Un alto dirigente de la CGT calificó el jueves el acto del 1° de febrero como “la marcha de los procesados”, al justificar el rechazo de la central obrera a participar de la manifestación K para echar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. No todos los convocantes están procesados pero sí una buena parte de ellos: por lo menos diez.
Además, hay unos 80 recursos extraordinarios -13 de Cristina Kirchner- pendientes de resolución en la Corte que quieren echar.
Si bien todo imputado es inocente hasta que la Justicia diga lo contrario es importante repasar la situación procesal de aquellos que hacen un acto para presionar al máximo tribunal, en vez de pedir el juicio político en el Congreso como corresponde.
En enero del año pasado, en una manifestación por Milagro Sala tiraron bolsas con basura frente al Palacio de Tribunales. Foto Martín Bonetto.
– Luis D’Elía: el referente piquetero fue condenado a cuatro años de cárcel y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004. La Corte Suprema confirmó, el año pasado, la condena, quien tiene libertad condicional.
– Juez Juan Ramos Padilla: su hijo, el juez Alejo Ramos Padilla, está imputado en el caso del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
La mayoría K del Consejo de la Magistratura desestimó sancionarlo por insultar a la Corte, diputados y periodistas y años atrás un pedido de jury por el caso Juliana en el que se equivocó al entregar una niña adoptada a una familia que tenía su hijo desaparecido.
– Cristina Kirchner: la vicepresidenta no convocó pero el jueves desde Honduras afirmó que antes había golpes militares en América Latina y “ahora golpes judiciales” en alusión a fallos de la Corte. Si bien fue sobreseída en las causas Dólares Futuro, Pacto con Irán y Hotesur, aún le quedan siete procesamientos.
– Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández: el juez Claudio Bonadio lo procesó en la causa que investiga irregularidades en los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013-2015, por $ 600 millones.
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Mientras que la jueza María Servini lo procesó a Aníbal y a otros ex jefes de Gabinetes el delito de violación de los deberes de funcionario público y los embargó en $10 millones por no haber controlado los fondos del programa Fútbol para Todos. El año pasado, fue sobreseído en la causa del Plan Qunita.
Más nombres
– Dirigente camionero Hugo Moyano: La diputada Graciela Ocaña lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito hace tres años pero la causa sigue sin definición.
La jueza Brenda Madrid sobreseyó a su hijo Pablo en la causa del fraude a Independiente pero el fiscal Sebastián Scalera hace más de un año que apeló a la cámara provincial. Además, cinco dirigentes de Camioneros están procesados por coacción a empresarios y directivos de su obra social, también están procesados en la causa de la Mafia de los Medicamentos.
Pablo Moyano, el mecánico Mario Manrique, el canillita Omar Plani y otros sindicalistas organizan la participación del 1F contra la Corte.
– Viceministro de Justicia: Juan Martín Mena. El ex número dos de la AFI fue sobreseído en la causa por el supuesto encubrimiento de cinco iraníes acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA. Pero el sobreseimiento aún no está firme.
– Milagro Sala: el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó una condena a 13 años de cárcel para la líder de la agrupación Tupac Amaru –que desde hace dos años es beneficiaria de la prisión domiciliaria y vive en su chalet del barrio Cuyaya, en San Salvador de Jujuy- por el caso conocido como “pibes villeros”.
Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desvió fondos estatales por unos 60 millones de pesos entre 2011 y 2015. Además, tiene otra condena a tres años y dos meses de prisión por amenazar policías, entre otras causas.
– Cristina Caamaño: interventora de la AFI y presidenta de Justicia Legítima. La jueza María Servini le dictó la falta de mérito en la causa en que se investiga la filtración de un informe secreto con los nombres de más de dos mil espías y analistas.
– Hebe de Bonafini: la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo está procesada en la causa en que se investiga a Sergio Schoklender por el desvío de 46 millones de pesos en el Plan Sueños Compartidos.
– Julio De Vido: Si bien no la apoyó directamente sí lo hizo su esposa Alessandra Minnicelli. Está condenado en la causa de la Tragedia de Once por no haber controlado la entrega de subsidios, procesado en una causa por el supuesto desvío de fondos para la mina de Río Turbio e imputado en otras 9 causas.
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