El garrote chavista no se detiene. Diosdado Cabello, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), amenazó con tomar la página web de El Nacional poco después de confiscar su edificio sede en Caracas tras un largo juicio por presunta difamación.
“Ahora me provoca ir por la página (web) de El Nacional, porque me debes”, dijo el número dos del régimen de Nicolás Maduro en su programa televisivo “Con el mazo dando”, simbolizado por un garrote de la época de los cavernícolas.
En su nuevo informe, Amnistía Internacional puso el caso de Diosdado Cabello contra El Nacional como un ejemplo de la represión contra opositores que podrían configurar crímenes de lesa humanidad de persecución.
Hace dos días la juez Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general de la República, Elvis Amoroso, adjudicó al demandante Cabello la sede del diario El Nacional en un remate judicial secreto, sin previo aviso en los carteles públicos.
Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, calificó de “robo judicial, un zarpazo y confiscación” el fallo de la juez que entregó a Cabello la edificación del diario por 10 millones de dólares, igual al montante de la indemnización demandada, cuando su valor real es de 20 millones, dijo a ABC.
La antigua redacción del diario El Nacional de Caracas. Foto AFP
“Con el valor de El Nacional no me pagaste, creo que ahora voy a ir por la página”, subrayó Cabello. “Me estás provocando a que vaya un paso más adelante”, advirtió.
Los ataques
Sus ataques contra El Nacional comenzaron en el 2015 cuando el diario publicó una información que dieron ABC y The Wall Street Journal sobre la denuncia que hizo el ex jefe de seguridad Leamsy Salazar de Cabello y antes de Hugo Chávez a la justicia de EEUU de sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
En su programa “Con el mazo dando”, edición número 374, Cabello se quejó de que el diario estaba supuestamente criticando a la juez Lisbeth Amoroso por no haber cumplido con el procedimiento adecuado, de espaldas a El Nacional y de su defensa al haber entregado la sede y su terreno.
Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, calificó de “robo judicial, un zarpazo y confiscación” el fallo. Foto AFP
“¿Ser hermana de Elvis Amoroso, (el contralor general) le impide trabajar?”, se preguntó Cabello para intentar justificar la relación y su influencia chavista.
“La conclusión es que todavía me debes, pillo, que te gusta utilizar los medios de comunicación para desacreditar a las personas, pero no te gusta asumir tus responsabilidades”, expresó Cabello refiriéndose a Otero.
El número dos del régimen dijo que convertiría la sede de El Nacional en la Universidad de las Comunicaciones. “Hoy día, ya con el documento en mano, ahí se está instalando”.
Recordó que hace seis meses los militares tomaron la sede del diario. “Tú tienes todo el derecho a patalear y yo tengo todo el derecho a defenderme”, dijo al adelantar que también irá a por el portal digital La Patilla “que también está enredada”.
El Nacional dejó de sacar su edición impresa en diciembre de 2018 por la falta de papel periódico. El régimen chavista había decidido cortar con la importación de papel para cerrar a los medios independientes.
Actualmente, El Nacional publica en su formato digital y no tiene sede ni oficina. Los 50 periodistas de la plantilla trabajan a control remoto desde sus casas para llevar adelante su página web, que muy difícil la pueda tomar también Cabello, aunque de hecho su señal por internet se encuentra bloqueada por órdenes de ‘Conatel’ junto a otros medios independientes en Caracas.
Crimen de lesa humanidad
Poniendo como ejemplo la querella de Cabello contra El Nacional, el nuevo informe de Amnistía Internacional muestra como la represión calculada del gobierno de Maduro podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución.
“El mundo conoce, desde hace años, de la política de represión instaurada por el gobierno de Maduro. Esta coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el informe se destaca la alta correlación, de 94%, que se observó de enero 2019 a junio 2021, entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando”, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos llevadas a cabo por un cuerpo de seguridad militar y procesadas por la jurisdicción militar.
Marianna Romero, directora general del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), afirmó que “documentaron como las campañas de estigmatización han sido la base de la política represiva y de criminalización en Venezuela.
Desde los más altos niveles del Estado se ha estructurado un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos, a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales.
Con esta investigación se evidencia como la estigmatización, es aplicada bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado”.
Las organizaciones hacen un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que considere incluir en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los hechos puestos en evidencia en esta investigación, con miras a determinar actores claves, casos concretos y posibles partícipes de crímenes de lesa humanidad de privación arbitraria de la libertad y de persecución.
PB
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