La adulteración de la cocaína, y sus consecuencias, no solo dejan al descubierto un circuito de omisiones inexplicables y degradación social; sino que exhiben de manera evidente el agotamiento de lo que podríamos denominar política adulterada, de baja calidad o “política falopa”.
Un fenómeno complejo y arraigado con capacidad corruptora, como es la comercialización de drogas prohibidas, no es posible resolverlo con conferencias de prensa. Los gestos y actitudes de los ministros Berni y Fernández constituyen lo opuesto de lo que la situación exige.
La muerte de decenas de personas en una circunstancia oscura, es el último síntoma de un sistema, que antes de eso enfermó a miles, cooptó menores, corrompió funcionarios, financió campañas políticas, etc.
El narcotráfico, es obvio decirlo, no es un fenómeno excluyentemente argentino. Por tanto, una de las cosas que un funcionario público puede y debe hacer, es comparar estrategias, para poder perfeccionar un modelo de intervención eficaz.
América Latina (salvo excepciones), viene recorriendo un camino que no solo no ha dado resultados satisfactorios, sino que nos hunde en un proceso de licuación de Estado, garantizando un escenario favorable a la conformación de un poder alternativo mafioso, como resulta claro que sucede en algunos enclaves castigados por esta circunstancia (como Rosario y el conurbano bonaerense).
No se ve posibilidad alguna de éxito a cualquier estrategia que no ponga en agenda la posibilidad de ir construyendo un camino de despenalización y legalización regional, de modo de desfinanciar al narcotráfico y poder concentrar el esfuerzo estatal en la recuperación sanitaria de la población afectada por consumos problemáticos.
El narcotráfico produce o agudiza cinco enfermedades sociales graves: a) corrompe a las instituciones políticas y de seguridad incluso afectando las condiciones de competencia democrática al financiar a grupos políticos, b) incrementa los niveles de violencia social al seleccionar territorios y circuitos logísticos a controlar para sus actividades, c) atento su rentabilidad comparada, desalienta las actividades económicas licitas, d) estimula los circuitos económicos opacos para poder pasar el dinero del universo ilegal al legal, e) empuja a la adicción a las personas.
Las consecuencias sanitarias del narcotráfico, con toda su hondura humana, son solo una parte del problema, y la ilegalidad del mundo narco incluso es una complicación adicional a la hora de poder enfrentarlo de manera temprana.
Los Estados maniatados por el narco, no solo no pueden controlar ese fenómeno, sino que se transforman en inútiles respecto del resto de la agenda pública. Una vez que el dinero sucio afecta las instituciones, como una metástasis, todas las capacidades estatales se ven afectadas.
La experiencia de la Ley seca en los EE.UU. tan abundantemente tratada por Hollywood, debería ser aleccionadora. Sin embargo, por pudor o por conveniencia, nos negamos a hablar con las cartas arriba de la mesa. Nuestras policías no podrán con el narcotráfico, si la política no sostiene una visión estratégica clara.
Al sostener políticas probadamente fallidas, al mirar al otro lado, o ser condescendiente con las prácticas asociadas al narcotráfico, lo único que el Gobierno hace es garantizar las condiciones de un negocio corrosivo y degradante, en otras palabras: “política falopa”.
Fabio Quetglas es diputado nacional (UCR/Juntos x el Cambio)
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