Esta semana se hablará de inflación. El martes el Indec dará a conocer el primer dato del año, el índice de precios al consumidor de enero.
Roberto Feletti adelantó públicamente su resultado: será similar a diciembre (3,8%).
La reacción del Gobierno a partir del martes a las 4 de la tarde no sorprenderá.
Funcionarios anunciando acciones y reuniones con supermercadistas, alimenticias e inmobiliarias. Diciendo que los precios vienen subiendo (en general) por un fenómeno multicausal (la puja distributiva, la concentración del mercado, la recuperación del salario que en 2021 le ganó a la inflación y el exceso de pesos emitidos durante la pandemia) y presiones de tipo mundial (la inflación más alta en 40 años en EE.UU.).
Tal vez haya un aumento en la tasa de interés por parte del Banco Central. Según un cálculo de la consultora Quantum la tasa de política monetaria está atrasada con respecto a la inflación 7,6%.
Finalmente, Economía vaticinará una inflación más baja para febrero. Ninguna novedad. Siempre ocurre eso por motivos estacionales.
Mientras tanto, y en paralelo a todas estas declaraciones, se fijan los hierros del cofre que dará forma a la base de hormigón que sostendrá el programa entre la Argentina y el FMI. Básicamente un supuesto de inflación alta como herramienta para cumplir las metas fiscales de un eventual acuerdo. Un viejo truco.
Con el FMI en la sala de máquina del Ministerio de Economía y del Banco Central, las declaraciones de los funcionarios diciendo que la inflación no aumentará, no sólo no serán exactas sino Cristina Kirchner sabe que no lo son.
Es que el programa con el organismo es un enlatado de Washington. Debe cumplirse a rajatabla no aumentar el déficit fiscal en un determinado número nominal de pesos.
Cuando se empieza a aplicar el programa, el dólar, las tasas y las tarifas subirán. Entonces la inflación también lo hará casi automáticamente.
En ese momento el único ancla que tendrá el Gobierno para morigerar la suba de precios serán las paritarias. Y otras alternativas como no cumplir con las normas de movilidad para las prestaciones sociales o no aplicar ajustes suficientes en aquellos programas que no contemplen una suba automática para compensar las correcciones en todos los precios atrasados.
Todos estos detalles que demanda Cristina al equipo económico no los sabe ni Guzmán, por el momento. Un modelo con el FMI, pero particularmente el actual, lleva supuestos que van desde el aumento del precio internacional del GNL, la caída de la importación de gas Bolivia, el dólar en el mundo, la sequía, el resultado de su pelea con los Federico, el ajuste local, que no son sencillos de determinar ahora y que se sostengan en el tiempo. De todos estos ‘if’ saldrá la inflación y no de lo que resuelva la Secretaria de Comercio con el kilo de tomates.
“La inflación al FMI le interesará muy poco este año”, coincide Andrés Borenstein, economista y podcaster de ‘La economía en 3’’. En ese sentido, considera que “Ya está perdido en términos de inflación”.
El ajuste y la inflación son un clásico en los programas con el FMI. El economista y profesor de la UBA, Oscar Cetrángolo, escribió en una nota en el portal Alquimias Económicas, que la licuación del gasto en pensiones y otros programas sociales que tienen cláusulas de movilidad aprobadas por ley y que representan el 42% del gasto primario, que “las posibilidades de lograr mayores ahorros no dependerán de la inflación sino del incumplimiento de la norma que define la movilidad y, mucho más importante, de la aceleración inflacionaria. Con tasa de inflación constante o decreciente como espera el Gobierno, el gasto debiera incrementarse en términos reales”. Pero si la inflación pega un salto como consecuencia de correcciones, ahí Guzmán verá más chances de cumplir con las metas. Y esto aterra a los K.
