La democracia, en tanto sistema político que asegura la expresión electoral de la población, se apoya sobre algunos pilares fundamentales. Uno de ellos es la figuración legislativa de los ciudadanos.
El artículo 45 de la Constitución Nacional establece que habrá un diputado nacional cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Asimismo, especifica: “Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.
Partiendo de lo dispuesto en la carta magna, sabiendo además que este año se hará el conteo poblacional que debió realizarse en 2020 y fue postergado por la pandemia de COVID-19, es posible analizar algunos puntos que hacen al vínculo entre gobernantes y gobernados.
La actual representación parlamentaria surgió del empadronamiento de 1980. En este punto, siguiendo lo dicho por Daniel Larriqueta en un artículo publicado en Página/12 en octubre de 2021, el Poder Legislativo nacional vigente ignora los registros censales de 1991, 2001 y 2010. En consecuencia, hoy están fuera de la representación política 17 millones de habitantes. Sintéticamente, faltan diputados.
En este contexto, al calor del recurrente debate sobre el supuesto elevado salario de los parlamentarios y la trascendencia de su labor específica, la situación planteada divide las aguas. Por un lado, entendiendo erróneamente la política como un fenomenal gasto estatal, hay quienes interpretan la posible ampliación del número de legisladores como una medida innecesaria. Más aún, la juzgan como un atajo lícito tendiente a beneficiar económicamente a los hombres y las mujeres que intentan legítimamente, a través de elecciones periódicas, libres y competitivas, llegar al Congreso con sus ideas y proyectos.
Como contrapartida, quizá sin advertir cabalmente el rechazo que hoy genera la dirigencia política en buena parte de la ciudadanía – fruto tal vez de su probada incapacidad para resolver problemas estructurales que persisten desde hace décadas – se cuentan los que razonan la postergada nueva composición de la cámara baja desde cierto idealismo democrático. En los hechos, una mirada romántica que, en ocasiones, confunde debates de alto vuelo con simple sucesión de discursos y capacidad con pragmatismo.
Dejando de lado los esquemas simplificados, se torna necesario mirar la realidad política y la calidad institucional desde la justa legalidad. En tal sentido, el censo nacional anunciado por el gobierno para el próximo 18 de mayo pone al Estado ante un desafío bipolar.
Primero, conocer estadísticamente y a fondo el presente socioeconómico del país, marcado de antemano por los inaceptables niveles de pobreza, indigencia, marginalidad y desigualdad. También por la informalidad laboral y los preocupantes guarismos en materia educativa. Segundo, tomar los datos que surjan del relevamiento para, sin sobreactuaciones ideológicas, actualizar su configuración legislativa.
En unos meses, retomando la iniciativa que en 1869 implementara por primera vez Domingo F. Sarmiento, Argentina contará a sus pobladores, cuantificando falencias y avances. En este marco, sería deseable que la Cámara de Diputados se ajustase a la Constitución Nacional, esa piedra angular sobre la que se cimenta toda República democrática que se precie de ser tal.
Damián Toschi es Licenciado en Comunicación Social (UNLP) y periodista.
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