vieja de aquel estatuo y un manual para candidatos a ingresar señalaba que los agentes de la AFI “no pueden estar afiliados a un partido político, ni participar de actividades de tal índole, ni profesar o vincularse en organizaciones, sectas, movimientos, logias o agrupaciones que sustenten o propugnen principios contrarios a los de la libertad y la democracia, de acuerdo al régimen establecido por la Constitución Nacional y el respeto a las institucionales fundamentales de la Nación Argentina”.
La ley de Inteligencia del 2016 estableció que se debe dictar un estatuto para el personal que se regula con un decreto presidencial y se reglamentó por una nueva resolución de la AFI que flexibilizó esas prohibiciones.
“La ley se linkea con un decreto y este con una resolución y un estatuto y el espíritu del legislador ha sido despolitizar antes a la SIDE y ahora a la AFI”, dijo a Clarín.
Puso como ejemplo, el caso hipotético en que “un agente participe de una marcha política. El titular de la AFI lo debe sancionar pero si desde la interventora se da este ejemplo… Imagínese los que sería espías participando de un acto del Frente de Todos y otros de uno de Juntos por el Cambio”.
Al preguntársele, si se puede ser titular de la AFI y, a la vez, presidenta de una agrupación de jueces y fiscales como “Justicia Legitima”, Milman contestó “no, no puede tener los dos cargos y, menos, convocar a una marcha política”.
Dio otro ejemplo para argumentar su posición. “Por los reglamentos, si un agente de inteligencia quiere ser docente tiene que solicitar autorización a su superior. Si Caamaño fuera profesora, tiene que pedir permiso a Alberto Fernández para dar clases. Hasta allí llegan las limitaciones”.
Para Milman, el problema de fondo “es que Caamaño es una operadora judicial de Cristina Kirchner y no una jefa de inteligencia”. “En el caso de las bases AMBA bajo la excusa de que todo era espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, cerró un montón de bases de la AFI en el país”.
Afirmó que “me dicen que la base de la Triple Frontera formalmente sigue abierta pero les ordenaron no pueden hacer inteligencia. Entonces, en la zona más conflictiva del país nuestros agentes toman maté mientras pasan los narcos, los terroristas del Hezbollah y los negocios de los kirchneristas”.
Además, Milman afirmó que “Caamaño es una okupa del cargo. Las leyes que regulan la intervención de organismos centralizados u autárquicos son claras: el poder ejecutivo no se puede intervenir asimismo”.
El presidente Alberto Fernández nombró a Caamaño interventora por decreto, pero nunca envió, hasta ahora, el pliego de Caamaño al Senado.
Como “la AFI es una dependencia del Poder Ejecutivo y reporta de manera directa al presidente de la Nación. Entonces, es una intervención ilegal”.
En cambio, dijo Milman “el Poder Ejecutivo Nacional sí puede designar a un director del Banco Central en comisión si el Senado no aprueba su pliego” porque el banco es autártico del gobierno.
La ley de creación de la AFI “dice que el presidente nombra al director y al subdirector con el acuerdo del Senado y que para removerlo hace falta solo un decreto”, agregó.
Pero, según Milman, el presidente no manda el pliego de Caamaño “por el escándalo de la filtración de los nombres de más de dos mil agentes y analistas de la SIDE” que protagonizó, en el 2020, junto a la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.
Otras noticias
