Por primera vez desde que asumió como presidente de la Nación, Alberto Fernández irá a Comodoro Py, lugar al que dedicó sus principales críticas al momento de referirse al funcionamiento de la justicia federal. En esta oportunidad deberá declarar como testigo en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública, donde la principal acusada es Cristina Kirchner.
Hace cinco años, en un programa conducido por Maximiliano Montenegro, ante la consulta sobre si existía un sistema de corrupción para sustraer fondos del Estado y que los mismos terminen en manos de Lázaro Báez, Alberto Fernández dijo que “eso me parece gravísimo y lo que más me asombra es que nadie dé una explicación”.
Este martes, en la vereda opuesta a ese criterio, y con otra relación con Cristina, el Presidente se sentará como testigo frente al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que hace más de dos años tiene a cargo el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, el ex socio comercial de la vicepresidenta.
Será un hecho inédito: por primera vez un Presidente declarará como testigo en un juicio donde la principal imputada es su compañera de fórmula. El otro dato es que lo hará por pedido de la propia vice, con algo adicional: cuando pidió que declaren sus ex jefes de Gabinete no existía el Frente de Todos, y lejos estaba Fernández de ser el principal candidato del espacio.
El escaso diálogo entre Cristina y Alberto tras su gira por China y Rusia es otro hecho político que atraviesa la declaración testimonial.
Ante el TOF 2, presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu e integrado además por Jorge Gorini y Andrés Basso, comenzará a declarar a partir de las 9.30 y pese a tener la posibilidad de hacerlo por escrito, el Presidente eligió realizar su descargo de manera presencial.
El jefe de Estado integra el listado de testigos como parte de su estrategia de defensa de Cristina Kirchner, quien sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública fueron “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que ella no firmó las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado. Su planteo busca desechar lo que se indicó durante la instrucción, cuando la fiscalía a través de una auditoría sostuvo que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.
Ante esa acusación, el principal descargo de la vice indica que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.
Es por ese motivo que pidió que declaren los ex jefes de Gabinete de sus gobiernos, como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública.
Con esta ronda de testigos irá concluyendo la instancia de declaraciones en el juicio que comenzó en mayo de 2019. Por delante quedarán ampliaciones de indagatorias, alegatos, réplicas y palabras finales hasta conocerse el veredicto del TOF 2.
Ya declaró el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien sostuvo que el Tribunal buscó “utilizar las audiencia con fines electorales”, consideró que el juicio “sólo busca criminalizar a la política y a la obra pública” y, abonando la teoría de la vicepresidenta, dijo que con la investigación “se busca desprestigiar a Cristina Kirchner“. También Aníbal Fernández, quien calificó la causa de contar con más “fines políticos que jurídicos”.
La imputación
La vicepresidenta fue enviada a juicio oral por el juez Julián Ercolini junto a otros doce imputados, bajo la premisa de que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”: fueron 51 contratos por más de 46 mil millones de pesos.
Cuando fue indagada en el juicio, días previos a asumir como vicepresidenta, en su explosiva declaración se dirigió al TOF 2 y dijo: “Van a tener un problema si llaman a los ex jefes de Gabinete, porque van a tener que llamar al Presidente de la República. Pero será interesante escucharlo”.
Avalando la teoría de su compañera de fórmula, que sostuvo en este juicio que era víctima de una persecución política, el presidente Alberto Fernández había criticado el juicio, al que calificó como un mamarracho jurídico. Además, cuestionó a los jueces que investigaron a la ex presidenta -incluso a Ercolini que llevó adelante la causa- y dijo que iban a “tener que dar explicaciones”, por las resoluciones que condujeron a Cristina Kirchner a su primer juicio por presunta corrupción.
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